¿Por qué acusan al presidente de El Salvador de ser autoritario y de violar los derechos humanos?

Por: Carmen Rodríguez

Muchos países alrededor del mundo dedican sus esfuerzos a combatir la pandemia de COVID-19. En El Salvador, en cambio, la lucha no está concentrada en enfrentar la crisis de salud, sino en resolver los conflictos entre el presidente, Nayib Bukele, los políticos y otros sectores del país.

Como al presidente de Estados Unidos, a Bukele lo señalan en su país, en México, Costa Rica y Ecuador por difundir información falsa sobre la pandemia, ya que en sus discursos utilizó como ejemplo a estos países para desviar la atención a las críticas de sus medidas.

Después de ordenar el cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador, el 17 de marzo, Bukele posteó un tuit en el que aseguró que México pretendía permitir que 12 personas que habían dado positivo al coronavirus viajaran en un vuelo al país centroamericano.

“Que irresponsables las autoridades mexicanas”, publicó el presidente, al tiempo que culpaba a los mexicanos si se llegaban a detectar casos positivos en su país.

La respuesta de México fue casi inmediata. El canciller Marcelo Ebrard desmintió la información difundida por Bukele y le increpó pidiendo que explicara cómo había confirmado los casos de COVID-19 sin estar en México.

El 5 de mayo los medios de comunicación de Costa Rica también desmintieron al presidente salvadoreño. Una noche antes, Bukele aseguró en una conferencia de prensa que las autoridades costarricenses ocultaban información sobre la cantidad de pruebas para detectar el coronavirus en ese país.

“Nayib Bukele difunde información falsa sobre el combate del COVID-19 en Costa Rica”, se leía en los titulares de los medios ticos. Pero, además, diputados salieron al paso de las declaraciones del presidente salvadoreño y la Cancillería de ese país le pidió una explicación pública al mandatario, que nunca fue respondida.

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Violaciones a derechos humanos

Organismos defensores de derechos humanos apuntan al presidente salvadoreño por violaciones a derechos fundamentales, amparadas en nombre de la protección de la salud de los salvadoreños.

La Procuraduría de Derechos Humanos salvadoreña señala que durante la cuarentena 993 personas fueron detenidas injustamente por los cuerpos de seguridad del país. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió denuncias de salvadoreños que aseguran que policías le dispararon a un hombre que se negó a pagarles un soborno.

Los expertos en derecho explican que las restricciones para movilizarse en el país no son claras y han dado paso a detenciones arbitrarias y a abusos de la fuerza por parte de policías y militares que participan en las tareas de seguridad en medio de la pandemia.

Debido a la orden presidencial, los salvadoreños solo pueden salir a las calles para realizar las compras de alimentos por días, que se rigen de acuerdo al número de su documento de identidad.

“Esta situación genera inestabilidad política en El Salvador y eso tiene múltiples consecuencias. Se está dando un mensaje de que en El Salvador no se respeta el estado de derecho, el principio de división de poderes, que es fundamental en la democracia y de que se violentan derechos humanos. Es preocupante, porque eso representa enormes riesgos para nuestra democracia”, dijo Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

El conflicto entre Bukele, la Asamblea y la Corte Suprema tuvo un punto de quiebre el 9 de febrero, cuando el presidente se tomó la silla presidencial del Legislativo rodeado y protegido por la Fuerza Armada, algo que no se vio en el país ni siquiera durante la guerra civil de la década de los 80.

“Se han dado varias actuaciones que van en contra de la Constitución y se han dado una serie de abusos a derechos fundamentales que han sido señaladas por la Sala de la Constitucional y por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH). Los gobiernos pueden tener poderes extraordinarios para enfrentar situaciones extraordinarias, como lo es una pandemia, pero estas facultades y poderes tienen que estar acogidos en la Constitución”, dijo Castro. 

Un gobierno autoritario

Tras la militarización de la Asamblea y con el brote de COVID-19 en el país, Bukele implementó una serie de medidas, muy criticadas, que promovieron arrestos arbitrarios de ciudadanos, cercos de poblados, cierre de empresas y la prohibición de la libre circulación de los salvadoreños en el país.

Para justificar las medidas implementadas por su Gobierno, el presidente salvadoreño comparó la pandemia con la Segunda Guerra Mundial y aseguró que los expertos en salud predicen que el número de muertos por coronavirus será “un número equivalente a más de siete holocaustos juntos”.

Según Bukele, tal como lo expresó en Twitter, para contener el virus “se deben tomar MEDIDAS RADICALES, EXTREMAS, EXAGERADAS y todos los adjetivos que quieran ponerle. Estas medidas no pueden ser solo cuidado personal o asignación de recursos financieros. La ÚNICA forma de contener el virus es con RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD”.

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A medida que el Gobierno extendió las medidas y la prohibición a los salvadoreños de circular por las calles, la población ahora se opone porque muchos, especialmente el comercio informal, no tienen recursos y no pueden llevar alimentos a sus hogares.

“Estamos viendo un patrón de acciones en contra del principio de separación de poderes que empezó el 9 de febrero. Se está mandando un mensaje de que se están violentando derechos humanos, eso le está haciendo daño al país y otras organizaciones a nivel internacional señalan esta situación, porque eso atenta contra la democracia”, señaló el director de FUSADES.

Las diferencias se tornan tensas cada vez que la Asamblea, la Corte Suprema, las gremiales empresariales o los intelectuales se oponen a las acciones del Gobierno, porque según estos sectores carecen de planificación y son ejecutadas con hermetismo. El Colegio Médico, por ejemplo, critica el hecho de que Bukele no incluya a expertos en salud en el manejo de la pandemia.

Hasta el 20 de mayo, las autoridades confirman 1.571 casos positivos de COVID-19, 31 personas fallecidas por la enfermedad y 531 recuperados. El país está en la etapa de contagio comunitario, pues desde el 12 de marzo no se permite el ingreso ni de salvadoreños ni de extranjeros al territorio.

El presidente agitador

El discurso que Bukele dio a los salvadoreños antes de la militarización de la Asamblea, en el que llamó a la insurrección, a tomarse el recinto legislativo o a desconocer a las autoridades de legislativas y judiciales se ha repetido en medio de la pandemia.

El presidente llegó al poder de la mano del partido formado por los disidentes del oficialista de derecha ARENA. Antes, fue miembro del partido de izquierda FMLN, del que fue expulsado por varios incidentes. Durante la campaña de las elecciones presidenciales prometió a sus seguidores luchar contra la corrupción y debilitar a las dos fuerzas políticas mayoritarias del país.

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Sin embargo, los diputados de ambos partidos argumentan que el Ejecutivo no tiene planes para enfrentar la crisis y que se niega a rendir cuentas. Además, acusan al presidente de promover un discurso de odio en su contra.

“Tenemos una clase política cínica, que saben que solo les quedan 11 meses y por eso nos bloquean. Los poderes Legislativo y Judicial quieren gobernar al país a punta de sentencias y decretos, quitándole todas las armas al Ejecutivo para defender la vida de los salvadoreños”, dijo Bukele al criticar las sentencias de la Corte y de la Asamblea Legislativa que le impiden ejecutar sus acciones y el estado de excepción, que buscaba mantener por 15 días más. 

Al estilo de Donald Trump, desde su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño desafía a los otros Órganos del Estado y advierte que no cumplirá las sentencias de la Corte Suprema, porque a su juicio estas están del lado de “la muerte”, pero tiempo después se retracta.

Según los magistrados de la Corte, con los decretos presidenciales ordenados por el presidente como medidas para combatir el COVID-19, Bukele, entre otras cosas, “se arrogó funciones que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Legislativa, excedió las facultades que la Constitución le otorga, invade facultades propias del Consejo de Ministros y alteró el principio de división de poderes”.

Las cuarentenas levantadas en el país fueron ordenadas por el presidente sin la aprobación del Congreso, al igual que la extensión de las mismas. En sus decretos para enfrentar la crisis de salud intentó también impedir que las contrataciones y compras que haría el Gobierno para responder a la pandemia fueran aprobadas y auditadas, contrario a lo que exige la ley salvadoreña.

Los juristas, además, señalaron que las acciones del presidente representan una amenaza al sistema democrático del país, pues pretenden concentrar el poder únicamente en el Ejecutivo. Esto también provocó críticas internacionales.

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, con sede en Washington DC, ha reiterado en varias ocasiones que no se debe excusar la aplicación de medidas restrictivas o las violaciones a derechos fundamentales en el desarrollo de acciones para combatir la pandemia; y también alertó sobre el riesgo de que el Gobierno de Bukele se convierta en una nueva dictadura en Latinoamérica.

“Todos los días de la pandemia, Bukele aprovecha para degradar más la democracia de El Salvador, concentrar el poder y autorizar violaciones a derechos humanos. El estilo de gobierno de Bukele, además de autoritario y polarizante, estigmatiza sistemáticamente a los órganos de control judicial en el país”, señaló Vivanco.

Además de Vivanco, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condenó las acciones del Gobierno salvadoreño. La comisionada dijo que con este tipo de actuaciones “el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en el país centroamericano”

Enfrentado con empresarios

Además de las diferencias y la crisis con el sector político, el presidente Bukele sumó a su lista de sectores con los que no se entiende a los empresarios privados del país. Bukele acusó al presidente de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, de tratar de sabotear su trabajo y su liderazgo durante la pandemia.

La ANEP aglutina a 14 empresas privadas y la ruptura de esta relación se dio luego de que la representación de la gremial se retirara del Comité encargado de fiscalizar la inversión de 2.000 millones de dólares para luchar contra el coronavirus, argumentando que el gobierno de Bukele se niega a rendir cuentas del dinero y de planes a ejecutar.

De acuerdo con el analista político Carlos Romero, director del Centro de Pensamiento e Investigación de Washington DC (USASAL), la falta de entendimiento entre un Gobierno y el sector privado empresarial de cualquier país representa un mensaje negativo a los empresarios y a la comunidad internacional.

“En cualquier nación, el Gobierno tiene que trabajar mano a mano con el sector privado, porque este genera empleo, oportunidades, impuestos, innovación. Sin la relación de este sector se estanca el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, el desarrollo de tecnologías. Es importante que un gobierno trabaje de la mano con los empresarios y el sector privado”, dijo Romero.

Además, el economista señala que el mensaje que un país envía a la inversión extranjera, al no trabajar con el sector privado local, es muy negativo.

“Pierde todo el país y toda la población y eso tiene consecuencias muy graves. Le envía un mensaje negativo a otras economías o empresas a nivel global que deseen invertir en el país o que deseen desarrollar relación bilateral con cualquier gobierno”, acotó el director de USASAL.