Por: Sergio García Hernández

La guerra civil de El Salvador que abarcó 12 años de la historia del país centroamericano, de 1980 a 1992, tiene vigentes heridas en su población por la persistente impunidad de los delitos que se cometieron. La ausencia de justicia, 27 años después del fin del conflicto, continúa y un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa amenaza con eternizar la falta de sanciones de miles de crímenes.

Una comisión de la verdad creada en 1992, luego de alcanzados los acuerdos de paz firmados en el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, el 16 de enero de ese año, recibió al menos 22.000 denuncias de graves crímenes cometidos durante el conflicto.

Algunas organizaciones estiman, además, que los muertos que dejó la guerra alcanzaron las 75.000 personas, y los relatos de las víctimas hablan de miles de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

La montaña de atrocidades contrasta con la ausencia de sanciones. En casi tres décadas solo una persona ha sido condenada por hechos vinculados al conflicto que enfrentó a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Ejército bajo los mandatos de la Junta Militar Demócrata Cristiana y los expresidentes Álvaro Magaña, José Napoleón Duarte y Alfredo Cristiani, sucesores de regímenes militares que gobernaron a El Salvador desde 1932.

Bajo ese contexto de impunidad, El Salvador se encuentra cerca de avalar el cuestionado proyecto de ley de reconciliación que, por ejemplo, daría amnistía total a personas que sean condenadas a menos de 10 años de prisión por sus delitos en la guerra, según le indicó a la Agencia Anadolu, Gisela de León, directora legal de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

De León menciona que la iniciativa establece, además, que en caso de condenas de más de 10 años, las sanciones contempladas no incluirían la prisión sino medidas alternativas como el trabajo comunitario.

“En la práctica esto significa que no habría una sanción frente a hechos tan graves como masacres, desapariciones forzadas y torturas”, indicó la integrante de Cejil.

La abogada explicó que la propuesta de ley también pretende suspender la posibilidad de prisión preventiva en casos donde debería aplicarse, como cuando hay un riesgo para el proceso o de fuga del acusado.

Otro de los puntos cuestionados es que la iniciativa no haga distinciones entre autores materiales e intelectuales de los crímenes y que deje a discrecionalidad del fiscal general la lista de casos que pueden ser investigados. “El proyecto parece decir que todos los demás casos que no aparezcan en ese listado estarán sujetos a una amnistía”, indicó de León.

Para la directora legal del Cejil, el proyecto de ley crea una amnistía encubierta. “Hay una serie de medidas que lo que hacen es garantizar la impunidad de las personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró.

Los beneficios que otorgaría la propuesta de ley ha causado el reclamo de las víctimas y de organizaciones internacionales, por los obstáculos que pondría a la justicia en un país donde, de 1993 a 2016, existió una ley de amnistía que impidió que se juzgaran los crímenes del conflicto.

La única persona condenada, luego del fin de la guerra, en 1992, fue liberada con la entrada en vigencia de la antigua ley, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia del país en 2016.

La ley de amnistía que evitó la investigación de crímenes por 23 años fue rechazada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó derogarla en una sentencia en 2012 sobre el caso de la masacre en el pueblo de El Mozote, sucedida entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en el marco de un operativo militar liderado por el Batallón Atlacatl, en siete localidades del norte del departamento de Morazán, al sur de El Salvador.

Los pocos avances reales en justicia por los crímenes sucedidos en la guerra se han dado desde 2016. La investigación sobre la masacre de El Mozote, donde murieron más de 1.000 personas y se considerada como el hecho más sangriento durante el conflicto, es el caso sobre el que más pruebas se han recopilado en los últimos tres años.

Para las víctimas fue clave la declaración de inconstitucionalidad de la Corte para que el caso de El Mozote se abriera. Pero cuando parecía que la justicia llegaba, una nueva iniciativa amenaza con dejar los crímenes de la guerra en la impunidad.

Cejil ha indicado que, si la ley es aprobada, El Salvador estaría frente a un desacato de la sentencia de la Corte IDH, de 2012, en el caso de la masacre de El Mozote, donde se ordenaba que la ley de amnistía no tuviera efectos en graves violaciones a los derechos humanos.

Para la organización, la propuesta también burla el fallo de la Corte Suprema que pidió la aprobación de una nueva ley de reconciliación donde se garantizara el acceso a la justicia y se evitara la impunidad.

El Centro consideró, además, que la ley ha sido diseñada sin transparencia debido a que las víctimas no fueron consultadas sobre su contenido sino hasta el pasado lunes y porque en su creación participaron, en comisiones ad hoc, personas señaladas de estar relacionadas con hechos delictivos del conflicto.

“Se hicieron reuniones de 20 minutos con algunas organizaciones de derechos humanos, con la Iglesia Católica, militares. Pero la discusión que debería tener una ley de reconciliación nacional no se puede dar en tan poco tiempo”, indicó la directora legal de Cejil para quien el Legislativo podría aprobar el proyecto esta semana antes de la posesión, el próximo sábado, de Nayid Bukele como presidente, quien ha hecho críticas a la iniciativa.

Sol Yáñez, experta internacional en procesos psicosociales después del conflicto armado, le explicó a la Agencia Anadolu que para las víctimas de la emblemática masacre de El Mozote la aprobación de la propuesta de ley que se tramita en el Congreso es un nuevo golpe para personas que fueron victimizadas hace casi 40 años y que añoraban desde el fin de conflicto, en 1992, encontrar justicia.

“Son personas con mucha edad, ancianas, muchas están muriendo sin reconocer ningún tipo de verdad y reparación. Han estado esperando más de 30 años y esto ahora es como una bofetada cuando empezaban a confiar en las instituciones”, mencionó Yáñez.

La experta detalló que, por primera vez, luego de la derogación en 2016 de la antigua ley de amnistía, las víctimas sentían que su dolor y su verdad eran escuchadas y valoradas en su país.

“Cerrar esa puerta es como volver a 1993. El impacto no es solo para las víctimas sino para toda la sociedad”, manifestó la especialista.

La experta se mostró crítica con los sectores políticos que han expresado su apoyo al proyecto de ley por considerar que impiden que en El Salvador haya un verdadero proceso de reconciliación.

“Hay un pacto de actores de la guerra de no abrir más heridas, como ellos dicen, cómo si la justicia tuviera algo que ver con la revictimización. Es al revés la falta de justicia es la que golpea a las víctimas”, afirmó Yáñez.

El caso de El Mozote es solo uno de los crímenes cuyo juzgamiento se seguiría postergando junto, por ejemplo, al homicidio del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo en marzo de 1980, y el asesinato de seis religiosos jesuitas en noviembre de 1989.

Las víctimas han logrado captar la atención del mundo y que organizaciones como la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH por sus siglas en inglés) adviertan sobre los riesgos de impunidad que contempla la cuestionada propuesta de reconciliación salvadoreña.