El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), registró una caída del 4.2% en la actividad económica en julio de este año en comparación al mismo mes de 2017.

Según el informe, la baja comercial se debe en buena medida a los bajos índices productivos de los sectores hoteleros, construcción y los restaurantes, entre otros.

El documento determinó que “las tendencias negativas se dan en diez actividades de las 17 que registra el IMAE, siendo la más golpeada la de hoteles y restaurantes con una caída de 15.8 % entre enero y julio del 2018”.

Al respecto, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) indicó que se proyectan pérdidas para el 2018 en los sectores de la hotelería y la gastronomía de unos USD 150 millones.

Por su parte, la construcción cayó un 27 % este año, según el Banco Central de Nicaragua.

FUNIDES manifestó que el comercio en general tendrá pérdidas estimadas para el año que corre de unos USD 377 millones por cuenta la extensa crisis sociopolítica que vive el país centroamericano hace cinco meses.

Además de la problemática comercial, Nicaragua sufre su peor oleada de violencia en las tres últimas décadas. 

Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugieren que desde el 18 de abril han muerto 322 personas por cuenta de los ataques a los manifestantes que marchan contra el gobierno de Daniel Ortega. De estos, 23 son menores de edad. 

Además se reportaron cerca de 2.000 heridos.

Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) indica que van 481 fallecidos. Mientras que el presidente Ortega dice que perdieron la vida 195 individuos.

Estimaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sugieren que en las cárceles de Nicaragua hay unos 500 presos políticos que fueron capturados por marchar contra la opresión gubernamental y son acusados de terrorismo, entre otros delitos. 

Cabe recordar que la mesa diálogo instalada desde el 16 de mayo entre el oficialismo y la coalición opositora de la Alianza Cívica, compuesta por estudiantes y empresarios, aún no llega a buen puerto y constantemente es interrumpida.

Este grupo opositor exige que se adelanten las elecciones presidenciales del 2021 a marzo del 2019. Iniciativa que tiene el respaldo del 81 % de los nicaragüenses, según la organización nicaragüense Ética y Transparencia. 

Ortega rechaza esta medida alegando que es una estrategia entre Estados Unidos y la Alianza Cívica para atestarle un golpe de Estado a su Gobierno.