Por: Maria Paula Triviño

En junio, Europa vivió un profundo debate después de que el Gobierno húngaro aprobara una ley para prohibir el contenido que muestre o promueva la homosexualidad o la reasignación sexual entre menores de 18 años.

A pesar de que los líderes de todo el bloque lanzaron críticas al Gobierno de Viktor Orbán en medio de la cumbre de la UE en Bruselas el pasado 22 de junio, es poco lo que han podido hacer desde mediados de 2020 cuando se habló de condicionar el reparto de fondos comunitarios al respeto de las reglas democráticas.

Hoy se habla de una llamada ‘ola de iliberalismo’ que se estaría apoderando de varios Estados de Europea Central.

Pero ¿qué es una democracia iliberal? De acuerdo con Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, “sólo un tercio de los Estados mundiales responde a las características genuinas de la democracia pluralista, otro tercio es abiertamente dictatorial y el tercio restante está formado por regímenes híbridos de más difícil clasificación”.

De acuerdo con su texto “¿Democracias iliberales?”, el catedrático asegura que democracias con funcionamiento autoritario, democracias en manos de élites o democracias sólo electorales son modalidades “con inquietantes pasos atrás en conquistas que parecían irreversibles: legislaciones antiterroristas que restringen derechos y libertades, crecientes trabas al asilo y acogida de refugiados, recortes sociales y laborales, endurecimiento punitivo en ámbitos de expresión, asociación y reunión”.

En Hungría, el Gobierno de Orbán ha apuntado a una agenda antimigrante que ha visto deportaciones ilegales, medidas punitivas para quienes den refugio a migrantes y un freno a los esfuerzos de la Unión Europea por acoger a refugiados de países de África, Oriente Medio e, incluso, de sus vecinos en los Balcanes.

La política migratoria de contención de Hungría arrastró a varios Gobiernos a criticar las cuotas de reparto obligatorio de refugiados que se establecieron para aliviar la carga de migrantes en países como Turquía, e hizo que Orbán también se enfrentara a varios líderes de la UE como la alemana Angela Merkel.

Después de los migrantes, la comunidad LGBT parece ser el nuevo blanco de las políticas ultraconservadoras del partido FIDESZ (Unión Cívica Húngara) que lidera el primer ministro.

En medio de la Eurocopa, Alemania iluminó varios símbolos de la ciudad de Múnich con la bandera del orgullo LGBT para apoyar a los ciudadanos húngaros que vieron amenazada la libertad sexual debido a las medidas tomadas por Orbán.

Ni siquiera la prohibición de la UEFA de iluminar el estadio Allianz Arena con la bandera arcoíris durante un encuentro entre los equipos de Alemania y Hungría pudo impedir que más de 11.000 banderas de la comunidad LGBT fueran repartidas en la ciudad.

Una semana antes, miles de húngaros protestaron en las calles de Budapest para denunciar la "propaganda permanente contra la comunidad LGBT”, mientras el Gobierno defendió la ley diciendo que esta era “para defender a los menores de edad contra la pedofilia”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, aseguró que la ley “no se corresponde con ninguno de los valores defendidos por la Unión Europea. Las personas tienen el derecho a vivir sus vidas de la forma en que quieran. No estamos en la Edad Media”.

Ver también: Tensión en la cumbre europea por ley húngara sobre homosexualidad. 

Asimismo, David Vig, director de Amnistía Internacional en Hungría, equiparó la nueva legislación húngara con la ley rusa que prohíbe todo acto de "propaganda" homosexual destinada a los más jóvenes.

En Polonia, es el partido Ley y Justicia (PiS) el que se ha encargado de alentar el discurso contra los homosexuales y unas 100 ciudades y regiones han aprobado resoluciones en las que se declaran libres de la “ideología LGBT”.

Aunque Polonia fue el primer país en despenalizar la homosexualidad en 1932, hoy la realidad es muy diferente. Los líderes han acudido a recordar sucesos históricos de una región que sufrió especialmente del devenir histórico para usar la agenda pública a favor de políticas ultraconservadoras como la prohibición de la adopción por parte de padres solteros homosexuales o del aborto, incluso en casos en que el feto tiene una enfermedad irreversible.

Por otra parte, organizaciones como Human Rights Watch han asegurado que Polonia “ha seguido fortaleciendo su control sobre el poder judicial”. Muchos jueces y fiscales han sido sometidos a procedimientos disciplinarios arbitrarios por hablar en contra de reformas judiciales, mientras que el Gobierno ha utilizado el Tribunal Constitucional para eludir las objeciones que se hacen en su contra por socavar las instituciones independientes.

Fue precisamente este tribunal el que suspendió el mandato del Defensor del Pueblo, Adam Bodnar, abiertamente defensor de la comunidad homosexual en abril de 2021 y ha demorado el nombramiento de su sucesor.

Libertad de expresión e información

El control de los contenidos homosexuales que impondrá el Gobierno de Orbán va en línea con una política de censura de medios que se extiende por Europa Central.

Continuando con Hungría, en julio de 2020, el editor en jefe del diario independiente en línea más grande del país, Index.hu, fue despedido después de que un inversionista con estrechos vínculos con el partido gobernante adquiriera el medio. En septiembre de ese año entre tanto, el Consejo de Medios, un regulador de transmisiones vinculado al Ejecutivo revocó la frecuencia de la estación de radio independiente de Budapest, Klubradio, obligándola a salir del aire.

En Eslovenia, el primer ministro Janez Janša acumula un poder sin precedentes y ha construido su propio sistema mediático por lo que muchos lo llaman el ‘Trump europeo’. Su Twitter es un campo de batalla donde insulta a periodistas, denigra de medios de comunicación y envía mensajes misóginos.

Jansa ha intentado suspender la agencia de noticias eslovena STA, mientras asegura que “los fondos de financiación están bloqueados porque la agencia no ha presentado los documentos requeridos”.

La situación de la libertad de información en Eslovenia preocupa tanto a la comunidad internacional que en el primer Informe Anual sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado por la Comisión Europea en agosto de 2020, uno de los capítulos abordó la falta de pluralismo, la censura y el hostigamiento de los periodistas y medios independientes eslovenos.

Como si fuera poco, Jansa, un negacionista del cambio climático y un abierto xenófobo, asumió este jueves la presidencia rotatoria de la Unión Europea hasta diciembre.

“Hungría está dando el derecho a los padres de educar a sus hijos”, aseguró Jansa sobre la nueva ley anti-LGBT, durante una conferencia de prensa en Brdo, Eslovenia, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calentando aún más el ambiente político transnacional.

Ver también: Eslovenia releva a Portugal en la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. 

Las salidas políticas de la UE

Uno de los instrumentos políticos con los que cuenta la Comisión Europea para detener el avance de las llamadas democracias iliberales es el Artículo 7 del Tratado de Lisboa, que ofrece la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE lo que puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Este articulo ya fue invocado por primera vez en diciembre de 2017 en respuesta a la poca separación de poderes en Polonia, pero desde septiembre de 2018 no ha habido una audiencia formal sobre el caso.

En 2018, el Parlamento Europeo apuntó al Artículo 7 para responsabilizar al partido FIDESZ de atacar a instituciones democráticas, pero una vez más el Consejo Europeo dejó atrás el tema atrás y desde diciembre de 2019 no hay audiencias.

Además, este organismo necesita una mayoría de cuatro quintos de sus miembros para "constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro", y está claro que el consenso es precisamente lo que no existe en el bloque.