¿Cómo se protege a los refugiados en los países latinoamericanos?

Por: Sergio García Hernández

Una de las poblaciones más protegidas en Latinoamérica por convenios internacionales son los refugiados, que son reconocidos por las Naciones Unidas como aquellas personas que requieran protección internacional al no poder regresar a su nación debido al temor de ser perseguidos, por la violencia, el conflicto u otras situaciones que perturben el orden público en su país.

Los países latinoamericanos, ante la migración causada por la violencia que se presentaba en algunos territorios centroamericanos, firmaron en noviembre de 1984 la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que contiene unos criterios para la protección de las personas que dejaron sus hogares por la violencia.

“Esta situación sin precedentes de desplazamiento de centroamericanos constituyó un serio desafío especialmente para los propios países de Centroamérica, incluyendo Belice y México”, menciona un documento de un grupo de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre refugiados centroamericanos.

La Declaración de Cartagena se constituyó en el referente para la atención de los refugiados en Latinoamérica, al seguir los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 de las Naciones Unidas, que luego fue actualizada mediante un Protocolo de la ONU firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967.

La declaración les pidió a los Gobiernos de la región latinoamericana fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo en programas de salud, educación, trabajo, seguridad y repatriación.

Las naciones latinoamericanas se comprometieron en Cartagena, entre otros aspectos, a respetar el principio de no devolución de los refugiados incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras.

Con la firma de la declaración se reiteró a los países de asilo la conveniencia de que los campamentos y asentamientos de refugiados sean instalados a una distancia razonable de las fronteras.

Los latinoamericanos también se comprometieron con estudiar, en los países que cuentan con una presencia masiva de refugiados, “las posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida productiva del país”.

La protección a los refugiados latinoamericanos se ratificó en 1994 en la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, donde se definió como prioridad la atención de las necesidades de las mujeres, niños, y otras comunidades vulnerables como las indígenas cuando se encuentren en condición de refugiados.

Los compromisos adquiridos en Cartagena, San José y México en 2004, cuando se ratificaron los reconocimientos de 1984, se exteriorizaron en Brasilia en 2014, en la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia.

El documento de Brasilia comprometió a sus firmantes a implementar “soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región”.

Los países firmantes de la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia fueron Antigua y Barbuda, Argentina, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela.

Las naciones latinoamericanas se comprometieron en la capital brasileña, entre otros aspectos, a profundizar la cooperación a favor de los refugiados dentro de los mecanismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina y el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica). 

La Declaración de Brasilia resaltó además que en las zonas fronterizas se refuerce la presencia de los órganos nacionales de determinación de la condición de refugiado, “para ofrecer un trato digno a las personas con necesidades de protección internacional con pleno respeto de sus derechos humanos”.

Con el marco de protección a los refugiados latinoamericanos, el Mercosur ha sido uno de los bloques que más ha promovido la libre circulación de sus ciudadanos mediante el Acuerdo de Residencia que permite el derecho a obtener la residencia legal en el territorio de otro Estado parte o asociado.

El acuerdo se encuentra en vigencia para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Venezuela no hace parte porque no se adhirió al convenio.

“En este contexto, el Acuerdo de Residencia representa una alternativa concreta, sencilla y eficaz para regularizar la situación migratoria, así como para acceder a una serie de derechos para los nacionales de los países que conforman el denominado Mercosur Ampliado, y que se movilizan dentro de este espacio regional. Entre estas personas también hay solicitantes de asilo y refugiados”, mencionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en un informe.

Beneficios como el que ofrece el Acuerdo de Residencia y los convenios internacionales que inspiran esos tratados son los principales guardianes de los refugiados latinoamericanos que históricamente se han ubicado en Colombia y Centroamérica, y que en los últimos años proceden de Venezuela, según el Acnur.

La agencia de la ONU, preocupada por la situación del país gobernado por Nicolás Maduro, les pidió a los países de las Américas el pasado mes de marzo que los migrantes venezolanos sean tratados como refugiados.

Para el Acnur, la solución al éxodo venezolano que sea debatida en los próximos días por las autoridades migratorias suramericanas y al interior de la OEA debe fijarse bajo los beneficios que ofrece la delicada condición de una persona que huye de su país por el conflicto, la persecución y la violencia.

El Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estiman que 2'300.000 de venezolanos viven en el extranjero y más de 1'600.000 han abandonado su país desde 2015, de los cuales el 90% se ha dirigido a países suramericanos.