En Tumaco, al sur de Colombia, la restitución de tierras está llena de incertidumbres

Por: Santiago Serna Duque

El sentimiento que tercia los testimonios de las víctimas del conflicto armado en Tumaco, Colombia, es de incertidumbre: al retorno, a la repetición de la violencia, a que se perpetúe la orfandad estatal. 

“A mí me da desconfianza volver al campo porque uno está solo. Allá llegan ‘los fulanos’ (eufemismo para las bandas criminales), se le meten a uno a la casa y no se les puede decir 'váyanse'. Múltiples grupos armados han pasado por esta zona. Había paramilitares, después Rastrojos 1 y Rastrojos 2, posteriormente las Farc. Con la firma del proceso de paz aparecieron los llamados Contadores. Estos últimos hicieron una masacre tenaz alrededor de mi finca. Asesinaron a cuatro jóvenes, uno de ellos pariente mío”, dijo Leider. 

Blanca dijo por su parte: “Donde yo vivía me mataron al papá de mis hijas y por eso me tocó irme de mi tierra. A pesar de eso, espero que la labor de restitución funcione para mejorar la calidad de vida de mis muchachas”.

“Ojalá sea realidad lo del seguimiento y acompañamiento por parte del Estado para hacer efectiva la devolución de lo perdido. No queremos que nos dejen solos en cuestión de seguridad”, dijo Mercedes. 

Quienes hablan son tres de las 150 víctimas de desplazamiento forzado que viven en Tumaco, un municipio de 200 mil habitantes en el Pacífico nariñense en el cual las disidencias de las Farc, grupos paramilitares y bandas criminales (Bacrim), se disputan el área antes dominada por las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre de la extinta guerrilla.

Desde un hotel venido a menos, donde el aire acondicionado perdía la batalla con los grados, estas 150 víctimas participaron de un encuentro -en noviembre- organizado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Allí les explicaron las fases del proceso restitutivo para reclamar los predios perdidos en el marco de un conflicto que, durante los primeros días de enero, dejó una migración interna de 4.000 personas en Tumaco. 

En conversación con la Agencia Anadolu, la directora de la URT en Nariño, Catalina Delgado, señaló que en dicha socialización se les explicó a los tumaqueños que después de tener el aval de la Policía y las Fuerzas Armadas, se focalizaron dos tramos de la vía al mar entre los municipios de Barbacoas y Tumaco -con un rango de 4 kilómetros a lado y lado de la carretera- para establecer los planes de restitución de tierras. 

“Esto significa -puntualizó Delgado- que la Fuerza Pública nos puede apoyar en todos los trabajos en terreno elaborados por la Unidad de Restitución de Tierras y está en capacidad de garantizar la seguridad de los solicitantes en este rango de espacio. Para febrero de 2020, la URT inicia la intervención en el Pacífico nariñense de manera parcial en los tramos aprobados. Una zona que no había sido trabajada por nosotros debido a la ausencia de garantías totales en materia de seguridad”.

Tras la socialización de noviembre, la URT recibió cerca de 400 solicitudes de personas asentadas en el casco urbano de Tumaco y sus áreas adyacentes. Un número bastante significativo si se tiene en cuenta que en otros ocho municipios del departamento de Nariño (Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, Santa Bárbara, La Tola, Mosquera, Francisco Pizarro y Roberto Payán) fueron radicadas unas 100 solicitudes. 

El proceso de restitución está compuesto por una etapa administrativa en cabeza de la Unidad, la cual, según Delgado, debería estar finalizada durante el 2020. Concluido este paso, la petición llega a manos de los jueces. 

“En el trámite judicial que se lleva a cabo en Pasto (capital de Nariño), el juez decide a través de una sentencia si la persona tiene derecho a la restitución. Una vez la sentencia es aprobada, inician todas las fases de posfallo donde se hacen efectivos los beneficios. Es la parte más bonita de este trabajo porque es cuando la persona puede regresar a su predio y se le formula e implementa un proyecto productivo, de ser viable”, aseguró la directora de la URT en Nariño. 

La URT espera resolver el proceso restitutivo equivalente a unas 500 solicitudes en el Pacífico nariñense, en un plazo de siete meses. Sin embargo, subrayó Delgado, “la etapa judicial, al no depender de nosotros (la URT), sino de un despacho judicial, podría surtirse en otro tiempo considerable”.

Entre tanto, el presidente Iván Duque visitó Tumaco el jueves de la semana pasada para evaluar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. En compañía del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, y del director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU, Adam Boehler, el jefe de Estado garantizó que “estaremos haciendo presencia en los lugares donde la comunidad” alertó por la presencia de individuos con armamento “tratando de hacer intimidación”. 

Duque declaró que por parte de la institucionalidad hay un “compromiso” para impulsar el “anhelado desarrollo en el departamento”.

Para Diego, líder comunitario de Tumaco, las promesas hechas por la URT y el presidente de Colombia se reducen a un ejercicio retórico para disuadir, a través de dígitos, a una población que ve cómo los grupos al margen de la ley reclutan en los barrios vulnerables (Panamá, Viento Libre, Buenos Aires, Nuevo Milenio y Los Ángeles, entre otros) a los jóvenes que lucharán una guerra impropia. 

“Con un gobierno renuente a la implementación del Acuerdo de Paz y que le apuesta a la confrontación, ¿ustedes creen que lo planteado como una posibilidad -la restitución de tierras- dejará de ser discurso, dejará de ser demagogia, dejará de ser carreta?”, les reprochó Diego a los funcionarios de la URT, mientras su grueso cuello se contraía bajo la fuerza de sus argumentos. 

“Yo soy un convencido que cuando un gobierno no tiene la intención de favorecer a la sociedad, ningún programa que desarrolle atenderá, en lo estructural, las dificultades de los ciudadanos. En consecuencia, este gobierno, como los de (Álvaro) Uribe, se conduce bajo un mecanismo ‘cifrero’. Es decir, llenar en cifras una supuesta atención inexistente”. 

Esta supuesta “estrategia cifrera” de la URT -a lo largo de la administración Duque- se traduce en estadísticas como: la implementación de 67 proyectos productivos en tierras restituidas en Nariño, 15 casos de compensación a víctimas, la priorización de 73 familias para recibir subsidios de vivienda y la atención de 693 solicitudes de restitución.

Frente a esto, el líder social añadió que en Tumaco persiste una serie de vacíos que deben ser corregidos antes de ejecutar los planes de restitución. 

Entre ellos, dos puntos fundamentales: “existen funcionarios vinculados al trabajo de restitución de tierras (en el Pacífico nariñense) que es posible respondan a un criterio técnico profesional, pero desconocen totalmente la realidad del entorno. En ese sentido, ocurre una apuesta institucional de negación. Segundo, la Unidad de Restitución de Tierras no tiene presencia en la zona, no tienen una oficina en Tumaco. Esto lo hemos dicho en muchos escenarios, pero al parecer el Gobierno hace caso omiso de nuestras quejas”. 

Otro aspecto sensible es la posible revictimización de los desplazados que retomen sus terrenos. Ante esto, la directora de la URT en Nariño manifestó que “nosotros no podemos avanzar en ningún proceso de restitución si no existe el aval de la Fuerza Pública. Ellos son quienes constitucionalmente están en la obligación de garantizar la seguridad a la población colombiana”. 

“Aquellas zonas donde es imposible garantizar la seguridad por la presencia de grupos armados, minería ilegal y cualquier otro factor que pueda intervenir en el proceso de restitución, no fueron declaradas idóneas para trabajarlas. Pero en las áreas donde hay presencia militar, vamos a garantizar la seguridad”.

Afirmaciones que, según Diego, no obedecen a la realidad. “Una vez la Fuerza Pública se retire del sector donde prestan protección, el actor armado ilegal descargará de nuevo su violencia contra el dueño de la tierra. Así las cosas, seguramente ocurrirá un conflicto individual que se sumará al conflicto colectivo en Colombia”. 

*Los nombres de las víctimas que hablaron con la Agencia Anadolu para este artículo fueron cambiados.