¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en combatir la corrupción en Centroamérica?

Por: Carmen Rodríguez

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado jueves más sanciones contra funcionarios de los tres países de la región Triángulo Norte en Centroamérica, señalados por corrupción, por “socavar la democracia” y por intimidar a fiscales anticorrupción.

Este es el segundo pliego de sanciones en dos meses, después de que se publicara la “Lista Engel”, que contiene más de una veintena de nombres de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos dos expresidentes, de Guatemala, Honduras y El Salvador tachados por corrupción.

En los primeros seis meses de la Administración del presidente Joe Biden, Estados Unidos no ha parado de señalar que la corrupción es uno de los principales factores que causan la migración de miles de centroamericanos y ha pedido, sin éxito, acciones por parte de los tres gobiernos.

“Estados Unidos está lanzando una nueva serie de restricciones de visas como parte de nuestro esfuerzo por ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad. Estas mejoras tropiezan con los obstáculos de la corrupción y la impunidad”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado oficial.

Según el Departamento de Estado, “los desafíos de la gobernanza, incluida la corrupción generalizada, socavan el progreso en las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil. Las empresas privadas citan la corrupción como un impedimento para la inversión”.

Ver también: Congresistas de EEUU piden sanciones para funcionarios vinculados a casos de corrupción en Centroamérica

De acuerdo con la información del Departamento de Estado, a partir de esta semana Estados Unidos restringirá las visas de funcionarios, exfuncionarios, familiares directos y de todas aquellas personas que estén vinculadas a casos de corrupción, que sean cómplices o responsables de socavar la democracia y el estado de derecho en los tres países.

Así mismo, esta sanción alcanza a personas, funcionarios públicos que hayan obstruido procesos, investigaciones o instituciones democráticas, o que hayan atentado contra la integridad del sector judicial o en contra de jueces anticorrupción en la región.

“A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa. Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado.

Estrategia Biden, sin éxito en Centroamérica

La lucha contra la corrupción en los tres países del Triángulo Norte ha sido la piedra en el zapato de la Administración Biden. En los últimos meses la presión hacia los gobiernos ha escalado e incluso Estados Unidos suspendió el desembolso de miles de millones de dólares que serían destinados para apoyar a las Fiscalías y a otras instituciones del Ministerio Público de los tres países.

La presión aumentó en Honduras después de la condena de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a cadena perpetua por su participación en el tráfico de más de 500 toneladas de droga desde Centroamérica hasta el territorio estadounidense.

En El Salvador, desde la llegada de Biden a la Casa Blanca las relaciones entre ambos gobiernos han atravesado momentos de tensión. En mayo, después de que los diputados oficialistas destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, que estaba trabajando de cerca con Estados Unidos, esta tensión empeoró.

Estados Unidos le pidió al Gobierno salvadoreño que reinstale al fiscal y a los magistrados de la Corte Suprema, pero el presidente Nayib Bukele se negó a la petición.

En Guatemala, la semana pasada el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval dejó el país tras denunciar persecución política y amenazas por perseguir casos de corrupción. Luego de esto, la exfiscal general del país, Thelma Aldana, asilada en Estados Unidos, señaló en las últimas semanas a la fiscal Consuelo Porras por proteger a los funcionarios corruptos que trabajan para intimidar a fiscales que hacen su trabajo.

Tras la salida del país del exfiscal Sandoval y las denuncias, la fiscal guatemalteca nombró a un nuevo fiscal anticorrupción. Sin embargo, el pasado jueves el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa en Washington que el movimiento no genera confianza en la capacidad de continuar investigaciones en casos o indicios de corrupción.

Según la Administración Biden, todas las acciones continúan reforzando la impunidad, y debilitando la institucionalidad y la democracia en los tres países. Esto, a su vez, contribuye al crecimiento de las causas que generan la migración en la región.

La Lista Engel y el reporte de corruptos

La prensión de Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte aumentó después de que la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, recibiera un informe sobre investigaciones de corrupción y funcionarios corruptos de Centroamérica, como parte de las acciones que incluye un apartado de Ley de Mejoramiento de las Relaciones entre Estados Unidos y el Triángulo Norte.

Torres señaló entonces que los gobiernos de los tres países estaban dirigidos por políticos vinculados al narcotráfico y desde el año pasado lidera una campaña para que Estados Unidos recorte fondos de la ayuda financiera que reciben estos países.

En julio la tensión volvió a apretar cuando el Departamento de Estado publicó la Lista Engel, que contiene nombres de 18 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, incluidos la secretaria de la presidencia, Carolina Recinos, el secretario privado de la Casa Presidencial, Conan Castro, así como de ministros y diputados, todos señalados por corrupción.

La lista también menciona al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, a 20 políticos, entre diputados y exfuncionarios, vinculados directa o indirectamente en casos de corrupción y obstrucción a investigaciones de corrupción. Así mismo, incluye a otros 21 diputados y exdiputados de Honduras, señalados también por corrupción, al expresidente Porfirio Lobo y a su esposa, la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla.

Las primeras sanciones contemplaban la cancelación de las visas de estas personas y sus familiares, y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense. En el caso de los diputados guatemaltecos Gustavo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos aplicará la Ley Global Magnitsky, que tiene que ver con delitos de corrupción a nivel internacional.