Por: Patricia Cusicanqui Hanssen

Con la credibilidad del sistema judicial en entredicho y en medio de las secuelas económicas y sanitarias de la COVID-19, Bolivia atraviesa por una nueva crisis, que agita los ánimos y recuerda la zozobra vivida en 2019: polarización política; tensiones sociales en las calles y en las redes sociales, y la preocupación de países y organismos internacionales.

La aparente calma recuperada tras los comicios del 18 de octubre de 2020, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retomó el poder con Luis Arce Catacora como presidente, se quebró hace 15 días, con el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus ministros y un jefe militar.

En procesos que impulsa el Gobierno, los cuatro exfuncionarios fueron acusados por el Ministerio Público de sedición, terrorismo y conspiración, con la finalidad de hacerse irregularmente del poder tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. La Justicia boliviana dispuso su detención preventiva por seis meses, mientras son procesados por el denominado caso 'golpe de Estado'.

La reacción de los frentes opositores ante lo que consideran una arremetida judicial fue reivindicar que en 2019 se produjo un fraude electoral, seguido de protestas y movilizaciones que expresaban el descontento social. Ese año, tras los comicios del 20 de octubre, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció la “manipulación dolosa” del cómputo oficial en favor del entonces presidente y candidato del MAS, Evo Morales, quien pretendía permanecer al mando del país por cuarta ocasión consecutiva.

Los sucesos derivaron en una ola de violencia, vandalismo, cerca de 30 muertos, protestas y enfrentamientos registrados en diversas regiones del país. Tras la dimisión de Morales y de las máximas autoridades se produjo un vacío de poder, condición que propició la asunción de Áñez con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Para el experto en temas políticos Marcelo Arequipa, el escenario hoy se asemeja al de 2019, con alta polarización y fracturas sociales, pero no cree que el conflicto escale a los niveles de hace dos años.

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“Sin duda, de alguna manera, hemos vuelto a la coyuntura de 2019 porque hay dos relatos enfrentados: el del golpe y el del fraude. Pero no hemos vuelto a las condiciones históricas de ese momento porque los actores políticos no tienen la misma fuerza ni son los mismos, y hoy los protagonistas de la protesta están más absorbidos por el sistema político que en la calle”, explica a la Agencia Anadolu, en referencia al papel que juegan partidos y alianzas políticas que emergieron o se afianzaron en las recientes elecciones subnacionales del 7 de marzo.

De acuerdo con el analista, a diferencia de 2019, lo judicial y no lo político está hoy en el centro de la atención. “Lo judicial obviamente está siendo instrumentalizado, pero por ahora la tensión política no es tan fuerte, ciertamente hay una tensión social, pero no política”.

Su colega Paúl Coca llama la atención sobre cómo se ha acentuado la polarización en los últimos días. “La población está siendo obligada a tomar postura por un bando u otro”, afirma.

En su criterio, “si las autoridades y los actores políticos no se ponen de acuerdo en un pacto por la pacificación de Bolivia, donde el Gobierno ceda en algunas cosas en vista de que es el que detenta el poder nacional, se puede avizorar una crisis social”, como en 2019.

Evo Morales, líder del MAS

Coca sostiene que el verdadero origen de la crisis política y social de hace dos años y que aún repercute en la actualidad se remonta a febrero de 2016, cuando “se vulneraron los resultados del referéndum en el que el pueblo dijo no a la modificación constitucional y no a la repostulación de Evo Morales en 2019”. Apelando a “su derecho humano a ser elegido” y apoyado en un fallo del TCP, el exmandatario volvió a pugnar por la silla presidencial ese año.

Hoy, como jefe nacional del MAS, Morales ha tomado las riendas de ese instrumento político y aunque conserva respaldo popular, las decisiones que tomó para nombrar a los candidatos a gobernadores y alcaldes por su partido han generado algunas críticas, descontento y ciertas rupturas internas.

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Así se vivió la manifestación en apoyo del expresidente Evo Morales en Bolivia

Bolivianos participaron en una manifestación en apoyo del expresidente Evo Morales y en contra la presidenta interina Jeanine Áñez, en La Paz, Bolivia, el 18 de noviembre de 2019.

“La gravitación de Evo es muy importante. Hay una disputa interna en el MAS por la rearticulación de los liderazgos y de las fichas políticas con peso. Él trata de retomar posiciones, imponer una suerte de disciplina e intentar cohesionar al partido”, dice Arequipa.

Coca va más allá y considera que Morales y su entorno más cercano buscan tomar postura y decisiones más allá del espacio político-partidario, “y habrá que ver qué hará el grupo del presidente Luis Arce y (el vicepresidente David) Choquehuanca”.

El rol de la Justicia

Además de Áñez y los otros tres detenidos, pesan órdenes de aprehensión sobre su exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien se declaró en la clandestinidad, y sobre el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien en noviembre de 2019, rodeado del Alto Mando Militar, le “sugirió” a Morales renunciar para frenar el estallido social.

El oficialismo descarta que se trate de una persecución política. “Los que hoy dicen ser víctimas de persecución debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre de 2019 (…). La narrativa de fraude que impusieron con ayuda de la OEA fue solo una excusa para lograr su cometido y llegar al poder por la fuerza”, sostiene el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Desde la oposición, el discurso es contrario y se arguye que cada acción está promovida por una suerte de sed de venganza. “En Bolivia hay perseguidos políticos. Las detenciones indebidas contra militares, policías, exautoridades de Estado y ciudadanos ha puesto al país en una vergonzosa lista de naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde el sistema judicial está sometido al poder de turno, donde los jueces son ejecutores de la represión y protectores de la impunidad”, dice el diputado del opositor Creemos, Erwin Bazán.

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Esta semana, el Ministerio Público activó otros cuatro procesos contra Áñez; se trata de cuatro proposiciones presentadas por el Ministerio de Justicia para el desarrollo de juicios de responsabilidades, bajo los cargos de resoluciones contrarias a las Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, atentados contra la libertad de prensa y la libertad de trabajo, atentados contra la salud pública, racismo y discriminación.

En diversos comunicados, Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, Brasil, Estados Unidos y otros países, además de organismos como Human Rights Watch, instaron a que en Bolivia se cumpla el debido proceso para los detenidos, se lleven a cabo juicios imparciales y se respeten los derechos humanos de los procesados.

Sacaba y Senkata

Otro proceso desarrollado en paralelo, por ahora solo en contra de varios jefes militares, busca dar con los responsables intelectuales y materiales de las muertes de al menos 30 personas en los disturbios de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el 19 de noviembre de 2019, donde lugareños protagonizaron revueltas populares en apoyo a Morales.

El Gobierno de Áñez movilizó entonces a las FFAA para frenar las protestas, con atención especial en Senkata, donde se desarrollaba un bloqueo a la planta de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (gas y gasolina) para El Alto y La Paz, y en momentos en que un grupo de manifestantes perforó con explosivos dos muros bajo amenaza de dinamitar las instalaciones.

El año pasado, un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, había establecido que si bien estas personas perdieron la vida a causa de impactos de bala, ninguna correspondía al tipo de armamento usado por las FFAA. La semana pasada, el IDIF presentó un nuevo estudio en el que identificó que parte del armamento usado era militar.

Para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, en diciembre de 2019 se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), mediante un acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia.

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El equipo del GIEI permanece en el país relevando información. No obstante, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, adelantó al inicio de esta semana que “si el informe es arbitrario, no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano no debe ser seguido solo porque (los expertos) vienen del extranjero”.

Según Lima, de haber “contradicciones” entre dicho informe y las indagaciones del Ministerio Público boliviano, “primará la soberanía del país”.

La oposición

El rol que juega la oposición en estos momentos es determinante también. Tanto Coca como Arequipa sostienen que ésta no ha conseguido constituirse en un verdadero proyecto que haga frente a la estructura del MAS, que además de liderazgo, un sólido instrumento político y presencia territorial, trabaja mucho en lo doctrinal e ideológico.

“Hasta hoy, la oposición no se entiende a sí misma, en lo absoluto. Demostró que juega mejor en las subnacionales, su problema es a nivel nacional. La oposición al MAS únicamente articula un discurso 'antievista' y meramente coyuntural, no están construyendo un proyecto alternativo al MAS que enamore a la ciudadanía, que conquiste al ciudadano. Un proyecto de este tipo se crea en base a aspectos político-ideológicos, no empezando por los candidatos; la oposición es así, se basa en caudillos”, cuestiona Coca.

En criterio del experto, los frentes opositores disputan por el mismo segmento de votantes y “ninguno de ellos le quita ni un solo voto al MAS”.

Si bien advierte una suerte de recomposición en el terreno político, Arequipa considera que Comunidad Ciudadana (CC) –el frente que obtuvo la segunda mejor votación en los comicios de octubre de 2020 (28,8%) y se constituye hoy en la segunda fuerza del Legislativo– “ha dejado una gran vacancia al haberse centrado en su acción legalista y no haber generado una consigna política a sus seguidores”.

La sombra de la crisis se cierne sobre el país en momentos en que la pandemia de la COVID-19 se ha cobrado más de 12.000 vidas y ha contagiado a cerca de 266.000 personas, con los consiguientes efectos para la economía, producto de meses de cuarentena y la suspensión de todo tipo de actividades. Las vacunas empezaron a llegar y se aplican a los primeros grupos de beneficiarios, pero no será hasta dentro de seis meses que se logre cubrir a la totalidad de la población.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de la Agencia Anadolu.