OVIEDO, España

Con mucha publicidad y fanfarria, el Gobierno de coalición progresista de España promulgó una ley en agosto pasado para reforzar las protecciones legales para las víctimas de agresión sexual.

Sin embargo, menos de un año después, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo describió como el "mayor error" de su administración, especialmente por un error técnico y sus consecuencias no deseadas.

La ley plantea otro desafío para Sánchez al abrir una brecha inoportuna entre la coalición gobernante antes de las elecciones del 23 de julio.

La ley "Solo sí es sí" se basó en la necesidad de un consentimiento sexual claro e inequívoco. El silencio o la falta de resistencia de una víctima, según la nueva ley, no podría interpretarse como un visto bueno para la intimidad.

Además, eliminó la distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual.

Según la nueva ley, las mujeres ya no "tendrían que demostrar que se usó violencia o intimidación", dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando se aprobó el proyecto de ley, que calificó como una victoria después de años de lucha.

El origen de la ley tiene sus raíces en un notorio caso de violación de 2016 que involucró a cinco hombres que se hacían llamar "La Manada".

Durante la famosa fiesta de los toros de Pamplona, los hombres violaron en grupo a una mujer de 18 años. Su juicio provocó indignación cuando los abogados defensores usaron videos que mostraban a la sobreviviente inmóvil y con los ojos cerrados para argumentar que estaba dando su consentimiento.

Un tribunal emitió su veredicto en 2018 y declaró a los hombres no culpables de agresión sexual. En su lugar, los condenó a nueve años de prisión por el delito menor de abuso sexual.

Los manifestantes llenaron las calles de toda España enfurecidos porque los perpetradores no recibieron la pena máxima.

Tras una apelación, la Corte Suprema se puso del lado de la sobreviviente en 2019, cambió el delito a violación y sentenció a los perpetradores a 15 años de prisión cada uno.

Sin embargo, tanto los grupos activistas como el Gobierno de coalición progresista de España sintieron que era necesario modificar las leyes sobre violación y agresión sexual, y prometieron impulsar una reforma integral que finalmente se materializó el año pasado.

Según los socios de la coalición, el Partido Socialista y el ultraizquierdista Unidos Podemos (UP), la idea era "reformar el código penal… de manera que si una mujer no dice que sí, todo lo demás significa que no".

Efecto adverso

La ley, aprobada a pesar de las advertencias del principal grupo judicial del país, fue ampliamente elogiada por grupos feministas y el Gobierno español.

Sin embargo, después de que entró en vigor, muchos se horrorizaron al ver a los delincuentes condenados utilizar con éxito una laguna legal en las pautas de sentencia para reducir sus penas.

Desde que se aprobó la ley hasta el 1 de julio de este año, un total de 1.155 delincuentes sexuales la han utilizado para reducir sus penas, mientras que otros 117 han salido de prisión.

“Esto sucedió porque los no expertos escribieron la ley. Existía esta idea casi obsesiva de unir todos los delitos sexuales en una sola categoría… y técnicamente, era extremadamente difícil de lograr”, dijo a la Agencia Anadolu Elena Iñigo Corroza, profesora de derecho en la Universidad de Navarra.

“Habían sido advertidos sobre esto por escrito. Era completamente predecible. Pero creo que el Ministerio de Igualdad lo minimizó, pensando que lo que ganarían era mucho más importante que el precio a pagar”.

Al principio, la ministra de Igualdad Montero atribuyó las reducciones de penas a "jueces misóginos", pero pronto se hizo evidente que eran una consecuencia no deseada de lagunas en la legislación misma.

División en la izquierda

Los políticos se apresuraron a arreglar la situación y los socialistas admitieron que se cometió un error.

Aprobaron cambios a la ley en marzo, con el apoyo de los partidos de derecha pero no de su propio socio menor de la coalición, UP, lo que marca la primera vez que la coalición divide su voto.

Las consecuencias están influyendo en el período previo a las elecciones nacionales de este mes.

En una entrevista reciente con la emisora La Sexta, Sánchez se refirió al descuido que condujo a la reducción de sentencias como el “mayor error” de su Gobierno.

Por su parte, Montero y UP ni siquiera se presentan a las elecciones. El partido ha sido reemplazado por el ultraizquierdista Sumar y su líder Yolanda Díaz, quien ha criticado la ley.

El Ministerio de Igualdad de España no respondió a la solicitud de comentarios de la Agencia Anadolu.

La ley también ha provocado una ruptura dentro del movimiento feminista español, que estuvo particularmente unido en las protestas por el caso de La Manada.

“Si la ley deja salir de la cárcel a los delincuentes sexuales o reduce sus sentencias, no es una ley feminista y no protege los derechos de las mujeres”, tuiteó la feminista Alianza CBM.

Blanca Estrella Ruiz, presidenta nacional del grupo feminista Clara Campoamor, calificó la situación de “reprochable”, al compartir las experiencias de mujeres cuyos agresores han tenido reducidas sus sentencias.

“Les costó tanto denunciar los crímenes, y ahora, después de unos años, los hombres están de vuelta en las calles. Las mujeres están aterrorizadas”, subrayó Ruiz.

Sin embargo, más de 200 grupos feministas firmaron un manifiesto apoyando la ley original.

"El aumento de las sentencias no nos protege y nunca nos ha protegido", dijeron los grupos en un comunicado conjunto, al argumentar que la reforma de los socialistas se trataba de cambiar el núcleo del proyecto de ley.

"El consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria y reversible. Si no está ahí, hay agresión sexual", agregaron.

Debate e incertidumbre

Además de la reducción de sentencias no deseado, los miembros de la comunidad judicial española cuestionan abiertamente el núcleo del concepto.

El profesor de derecho Íñigo Corroza argumenta que la ley original simplificaba demasiado las relaciones sexuales e invertía injustamente la carga de la prueba sobre el acusado.

"Incluso si tienes una grabación de una mujer diciendo que sí, podría haber cambiado de opinión en el último minuto. El consentimiento se vuelve virtualmente imposible de probar", indicó.

Aunque la ley se aprobó el año pasado, aún no está claro cómo se está desarrollando en las nuevas sentencias.

Corroza dijo que no ha habido suficiente tiempo para que los nuevos casos lleguen a sentencias inapelables. Además, la reforma de la nueva legislación en marzo restableció partes de la ley penal anterior, incluida la recuperación de la idea de probar la violencia o la intimidación como factores que podrían aumentar las sentencias.

“Creo que esta fue una respuesta terrible al juicio de 'La manada'... Por supuesto, algunos malos jueces pueden hacer preguntas inapropiadas a las víctimas... pero si un juez está revictimizando a alguien, ese juez debe ser investigado", agregó.

Otros expertos legales, políticos y activistas argumentan que la ley fue en general positiva, a pesar de sus "efectos no deseados".

"Siempre he defendido que era una buena ley que protege a las mujeres porque reconoce la necesidad de atención especializada para las mujeres víctimas de agresión sexual", aseguró Sánchez en una entrevista la semana pasada.

Al mismo tiempo, la reacción violenta contra la ley se ha convertido en uno de los temas electorales clave.

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En mayo, los socialistas y UP sufrieron grandes pérdidas en las elecciones locales y autonómicas, mientras que el conservador Partido Popular salió victorioso y Vox, de extrema derecha, consolidó su presencia en los gobiernos de todo el país.

Antes de las elecciones generales, algunas encuestas sugieren que el apoyo de la derecha puede estar desvaneciéndose en comparación con las elecciones locales.

Otros, sin embargo, indican que el "Gobierno más progresista" de España en su historia democrática moderna pronto podría dar paso al "más ultraderechista" del país desde la dictadura franquista de mediados del siglo XX, en forma de una coalición de los Partido Popular y Vox.

En julio, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien según las encuestas recibirá la mayor cantidad de votos, dijo que, de ser elegido, realizaría "una reforma integral" de la ley "Solo el sí es sí".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, desde las Islas Canarias en junio, calificó la ley de "repugnante" y "creada por mujeres locas", lo que deja en la incertidumbre el futuro de la legislación.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.