Persiste la "sombra" de las agresiones contra los defensores de derechos humanos en Colombia

Por: Gustavo A. Delvasto D.

Colombia es un país inseguro, no solo en cuanto a la percepción de los ciudadanos se refiere, que según la encuesta del DANE sobre Convivencia y Seguridad en el 2021, se situó en un 44%, creciendo un 5% en relación con el 2020. Casi la mitad de los habitantes de los núcleos poblados del país no se sienten seguros en el lugar en el que habitan y trabajan.

Más que nada la realidad del país evidencia esa inseguridad, a raíz de las cifras del año pasado y el primer trimestre del 2022, especialmente entre los líderes de las comunidades más apartadas o fuera del foco de los principales centros urbanos; al menos así lo asegura el más reciente informe del Programa Somos Defensores, un espacio donde se vela por la protección y prevención de las agresiones contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Somos Defensores tituló su investigación como “Teatro de Sombras”, debido según la organización, a la “puesta en escena” que el Gobierno del presidente Iván Duque sostuvo durante estos casi cuatro años de mandato, que “a través de efectos proyecta una imagen muy diferente a lo que sucede en la realidad”, especialmente en lo referente a las agresiones contra líderes en DDHH.

La dramática investigación coincide con el último año del presidente y una época electoral caldeada. Para la organización, el documento podrá servir a una nueva Administración, que “tome nota sobre la importancia de incluir en sus programas de gobierno el tema de garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos”.

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El informe contextualiza que el progresivo retorno a la normalidad- desde finales de 2020- después de las restricciones de la pandemia del coronavirus, “en los procesos educativos, sociales y laborales”, puso a las personas defensoras en sus entornos habituales de trabajo y de riesgo.

El 2021, según la investigación de Somos Defensores, ha sido el año más violento en los últimos 12 años. Ese año, el Programa registró 996 agresiones individuales, “casi tres por día”, un incremento del 3% con respecto al 2020.

En el informe se llama la atención sobre el aumento de determinadas agresiones como las detenciones arbitrarias, en un 73%, y los robos de información “con un incremento del 225 %”. De igual forma aseguran que siguen creciendo las amenazas y los atentados.

Más del 75% de las agresiones se concentraron en nueve departamentos del país y en Bogotá, según el informe. Desde los últimos cinco años el departamento del Cauca se mantiene como la región donde más agresiones se cometen contra los liderazgos sociales. 

Según el Programa, 84 de las agresiones se produjeron en “territorios considerados Zonas de Intervención Integral (ZEII), en las que la seguridad ha sido reforzada” por las Fuerzas Armadas colombianas. 

El drama para estos grupos no terminó a finales del año anterior, según Somos Defensores en su boletín de abril de 2022, durante el primer trimestre se registró un total de 254 agresiones contra 249  personas defensoras de derechos humanos, “lo que significa que en Colombia ocurrieron 2,8 agresiones diarias entre enero y marzo. Con esta cifra se tiene un incremento del 41 % en comparación con el mismo período de 2021, cuando se registraron 180 hechos”.

Para Somos Defensores los activistas de derechos humanos son el grupo de personas “más agredido, con un notable incremento del 62 % en relación con el periodo anterior”, entendible por el papel que muchos de ellos desempeñaron en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional, agrega el documento.

Asesinatos en 2021

Siguiendo con el año anterior, el informe revela que la violencia silenció la vida de 139 defensores y defensoras de los derechos humanos. Para las organizaciones y las autoridades la tasa de homicidios en 2021 es la más alta en los últimos 7 años.

Según el informe anual de la Policía colombiana, 13.709 personas perdieron la vida de manera violenta, una tasa de homicidios del 26,8 % por cada 100 mil habitantes, muy similar a la registrada en el 2014.

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Para el Sistema de Información del Programa es preocupante que las muertes por mes oscilen entre 9 y 19 y el incremento en los asesinatos se centre más en las lideresas sociales, además, los integrantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes indígenas siguen ocupando el lamentable primer lugar en número de muertes.


Asesinatos en lo que va de 2022


La violencia contra los defensores de derechos humanos proyecta el 2022 como un año aún más peligroso, el Programa Somos Defensores documentó 53 casos de asesinatos, “cifra alarmante pues supera los 28 casos confirmados durante el mismo período del 2021, con un incremento del 89 % (25 casos más)”.

La cifra del Programa es similar a la presentada recientemente por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien reportó que durante el primer trimestre se presentaron 52 casos de homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

El Defensor del Pueblo especificó que en el mes de enero se registraron 13 casos; en febrero la cifra fue de 18 casos y en marzo alcanzó 21 muertes. “Los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son: Cauca (8 casos), Putumayo (7) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con 4 casos cada uno”.

Ya en informes previos como el de “Colombia: muertes anunciadas”, presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Programa Somos Defensores, se señalaba “cómo en 130 alertas tempranas de las 196 emitidas entre el 2018 y el 2020 se produjo al menos un asesinato con posterioridad a la emisión de la alerta”.

Esto quiere decir el riesgo se cumple en un 66.3% .

Para Somos Defensores fracasó la estrategia del Gobierno para hacer frente a la “persistente y sistemática violencia que se ejerce contra las personas defensoras y los liderazgos sociales, enmarcada en la denominada paz con legalidad”, que según la organización fue “utilizada como estratagema para desconocer importantes herramientas del Acuerdo de Paz”.

El Gobierno, a través del informe de derechos humanos del Ministerio de Defensa de 2021, muestra como resultados la prioridad de elevar el costo para capturar a los cabecillas de organizaciones criminales que “amenacen o ataquen” a las personas defensoras de DDHH, parte de la Política de Seguridad y Defensa, que también incluye “campañas de visibilización en medios de comunicación del llamado cartel de los más buscados”; ofrecimiento de recompensas; “acciones del Cuerpo Élite de la Policía en articulación con la Fiscalía General de la Nación”.

El Ministerio de Defensa muestra como resultados del año pasado 136 capturas de integrantes de ocho estructuras criminales y delincuenciales: Clan del Golfo, Pelusos, Caparros, GAO-r Jorge Briceño, GAO-r E-40, GAO-r E-6, Los Monos y Los Ronda. Aseguran haber neutralizado 37 cabecillas de estas estructuras, siete nacionales y 30 regionales, además de haber “fortalecido la investigación criminal del Cuerpo Élite con 220 investigadores y 14 comisiones permanentes en el país, en las regiones de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Córdoba, Chocó, Huila, Meta, entre otras.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa al Programa, su estrategia se ha basado en el fortalecimiento del pie de fuerza en áreas priorizadas como “el Catatumbo, a través de la activación del Fudra 3; en el Cauca con el Fudra 4 y el Comando Específico del Cauca, CECAU; en Nariño con la Fuerza de Tarea Hércules; en el Sur de Bolívar con la Fuerza de Tarea Marte; en el Chocó con la Fuerza de Tarea Titán”.

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Los rostros de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia

A pesar de las acciones concretas del Gobierno Duque, como la captura del cabecilla, alias Otoniel, extraditado este miércoles a EEUU, según Somos Defensores, en la realidad, “no han significado su desmantelamiento como aparato criminal, pero sí implicado espectaculares operativos que no han tomado en cuenta medidas de protección para las comunidades y liderazgos presentes, que han derivado, en algunos casos, en un incremento de los riesgos”.

De igual forma el Programa critica que entidades como la Comisión Intersectorial para la respuesta Rápida de Alertas Tempranas (CIPRAT) liderada por el Ministerio del Interior, haga poco para evitar la consumación de las ya mencionadas agresiones el año pasado.

“Repite viejas recetas y los aparatos de poder que se mueven detrás de estas estructuras armadas, al margen de la ley, permanecen incólumes en defensa de sus intereses y proyectos económicos”, advierte Teatro de Sombras.

De igual forma el informe critica el “tardío” e inoperante CONPES 4063, que se presentó a finales del año anterior, meses antes de un cambio de Gobierno y se le considere la “Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social”, cuando Somos Defensores considera que no está hecho para detener la violencia contra los defensores de DDHH.

El Programa lo define como “una versión ampliada del Plan de Acción Oportuna (PAO) y lo mantiene como la columna vertebral de la política de protección” que no se centra en garantías, sino en la “protección física y material” sin incluir el “enfoque de derechos humanos”. De igual forma critica que el CONPES no tiene en cuenta “espacios de participación como el proceso de la Mesa Nacional de Garantías, del que hacen  parte las principales plataformas de derechos humanos del país”.

El Informe de Somos Defensores haciendo alegoría al arte de la dramaturgia dividió sus apartados en cuatro actos: “La forma de las sombras”; “El absurdo”; “¿Qué hay detrás del telón?”, sobre el “pobre” comportamiento de los entes de control e investigación como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, y “la Oscuridad”, que presenta los datos sobre el comportamiento de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos que Somos Defensores pudo verificar en terreno.

Dentro de las conclusiones del informe se reitera que persiste la “falta de voluntad política por implementar de manera integral el Acuerdo de Paz”; la insistencia en continuar con el PAO “como estrategia para hacer frente a las violencias que afectan a las comunidades y sus liderazgos, pese a las múltiples críticas y escasos resultados”.

De igual forma el documento asegura que persisten la connivencia de grupos armados ilegales con miembros de la fuerza pública y otros actores; determinó la falta de una política de desmantelamiento de las estructuras de crimen organizado, además de la negativa a retomar la mesa de negociaciones con el ELN.

El documento y trabajo de investigación del Programa Somos Defensores ha sido posible por el apoyo político y económico de la Embajada de Noruega y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia, Amnistía Internacional y Pan Para el Mundo.