Por: José Ricardo Báez G.*

El 29 de marzo de 2018, Guayana presentó una solicitud para iniciar un procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia para que se acepte su soberanía sobre la región del Esequibo. La pequeña excolonia británica sustenta su solicitud en la decisión de una corte de arbitraje internacional en 1899 que resolvió el asunto entre el antiguo Imperio Británico (del que hacía parte entonces Guyana) y Venezuela. Según Guyana, este laudo (como se denominan a las decisiones que toman los árbitros o jueces mediadores) fue “una solución completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones fronterizas entre los dos países.

El primer conflicto entre Venezuela y Reino Unido

Lo que hoy es Guyana comprende tres asentamientos holandeses establecidos a principios del siglo XVII en Suramérica: Berbice, Demerara y Esequibo. En 1814 Holanda cedió estos territorios al Reino Unido, que en 1831 consolidó la colonia llamada la Guyana Británica. Más tarde, en 1810, cuando se independizó Venezuela del imperio español, los límites no quedaron establecidos y, tras el descubrimiento de oro en el Río Cuyuní a finales del siglo XIX, estalló un conflicto entre Venezuela y el Reino Unido por la soberanía en el territorio entre la desembocadura del río Esequibo en el oriente y el río Orinoco en el occidente.

Estados Unidos sirvió como mediador y logró que ambas partes resolvieran el conflicto de manera pacífica por medio de una corte de arbitraje internacional que falló, tras un arduo y largo debate en París, el 3 de octubre de 1899. Entonces, el fallo se vio como un triunfo para Venezuela, pues le entregaba el territorio más importante en disputa: la desembocadura del río Orinoco y la tierra de ambos lados.

Por su parte, el Reino Unido recibió y aceptó el territorio oriental del río Esequibo, considerado entonces mucho menos valioso. Una comisión anglovenezolana identificó, demarcó y estableció permanente la frontera que se había acordado, permitiendo dibujar un mapa oficial que ambos países aceptaron bajo un acuerdo firmado en 1903.

El proceso de descolonización de Guayana

Sin embargo, Venezuela respetó esta frontera hasta 1962, cuando el Reino Unido estaba haciendo preparativos finales para la independencia de la Guayana Británica. En ese momento, aseguró que el laudo de 1899 fue “arbitrario” y, por lo tanto, era “nulo”.

El interés era más político que económico. El presidente venezolano de entonces, Rómulo Betancourt, tenía preocupación por el futuro mandatario de Guayana, Cheeddy Jagan, quien era cercano a las doctrinas comunistas y podía representar una amenaza para el país. Literalmente en documentos diplomáticos se reveló que creían que Jagan podía establecer “una Cuba en Sudamérica”. Por eso, para Venezuela era necesario crear un “cordón sanitario” para contener a la naciente nación de Guyana, y pidieron al Reino Unido que cediera un buen pedazo del territorio. Sin embargo, el Reino Unido respondió que la disputa fronteriza en esa región ya había sido resuelta.

Venezuela asegura que ese laudo es nulo, luego de darse a conocer un aparente memorando secreto de Severo Mallet-Provost, un miembro junior del equipo legal de Venezuela en el arbitraje de 1899, quien al parecer pidió que dicho documento solo se publicara hasta después de su muerte en 1945. Allí el abogado aseguró que jueces británicos y el presidente del tribunal, el ruso Fyodor de Martens, se confabularon para determinar las fronteras. No obstante, Venezuela no ha presentado ninguna prueba o evidencia que apoye esta aseveración del diplomático.

Durante el debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización en 1961-62, Venezuela amenazó con no reconocer a Guyana como Estado independiente, o sus fronteras, a menos que el Reino Unido anulara tanto el laudo como el acuerdo de la comisión que dibujó el mapa y le cediera el territorio al occidente del río Esequibo. En febrero de 1965 decidió publicar un mapa oficial en el que se identificaba ese territorio como "Guayana Esequiba", y lo identificó como “zona en reclamación".

El acuerdo de Ginebra de 1966

Ante el percance, el Reino Unido y Venezuela llevaron a cabo negociaciones para intentar resolver la controversia. El acuerdo, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966, creó una serie de mecanismos para solucionar la disputa a lo largo de los años como una forma de permitir la independencia de Guyana y establecer buenas relaciones diplomáticas entre los dos países. Por su parte, Guyana adhirió a este acuerdo luego de su independencia, el 26 de mayo de 1966, pero no sirvió de nada pues las partes nunca llegaron a un acuerdo.

En octubre de ese mismo año, las fuerzas militares venezolanas atravesaron la aparente frontera establecida por el laudo de 1899 y el acuerdo de 1905, y construyeron instalaciones militares y una pista de aterrizaje, pese a las objeciones y protestas del recién independizado Guyana. De ahí en adelante Venezuela presentó muchas objeciones diplomáticas en contra de cualquier intento por Guyana para explotar económicamente ese territorio.

El interés económico por la región

En los primeros años del siglo XXI se encontraron reservas de hidrocarburos en la plataforma continental del territorio en disputa, lo que aumentó la incertidumbre de la situación entre los dos países. Según Venezuela, Guyana irrespetó el acuerdo de Ginebra al buscar financiación para la explotación de esos recursos con empresas como Exxon Mobile. En 2013, Venezuela incautó un buque de investigación petrolero de Guyana y arrestó a sus tripulantes.

De acuerdo al memorial que presentó Venezuela a la Corte, su único interés en la región es el respeto y la protección del hábitat natural de las poblaciones indígenas, tal y como lo ordena la Constitución. También busca la protección del Delta Amacuro, que está ubicado en áreas adyacentes a las planeadas para explotar, pues podría afectar la desembocadura del Orinoco y el mar territorial venezolano en el Atlántico.

La decisión del Secretario General

El 30 de enero de 2018, 52 años después y tras varias intervenciones de la ONU por casi un cuarto de siglo para intentar resolver por buenos términos la disputa, el secretario general de este organismo, António Guterres, determinó que el proceso diplomático no había logrado una solución pacífica de la controversia. Con base en el Acuerdo de Ginebra, Guterres determinó que la mejor manera para resolverla era abriendo un caso ante la Corte Internacional de Justicia.

No obstante, Venezuela asegura que el acuerdo de Ginebra no estipula que la decisión del secretario general de la ONU sea vinculante, sino que es solo una recomendación; y que la vía judicial distorsionó y obstaculizó el propósito de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio del territorio en disputa, como lo determina el Acuerdo de Ginebra. Además, Venezuela cita el principio del derecho que asegura que ninguna Corte puede ejercer jurisdicción sin el consentimiento claro e inequívoco de las partes.

Venezuela considera que Guyana ha creado una campaña internacional de descrédito en su contra, presentando una lucha irregular entre un país poderoso militarmente (el Ejército venezolano es 40 veces más grande que el de Guyana) contra una pequeña nación que intenta defender dos tercios de su territorio y donde vive al menos una cuarta parte de su población. Un ministro de relaciones exteriores venezolano calificó esto como una maniobra “estridente y agresiva”.

Y la controversia sigue. Ambas partes se acusan de no querer encontrar una solución durante todo el proceso de negociación. Para Guyana, irremediablemente el siguiente paso a tomar era el procedimiento judicial en la Corte Internacional de Justicia o algún órgano internacional que pusiera fin a la discusión; pero para Venezuela era preciso primero agotar todas las medidas de negociación estipuladas en el Acuerdo de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, de acuerdo al memorando que presentaron, se debía seguir unas consultas en un plazo razonable para resolver la disputa territorial.

Venezuela decidió no participar en la primera audiencia, en la que generalmente se examinan argumentos sobre la jurisdicción de la Corte, es decir, el derecho que tiene la Corte a que el caso sea admisible. Inclusive, pese a que las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual por la pandemia del coronavirus, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió una carta al tribunal internacional diciendo que Venezuela no aceptaba su competencia y por tanto no participaría en el procedimiento de la demanda “unilateral” que presentó Guyana.

Lo que deberá resolver la Corte

Todas las solicitudes a la Corte Internacional de Justicia siempre tienen dos momentos de juicio. Este primer momento, que fallará el viernes 18 de diciembre de 2020, es tal vez el más importante, pues define si la Corte puede o no fallar frente a la disputa fronteriza entre los dos países. Entre otras cosas, el tribunal internacional deberá resolver cuestiones legales frente a los compromisos del Acuerdo de Ginebra y sentenciar si la decisión del secretario general de la ONU de llevar el caso a esta Corte le da jurisdicción, pese a la renuencia del Gobierno de Venezuela por participar en las audiencias.

En caso de que se considere la solicitud admisible, y así Venezuela no participe en la segunda fase del juicio (donde cada parte presenta los méritos, es decir, los argumentos finales para que se consideren soberanos de la región del Esequibo), la Corte deberá decidir cinco puntos que solicitó Guyana: primero, si el laudo de 1899 es válido y vinculante (de obligatorio cumplimiento); segundo, si Guyana goza de completa soberanía en el territorio al occidente del río Esequibo; tercero, si ordena a Venezuela retirar sus Fuerzas Militares de ese territorio; cuarto, si Venezuela puede interferir ante los proyectos de explotación económica en la región. Y, finalmente, si Venezuela debe ser considerado responsable de haber violado los derechos de soberanía de Guyana con los perjuicios que eso causó.

Si la Corte Internacional acepta la jurisdicción y la admisibilidad del caso y entrara a juzgar los méritos de cada parte, lo mejor para Venezuela sería presentar los argumentos y enfrentar la solicitud de Guyana, pero lo más seguro es que no lo haga y continúe gobernando ‘de facto’ la región. La Corte, por más poder y respeto internacional que tenga, no tiene la capacidad de obligar a un Estado a cumplir sus sentencias. Sin embargo, queda un precedente jurídico con el que Guyana y Venezuela pueden guiarse para saber a quién pertenece la disputada región del Esequibo.

*El autor de este artículo es periodista especializado en temas internacionales con maestría en Estudios Internacionales y maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Los Andes de Colombia.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.