¿En qué consiste el impuesto a las grandes fortunas que fue aprobado en Bolivia?

Por: Patricia Cusicanqui Hanssen

El Gobierno de Bolivia ha identificado a cerca de 150 personas naturales con fortunas de más de 30 millones de bolivianos (4,3 millones de dólares) que a partir de este año deberán tributar el denominado Impuesto a las Grandes Fortunas.

La norma de 14 artículos que regula los alcances del gravamen fue aprobada este martes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría. La previsión es una recaudación de 1.600 millones de bolivianos al año (unos 229 millones de dólares) para el Tesoro General de la Nación (TGN).

De acuerdo con la ley enviada al Ejecutivo para su promulgación, se considera como fortuna de una persona natural "los bienes inmuebles, los bienes muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material o inmaterial con valor económico, de los cuales sea titular o esté en posesión de ellos".

La alícuota (o proporción solicitada) será del 1,4% para quienes posean entre 30 y 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% para los que tienen entre 40 y 50 millones de bolivianos (de 5,7 a 7,1 millones de dólares), y 2,4% para aquellos con fortunas por encima de los 50 millones de bolivianos. Quiere decir que a mayor fortuna, más alto el porcentaje a ser tributado.

Quedan al margen del nuevo impuesto las empresas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, sociedades cooperativas, sociedades anónimas mixtas y toda otra persona jurídica.

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La oposición y analistas en temas económicos coinciden en que, si bien la medida permitirá recaudar algunos recursos para el TGN, el problema de fondo, es decir, la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y por la abrupta caída de los ingresos de la venta de hidrocarburos en los últimos años, persistirá si no se toman medidas estructurales, con el agravante de que la nueva ley podría ahuyentar las inversiones y causar la fuga de capitales.

En un país donde cerca del 80% de la economía se mueve en la informalidad, la pregunta que el común denominador de la población se hace es quiénes son los bolivianos con esas fortunas, en qué rubros de la economía se mueven, en qué regiones están. “Estamos hablando de cerca del 0,01% de la población boliviana con una riqueza que sobrepasa los 30 millones de bolivianos”, explica el diputado y presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani (MAS).

En su exposición ante la Asamblea Legislativa sobre los alcances de la norma, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el Gobierno ya tiene identificados a los 150 ciudadanos que deberán tributar sobre el valor de sus bienes.

Los expertos en temas económicos Gonzalo Chávez y Jorge Akamine coinciden en que empresarios de grandes industrias y de la banca privada, además de profesionales independientes de prestigio, habrán de ser quienes figuren en la lista, pero alertan también de la existencia casi clandestina de un numeroso grupo de personas dedicadas a actividades económicas que generan millones de dólares desde la informalidad cada año, sin tributar ni declarar ingresos.

“Lo que no sabemos y es muy difícil de conocer es cuánta gente en el sector informal posee este patrimonio y está oculto; estamos hablando de la economía informal, tal vez el comercio, la construcción y quizá la producción de hoja de coca. Y más complicado aún será saber si ese patrimonio (el que será gravado) está o no fuera del país”, precisa Chávez, académico con doctorado y maestría en Administración Pública, sobre la decisión de que el tributo contemple también las propiedades adquiridas en el exterior e inversiones realizadas en el extranjero.

El ministro Montenegro aseguró que el país es suscriptor de convenios de reciprocidad que le permitirán al Estado boliviano contar con esta información. “Lo que no dijo es cómo el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) va a poder gestionar administrativamente el cobro en el extranjero del impuesto, porque la ley dice claramente que se aplica en la jurisdicción del territorio boliviano”, afirma el diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza en el Legislativo.

El impuesto se pagará cada año a partir de 2020. Con ese fin, el Gobierno ya tiene los lineamientos del reglamento correspondiente. Se prevé que el mecanismo para el pago del gravamen sea la presentación de una declaración jurada voluntaria ante el SIN. “De no acogerse voluntariamente, en el marco de la ley, el SIN seguiría un proceso de fiscalización, si vale el término, coercitivo”, dice Urquidi.

La norma establece que quienes incumplan el pago del nuevo impuesto tendrán una multa equivalente al 200% del tributo omitido y perderán el carácter reservado de su información, ya que la Administración Tributaria podrá requerir el pago del impuesto mediante publicaciones en medios de comunicación.

En su tratamiento en la Cámara Alta se incorporaron mecanismos para la reducción del tributo en función al importe del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y muebles y por el impuesto a las utilidades de las empresas, en este caso aplicable al ejercicio de profesiones y oficios independientes. De igual manera, se consigna una reducción del 15% del monto del tributo para quienes lo paguen anticipadamente.

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En criterio de Akamine, la expectativa de recaudación es muy baja. Aunque no descarta que se pudieran generar ingresos, sostiene que la experiencia de otros países de la región demostró que los efectos pueden ser, más bien, adversos. “A nadie en el mundo le gusta pagar impuestos y el caso de Bolivia no es la excepción (…) Esto va a ocasionar la fuga de capitales, como sucede en otros países, y desincentiva la inversión. El Gobierno debería dar luces de un plan económico consistente, más que una medida cosmética”.

El también máster en Administración de Empresas y presidente del Colegio de Economistas de Bolivia cita como ejemplos la necesidad de una profunda reforma tributaria, la redacción de un nuevo Código de Comercio (el vigente es de 1967), de una ley laboral actualizada y la tecnificación en todas las áreas productivas.

“Lo positivo es que los más ricos pagan un impuesto, pero son los más ricos formales; los más ricos informales no pagan ni este ni otros impuestos. Seguramente representará un poco más de ingresos, pero no será algo que resuelva la vida financiera del país. Es un valor bajo con relación a las necesidades del Estado. Para hacernos una idea, el déficit público es del 12%, o sea, de 4.500 millones de dólares, y lo que se prevé recaudar es muy poco”, sostiene Chávez.

El país –añade– necesita de “un cambio significativo, la crisis económica se debe encarar de una manera seria, se debe hacer una reforma fiscal que pase por un pacto social”.

De acuerdo con un comunicado emitido la semana pasada por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el proyecto de ley impulsado por el ahora presidente Luis Arce Catacora cuando era candidato es “destructivo”. “De ejecutarse, promoverá un clima de incertidumbre, ahuyentará a la inversión privada y generará inseguridad jurídica para las actividades nacionales y extranjeras”.

Los expertos mencionan el caso de Argentina, donde recientemente el Congreso aprobó un impuesto similar y uno de los primeros efectos fue la fuga de capitales hacia Uruguay.

Por ahora, el destino específico de los recursos a ser recaudados es desconocido; el oficialismo se negó a crear una partida especial para la salud con ellos, pero aseguró que serán empleados en temas de orden social.