El cinco de agosto de este año, el Parlamento indio aprobó cambios constitucionales para revocar la autonomía y las diferencias legales en ciudadanía de las personas que viven en la región administrada por India de Jammu y Cachemira. Estas resoluciones entraron en vigor a partir del 31 de octubre y podrían cambiar a la disputada región entre India y Pakistán para siempre.

A partir de hoy, los territorios de la Unión, como se denomina la división administrativa de la India, Jammu y Cachemira y Ladakh serán divididos y administrados por dos tenientes gobernadores indios, Girish Chandra Murmu y Radha Krishna Mathur, respectivamente.

Precisamente, la oficina del gobernador, la máxima autoridad ejecutiva que existía, queda reducida a teniente gobernador, quien tendrá que informar al secretario del Interior indio que tiene su oficina en Nueva Delhi.

El territorio de la Unión llamado Jammu y Cachemira ahora estará dividido en dos territorios: Cachemira y el Valle de Jammu, un área de 42.000 kilómetros cuadrados, con una población de 12 millones de personas, de los cuales 8,4 millones son musulmanes.

Por su parte, el vasto territorio de Ladakh, conocido por ser el desierto más frío en sus 59.000 kilómetros cuadrados, estará comprendido de dos distritos de Kargil y Leh, el lugar donde vive una pequeña población de 274.289 habitantes, entre ellos 127,2 (el 46,4%) son musulmanes y 108.761 budistas.

Si bien Jammu y Cachemira tendrá una asamblea elegida con poderes limitados, esto no sucederá en Ladakh. La cámara alta de la asamblea dejará de existir y, lo más importante de todo, la región ya no tendrá su propia constitución ni bandera.

Todas las leyes aprobadas por el parlamento indio serán aplicables en la región. Eso significa, entre otras cosas, que el Código Penal de la India reemplazará el Código Penal local de Ranbir de Jammu y Cachemira para decidir los casos penales.

Antes de los cambios constitucionales, el gobierno federal de la India solo controlaba los asuntos exteriores, defensa, finanzas y comunicaciones, y le dejaba el resto de asuntos de gobierno a los representantes provinciales.

El artículo 35 de la Constitución india, que garantizaba un tipo de ciudadanía diferente, es considerado ahora inválido o nulo. Es decir, cualquier ciudadano indio de cualquier parte del país puede comprar propiedades en Jammu y Cachemira, algo que era reservado solo a musulmanes, tomar un trabajo del gobierno estatal, disfrutar becas y otros beneficios gubernamentales. No obstante, los hijos de una mujer que se casa fuera de Jammu y Cachemira no perderán los derechos de propiedad.

153 leyes y 6 comisiones derogadas

Muhammad Ishaq Qadri, abogado y exfiscal en Cachemira, le aseguró a la Agencia Anadolu que las personas que viven en Jammu y Cachemira bajo la ley de educación local estaban disfrutando de educación gratuita desde la primaria hasta la universidad y con los cambios este acceso educativo dejará de existir.

Por su parte, el exabogado general Jahangir Iqbal señaló que al menos 153 leyes aprobadas por la legislatura de Jammu y Cachemira están derogadas a partir del jueves. Sin embargo, y de manera irónica, una de las disposiciones más odiadas de la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira de 1978, que permite la detención de personas sin procedimientos judiciales, no fue derogada.

El Servicio Administrativo de Cachemira ahora estará abierto a ciudadanos indios para que compitan por los puestos burocráticos. “El nuevo reclutamiento se llevará a cabo de conformidad con las leyes aplicables a los territorios de la India administrados centralmente. Un empleado que trabaja en Cachemira ahora puede ser transferido a cualquier otra región", aseguró Iqbal.

Antes de los cambios constitucionales, los oficiales de los Servicios Administrativos de la India, que venían de otras regiones de India, incluso si trabajaban en Jammu y Cachemira, no tenían derecho a comprar propiedades.

El nuevo acuerdo es un impulso para las fuerzas de seguridad, quienes para establecer su base y campamentos tuvieron que pasar por un laberinto de disputas legales para adquirir tierras. "Cualquier agencia central [incluidas las fuerzas de seguridad] puede venir y comprar tierras", aseguró el exabogado.

Todavía no hay claridad sobre cuál será el idioma oficial de la región, pues según la abolida constitución de Jammu y Cachemira era el urdu, pero la Constitución india reconoce el hindi como idioma oficial.

No solo eso, las comisiones de Derechos Humanos, Información, Reparación de disputas del consumidor, Regulación de la electricidad, Protección de los derechos de las mujeres y los niños, Personas con discapacidad y Responsabilidad del Estado fueron eliminadas.

India: "Nuevo orden para traer prosperidad"

El argumento de India es que el nuevo acuerdo impulsará la economía de la región al integrarse con el resto del país.

Las industrias privadas, que no pudieron establecerse en esta disputada región por las leyes que prohibían la compra de tierras, ahora podrán establecer unidades de fabricación y solventar el desempleo, según un documento emitido por el Ministerio del Interior de la India.

“El problema [no proporcionar tierras a industrias externas] había llevado al desempleo de los jóvenes. Este desempleo les estaba dando suficiente tiempo para participar en actividades como el movimiento que aboga por el separatismo y lanzar piedras contra las autoridades", agrega el documento.

El documento, además, argumenta que la amalgamación social reducirá la amenaza de la militancia nacionalista y predice que Cachemira se convertirá en uno de los principales destinos turísticos de India después de que realice la transición.

“[El nuevo acuerdo] también demostrará ser una buena diplomacia para tratar con Pakistán sobre disputas territoriales. Políticamente dará la oportunidad a todas las partes de gobernar el estado y permitir su desarrollo", argumenta el documento del ministerio, explicando la justificación detrás de la abolición del estatus especial que le permitía autonomía política a Jammu y Cachemira.

Cinco magistrados de la Corte Suprema de la India están en medio de un proceso para determinar la validez legal de la decisión del gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, luego de revocar el estatus especial de esta conflictiva zona fronteriza.

El 28 de agosto, el Presidente de la Corte Suprema de India, Ranjan Gogoi, estableció una comisión constitucional con los jueces NV Ramana, SK Kaul, R Subhash Reddy, BR Gavai y Surya Kant para realizar una audiencia sobre las peticiones que impugnan la abolición de las disposiciones del artículo 370 de la constitución, que garantiza el estatus especial de la región.

Cachemira, una región del Himalaya de mayoría musulmana, es controlada en partes por India y Pakistán y ambos países reclaman su soberanía sobre la totalidad de la región. Una pequeña parte de Cachemira también es controlada por China.

Desde la partición entre India y Pakistán en 1947, los dos países han librado dos guerras por la región de Cachemira. Algunas organizaciones aún luchan contra el gobierno indio por la independencia o por la unificación con Pakistán.

Según varias organizaciones de derechos humanos, miles de personas han muerto en esta conflictiva región desde 1989.

*Traducido por José Ricardo Báez G.