La ruta que emprenden los migrantes centroamericanos con destino a los Estados Unidos los obliga a atravesar el territorio mexicano. En esos kilómetros de tránsito las autoridades y los carteles de la droga cometen múltiples crímenes contra ellos.
Este es el principal problema que enfrenta México como país de tránsito de migrantes. Por eso este será el tema central en el XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
En el evento, que se realizará del 14 al 16 de marzo en Ciudad de Panamá, participará Luis Raúl González Pérez, el comisionado nacional de Derechos Humanos de México.
El objetivo del Congreso es impulsar la legislación y las políticas públicas en favor de las personas migrantes, lo que tendrá como resultado el Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030.
Rubén Figueroa, coordinador del sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, un colectivo que lleva 13 años atendiendo esta problemática, considera que este pacto no debería quedar solo en compromisos, ya que los migrantes viven a diario maltratos, extorsiones, desapariciones, ejecuciones y tráfico de personas.
“México ha tenido en firme todos los pactos posibles, todos los tratados… pero cuando se trata en terreno, asumir responsabilidad en el país o atender las problemáticas, lo hace de manera represiva”, dijo Figueroa en entrevista con la Agencia Anadolu.
Figueroa, quien se dedica a atender migrantes en la ruta, recomendó que el ombudsman (término que se utiliza como equivalente a Defensor del Pueblo) se centre en el Plan Frontera Sur, pero para "cambiar el objetivo y atender integralmente a los migrantes".
El Plan Frontera Sur fue firmado por México, en julio del 2014, con la finalidad de atender y controlar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Su enfoque es “detención y repatriación”, de acuerdo con el Observatorio de Legislación y Política Migratoria.
En las cinco líneas de acción no se contemplan ni las garantías a los derechos humanos ni un programa integral de atención a los migrantes.
“Su único objetivo es la deportación masiva. México ha superado esas cifras, es parte de la embestida global y regional en contra de los migrantes”, puntualiza el activista, quien recorre el sureste mexicano buscando migrantes desaparecidos.
Pero en este problema –sugiere Figueroa– también coparticipa la administración del ombudsman mexicano: “Pasan hasta tres años para que pueda dar alguna recomendación por violación a los derechos humanos de los migrantes. Tanto lo que le hace falta a las fiscalías como a la CNDH es la especialización para tratar el tema”.
Figueroa asegura que en el flujo migratorio son responsables los gobiernos de Estados Unidos, como país de destino; México, como país de tránsito, y los gobiernos centroamericanos, que son los países de origen.
También considera que el hecho de que Estados Unidos no participe en el Congreso –ya que no es un Estado miembro de la FIO– representa un gran problema porque “esos gobiernos como el de Donald Trump más reacios a los migrantes agravan más la situación”.
En el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, que sí forman parte de la Federación, señala que deben “asumir una responsabilidad por la cual sus ciudadanos están emigrando, y desde ahí subsanar. Y si tienen que emigrar, desde ahí partir de una solución integral de los derechos humanos”.
Entre los países miembros que participarán también están España, Portugal, Andorra, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil.