México: denuncian que aprobación ciudadana del Tren Maya se hizo con presiones y poca información

Por: Alejandro Melgoza Rocha

Uno de los megaproyectos del plan de nación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el llamado ‘Tren Maya’, cuya ruta de operación será en el sureste del país, fue aprobado este fin de semana durante una consulta ciudadana y con una votación a favor del 92,3%.

No obstante, organizaciones y comunidades indígenas consideran que esta ventaja arrasadora fue producto de un proceso que no estuvo apegado al derecho, y que no se basó en una consulta libre, previa e informada, como lo contemplan mecanismos nacionales e internacionales.

Entrevistada por la Agencia Anadolu, la directora de campañas de Greenpeace México, Aleira Lara Galicia, explica que “no se está cumpliendo con los criterios para la consulta libre, previa e informada. No solamente es cumplir nuestra ley sino atender el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

“Si realmente se tomara en serio la opinión de las comunidades con respecto a la viabilidad del proyecto, tendría que haber iniciado el gobierno un diálogo con las comunidades para saber qué tipo de desarrollo quieren (…) La información que tienen en la página no es suficiente para tomar una decisión”, agrega Lara Galicia.

La defensora ambiental hace referencia a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y al Convenio 169, los cuales contemplan metodologías para informar a la ciudadanía sobre los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de cualquier proyecto.

Por ejemplo, la ambientalista explica que se tiene que contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental, un documento técnico y científico que diagnostica la viabilidad de un proyecto dentro de una región.

El indígena maya Ernesto Martínez Jiménez, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva, está de acuerdo con esta afirmación. Según dice, fue testigo de que hubo un proceso irregular durante la etapa informativa del proyecto.

“En la primera fase informativa sí llegó personal de todas las dependencias públicas, pero no dieron información del proyecto. Solo dijeron del tren que habrá beneficios, empleo… No dijeron que va a haber impactos ambientales, socioeconómicos, culturales, lo que también representa una afectación al patrimonio, a zonas arqueológicas”.

Según el indígena maya, los funcionarios mexicanos les comentaron que se verán beneficiados con la llegada de turismo a la zona.

“Como pueblos indígenas no tenemos preparación para atender turistas, ni para proveerles servicios básicos porque en Calakmul padecemos de agua; a veces nos quedamos hasta seis meses sin agua. Con los 25 mil habitantes que hay en el municipio, no se les puede abastecer servicio de agua potable. Sencillamente no tenemos servicios, y entonces me extraña que quieren traer 8.000 turistas a diario cuando no se puede atender la necesidad de los indígenas”, acusa Ernesto.

Para él, el proceso estuvo “amañado”, pues dice que la votación se hizo antes del debate. “Los comisarios pasaban a votar y luego a debatir, pero ya habían votado, independientemente de lo que dijeran”.

Además, asegura que antes de la votación los funcionarios presionaron a los indígenas para que votaran a favor, diciéndoles que de hacer lo contrario no les otorgarían los apoyos económicos a través de los programas ‘Sembrando vida’, ‘Jóvenes construyendo el futuro’ y ‘Bienestar’.

Ernesto vive en la comunidad de San José, localizada en el municipio de Calakmul, estado de Campeche, lugar que posee una importante reserva de la biósfera, y donde será una de las paradas del Tren Maya.

La infraestructura del tren, según la página de internet del megaproyecto, comprende unas 18 estaciones a lo largo de los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

La vía será de una extensión de 1.460 kilómetros y se pretende que comience a operar en 2024. En este primer año ya se comenzó la rehabilitación de los tramos en los que hay vías del tren obsoletas, pese a que para el momento del inicio de las obras las comunidades indígenas aún no habían deicido si aprobarían o no el proyecto.

Escazú, a la deriva

A unos meses de que terminara la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la cancillería firmó el Acuerdo Regional de Escazú en Nueva York, EEUU, el cual consiste en fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe.

Además de México, otros 32 países firmaron la iniciativa, que fue adoptada desde el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, país donde surgió esta propuesta.

En el caso de México, la responsabilidad de ratificar el acuerdo prácticamente recayó en el gobierno de López Obrador, que un año después de haber asumido el poder, aún no lo ha ratificado, lo cual da a entender que esta administración no se ha comprometido por completo a implementar mecanismos más rigurosos para estudiar los impactos ambientales de sus proyectos.

Y es que el artículo 5º del Acuerdo de Escazú contempla la accesibilidad a la información ambiental y la implementación de mecanismos de revisión independientes, mientras que el artículo 7º habla sobre la participación de las comunidades en la toma de decisiones ambientales, especialmente de los indígenas.

“Cada parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, señala el artículo.

Para Lara Galicia, la decisión del Gobierno mexicano de no ratificar hasta el momento un acuerdo de esta magnitud se refleja en lo que ocurrió con el proceso de aprobación del Tren Maya.

“Es una vergüenza que no se ponga atención a la participación seria de las comunidades. Además, preocupa mucho la visión con respecto a los principales proyectos de infraestructura del gobierno federal: son proyectos carentes de una visión integral. Lamentablemente solo se ha hablado del desarrollo económico representado por intereses corporativos, no del desarrollo construido desde la ciudadanía y los pueblos”, detalla.

Entre las cosas que están juego, según la directora de campañas de Greenpeace México, se encuentran los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como la salud del corredor biológico de la Península de Yucatán, que se conecta con el corredor de América Central.

Desde Calakmul, Ernesto ha emprendido una batalla junto con varios indígenas en contra del Tren Maya, ya que asegura que no ve el beneficio que dicho proyecto le pueda traer a las comunidades de la región, teniendo en cuenta que sus necesidades son otras, como servicio de agua, educación en lengua maya, abastecimiento de medicamentos, construcción de hospitales, transporte para estudiantes, carreteras, internet, parques y caminos entre los terrenos de cosechas.

“Esas son las necesidades de las comunidades del municipio. Realmente estamos muy marginados. Nos entristece que con este proyecto mal llamado Tren Maya nos van a desplazar de nuestras tierras, manipularnos, vulnerarnos y vamos a perder nuestra riqueza cultural, espiritual, nuestros usos y costumbres, nuestra forma de pensar. Lo vemos como un acto inhumano porque nos usan como producto, nos tratan como propiedad, porque nos usan para atraer el turismo”, añade el defensor indígena.