Por: Santiago Serna y Diego Carranza

Han pasado 37 días desde que comenzó el paro nacional en Colombia y el panorama al día de hoy, jueves 3 de junio, es aciago. El paro ha dejado por lo menos 48 muertos, más de dos mil heridos, cientos de desaparecidos y numerosos abusos por parte de la fuerza pública, así como hechos de vandalismo que han afectado un importante número de establecimientos comerciales y bienes tanto públicos como privados.

Los manifestantes se adjudican como una victoria la caída de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, así como la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores de la reforma fiscal que motivó la revuelta social. Pero esto no fue suficiente para calmar los ánimos y siguen emergiendo diversas exigencias.

Y aunque ha habido acercamientos entre los líderes de las movilizaciones y el Gobierno de Iván Duque para concertar una salida negociada a la crisis, aún hay bastante incertidumbre.

El Comité Nacional del Paro (CNP) le pide al Ejecutivo que acepte un pliego de emergencia de siete puntos que, entre otros, exige la intervención a la salud, el fortalecimiento de la vacunación contra el coronavirus y la aprobación de una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza. Por su parte, el Gobierno insiste en que cesen los actos vandálicos por parte de algunos manifestantes y que se desbloqueen todas las vías del país.

Este martes 1 de junio, antes del último encuentro, el vocero del Gobierno, Emilio Archila, le dijo a la Agencia Anadolu que se esperaba la “inteligente y necesaria decisión de que no existan bloqueos”, mientras representantes del CNP decían al tiempo que desde hace tres días se había dado una instrucción en este sentido y que ya se había levantado un 90 por ciento de los bloqueos.

Pero aun así, tras más de diez horas, la reunión terminó sin un acuerdo y fue posterga para este jueves, entre los reproches hacia el Gobierno, por su negativa para seguir negociando los preacuerdos, y también hacia el Comité del Paro, por no representar a las mayorías que siguen protestando en el resto del país.

Por ahora, uno de los puntos que más divide a las partes son los bloqueos restantes, sobre los que claramente el CNP no tiene autoridad (la Casa de Nariño insiste en que hasta que no estén despejadas todas las carreteras del país no se firmará ningún preacuerdo), y la desmilitarización de las ciudades que fue decretada por el Gobierno y que para este es un punto innegociable.

En este tire y afloje han surgido dos grandes problemáticas en el marco de las protestas: por un lado la crisis económica derivada de los bloqueos y, por el otro lado, la sistemática violación de los derechos humanos que ha sido denunciada por organizaciones nacionales y del mundo.

Un fuerte impacto económico

En el plano económico, según cifras del Ejecutivo y los gremios, las pérdidas producidas por el paro superan los COP 15 billones (unos USD 4.000 millones). De hecho, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, informó que los costos diarios por cuenta de las manifestaciones son de COP 484.000 millones (USD 130,5 millones) en promedio.

En tanto, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2021 perdería tres puntos porcentuales, ya que las estimaciones pasarían del 16% al 13%, según le dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, al diario La República.

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Nueva jornada de manifestaciones en Colombia

Grupos sindicales, estudiantes y comunidades indígenas marcharon contra el Gobierno de Iván Duque en Bogotá. Desde el 28 de abril miles de colombianos se han manifestado en las calles de las principales ciudades, inicialmente para oponerse a una reforma tributaria, luego contra las políticas sociales, de salud y educación del presidente, incluyendo los abusos de la fuerza pública.

“Después de la buena noticia del primer trimestre, donde el país creció 1,1%, los bloqueos y manifestaciones de alguna manera neutralizan ese repunte”, añadió Olarte.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) manifestó que aunque la economía colombiana registró un fuerte crecimiento desde el segundo semestre de 2020, las protestas sociales y los nuevos confinamientos de abril y mayo de este año retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad de 2021.

“Se prevé que el PIB crezca un 7,6% en 2021 y un 3,5% en 2022, impulsado por el consumo privado y la inversión. La distribución de las vacunas está avanzando lentamente. La recuperación podría debilitarse como consecuencia de nuevas restricciones, pero también debido a la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales”, indicó dicha organización.

Un duro golpe a los derechos humanos

Más allá de los números rojos en materia económica, el otro foco negativo que se ha evidenciado es el de las cifras de violaciones a los DDHH.

Organizaciones como Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportan, según su último balance divulgado este 2 de junio, 3.789 casos de violencia por parte de la Policía, incluidos 45 homicidios (más otros 29 casos que están en proceso de verificación), 1.649 detenciones arbitrarias, 65 víctimas de agresiones en sus ojos, 25 víctimas de violencia sexual, 187 casos de disparos de arma de fuego y otros numerosos abusos cometidos por la fuerza pública.

También hay 111 desaparecidos (según información de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía), mientras que reportes extraoficiales y denuncias en redes sociales hablan de jóvenes incinerados, torturas y detenciones en centros clandestinos, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que aumentan en las noches, principalmente en zonas periféricas de Bogotá y Cali.

Por su parte, el reporte del Ministerio de Defensa menciona 20 fallecidos (18 civiles y dos policías) directamente relacionados con la protesta; 19 adicionales que “no guardan nexo” con la misma y nueve casos restantes que están “en proceso de verificación” para confirmar si “han sido en el marco de la protesta”.

El reporte también señala que unos 1.200 uniformados y poco más de 1.100 civiles han salido lesionados y que por lo menos 900 establecimientos comerciales y oficinas bancarias se han visto afectados por hechos de vandalismo, así como miles de vehículos y estaciones de transporte público, entre otros.

En ese sentido, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, le dijo a la Agencia Anadolu que “el balance de estos días en Colombia es muy trágico”.

“Hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia en contra de las personas que se manifiestan. También hemos visto con gran preocupación los hechos de violencia perpetrados por terceras personas, por ciudadanos, que muestran este hartazgo social y esta incapacidad de las autoridades de generar mecanismos de diálogo genuino", asegura.

Para Guevara, "desde el primer día, el 28 de abril, el Gobierno del presidente Iván Duque ha venido a echar gasolina a una situación de alta tensión. Las personas han salido a las calles como único mecanismo para exponer sus demandas no solo sobre la reforma tributaria, sino también contra la desigualdad, la discriminación y la violencia, de cómo les ha afectado el conflicto y la incapacidad del Estado de brindar protección”.

Guevara también rechazó la militarización ordenada por el mandatario en 13 ciudades, incluida Cali, que se convirtió en el epicentro del malestar social y donde los medios registraron a "civiles" -acompañados por la Policía- disparando contra los manifestantes.

Al respecto, la vocera de Amnistía Internacional subrayó que “sin duda alguna el Estado tiene la responsabilidad de investigar aquella violencia generada por terceros, aquellos delitos que cometen otras personas, inclusive manifestantes que pueden utilizar la violencia”.

“Lo que nosotros desde Amnistía Internacional hemos documentado en estos días es que las violaciones a los derechos humanos son en contra de personas que se están manifestando pacíficamente. Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad hacen uso de armas letales y armas menos letales de forma indiscriminada con el único fin de dispersar las protestas y de castigar a quienes están en las calles", concluyó.

Gobierno defiende su gestión

En diferentes intervenciones el Gobierno colombiano ha reiterado que respeta y apoya la protesta pacífica y ha señalado que la Fuerza Pública ha actuado en el marco del respeto a los derechos humanos.

Luego, el 2 de junio el presidente recalcó que “la violencia que se presenta en una sociedad tiene que ser condenada venga de donde venga” y rechazó que los casos de abuso de autoridad fueran una conducta sistemática.

“Particularmente yo creo que la Policía de Colombia se ha profesionalizado, es una institución que tiene más de 128 años de existencia y es una institución que al año está adelantando más de 30 millones de procedimientos policiales. Entonces, la pregunta es: ¿en 30 millones de procedimientos se han presentado casos de abusos de la autoridad? Claro que se han presentado, pero se investigan, se sancionan y no muestran una tendencia de carácter sistemático”, subrayó Duque.

Ver también: ONG pide al Gobierno de EEUU que responda de manera 'contundente' a la violencia en Colombia durante el paro

Las autoridades colombianas han abierto al menos 171 investigaciones disciplinarias contra uniformados por casos de homicidio (11), abuso de autoridad (83), agresiones físicas (32), acoso sexual (2), lesiones oculares (18) y otras conductas (25).

No obstante, el mandatario reconoció que sí hay una desconexión y una falta de comunicación con los jóvenes colombianos, que han sido uno de los grandes protagonistas de este paro, considerado por muchos como una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país.

“Tengo que hacer un mea culpa, hemos debido mantener esa comunicación, a mí me duele… Tengo que hacer un mea culpa, ser capaz de pedir disculpas, decir: hombre, debimos hacer mucho más en cuanto a fortalecer esa comunicación, pero en estos 14 meses que nos quedan de Gobierno hay una oportunidad de construir ese gran pacto por los jóvenes de Colombia, entre todos, sin partidos, sin ideologías, y que nosotros les dejemos recursos, un norte de inversión y una posibilidad de cerrar brechas históricas para que la juventud se sienta empoderada para ser la generación de la esperanza”, aseveró.

La crisis se extiende

Ante la negativa del Ejecutivo de firmar los preacuerdos e instalar mesas de negociación, el Comité del Paro programó dos nuevas movilizaciones. La primera se realizó este miércoles 2 de junio, pero hubo un significativo descenso en el número de personas que asistieron con respecto a marchas anteriores. Y la segunda está prevista para el próximo 9 de junio y ha sido denominada como ‘Toma de Bogotá’.

No obstante, en palabras de Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las principales agremiaciones del país, el Gobierno está utilizando una política para “desgastar las fuerzas del paro”.

Además de las críticas al interior del país por la presunta actitud de no negociación y por la militarización de la protesta social, la administración de Iván Duque se enfrenta a fuertes señalamientos por parte del grueso de la comunidad internacional.

Ver también: Gobierno de Colombia propone a la CIDH visita al país del 7 al 11 de junio

Gobiernos que van desde Estados Unidos hasta Venezuela, y organismos como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, Human Rights Watch, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado la fuerte respuesta estatal ante las protestas, los excesos de la fuerza pública y los casos de civiles armados acompañados de la Policía disparando a manifestantes.

Estas denuncias y la situación de derechos humanos en general serán investigados por la CIDH, que obtuvo luz verde del Gobierno colombiano, luego de dos semanas de dilación, para poder visitar el país.

La autorización, no obstante, vino con una agenda propuesta desde Bogotá, algo que ha sido fuertemente criticado desde diferentes sectores que aseguran que la Casa de Nariño condicionó la visita que el organismo realizará entre el 8 y el 10 de junio.