Por: Camila Moreno Camargo

El 28 de abril iniciaron en Colombia varias manifestaciones para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Estas marchas fueron convocadas por sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Entre los puntos que más causaron polémica de la reforma estaba que se aumentaba el impuesto de valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar y a servicios públicos y funerarios. También causó malestar que se quisiera incluir a las personas que ganan USD 311 mensuales dentro del impuesto a la renta.

A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se han registrado enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional. La ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, al suroccidente del país, se convirtió en el epicentro de este tipo de hechos.

El 2 de mayo, la ONG Temblores reportó que desde el inicio del paro se habían registrado 21 fallecidos a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Ese mismo día el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país.

Pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ha crecido desde entonces. Transportadores y camioneros se unieron al paro y bloquearon varias carreteras intermunicipales y vías de acceso a las principales ciudades del país.

El 3 de mayo la Defensoría del Pueblo pidió investigar la muerte de 19 personas en el marco de las protestas.

Al día siguiente, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia y el presidente nombró en el cargo a José Manuel Restrepo, entonces ministro de Comercio.

Una de las jornadas más violentas del paro se vivió en la noche del 4 de mayo, cuando en Bogotá se registraron 46 heridos entre policías y civiles, más de 100 buses vandalizados y alrededor de 25 estaciones de Policía incendiadas, una de ellas cuando los oficiales todavía estaban adentro.

El 5 de mayo la Defensoría actualizó sus datos e informó que en el marco del paro ha habido 25 muertos y 89 desaparecidos. Por su parte, la ONG Temblores aseguró que los fallecidos a manos de la Policía son 37 y que se habían presentado 1708 casos de violencia policial.

Ese mismo día el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró desde Cali que las protestas estaban infiltradas por guerrilleros del Eln y disidencias de las Farc que operan en el departamento del Cauca. No obstante, los manifestantes han rechazado estas acusaciones asegurando que, a pesar de que hay gente que realiza actos vandálicos, la mayoría de personas que protesta en las calles son ciudadanos pacíficos que buscan un cambio.

La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, el Vaticano y el Gobierno de EEUU, entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió el viernes 7 de mayo a los reclamos de la comunidad internacional y se alineó al discurso del Gobierno central al afirmar que el derecho a la reunión y a la protesta en el país está garantizado, pero aseguró que este había sido afectado por “vándalos” y actores violentos que han agredido a la ciudadanía y a la Fuerza Pública.

Sin embargo, la comunidad internacional no recibió con buenos ojos las afirmaciones hechas por la canciller, Claudia Blum, ante la preocupación por la violación de derechos humanos por parte de la Policía, la cual había quedado retratada en decenas de videos grabados por testigos, muchos de los cuales fueron divulgados a través de redes sociales.

“Acorde con nuestra posición histórica, Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”, aseguró Blum.

Dos días después, la minga indígena (como se le denomina a la movilización de colectivos indígenas) fue atacada en las afueras de Cali por personas armadas. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que nueve mingueros resultaron heridos.

El presidente Duque les pidió de inmediato a los indígenas que abandonaran la protesta y que regresaran a “su territorio”. Al día siguiente, en horas de la madrugada, el mandatario se desplazó a Cali para atender la crisis de orden público que vive la ciudad.

El 10 de mayo el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional se reunieron para buscar una salida dialogada al paro. Sin embargo, luego de una reunión de tres horas y de no haber logrado un acuerdo, el Comité llamó a nuevas movilizaciones.

Ese mismo día la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo activaron un “mecanismo de búsqueda urgente” para dar con el paradero de 168 personas reportadas como desaparecidas durante las jornadas de protesta.

La Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Salud mostraron su preocupación ante el colapso sanitario que podría vivir la capital colombiana debido al aumento de contagios por coronavirus (COVID-19) que se desencadenaría a causa de las aglomeraciones durante las marchas. Al 12 de mayo, la ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá era del 96%.

El 13 de mayo la canciller Claudia Blum presentó su renuncia al cargo.

Ese mismo día se conoció una denuncia que encendió aún más los ánimos. Se trataba del caso de una menor de edad que se habría suicidado luego de denunciar en una red social hechos de violencia sexual cometida presuntamente por agentes de la Policía en Popayán.

Aunque la Policía negó los hechos y el caso sigue siendo investigado, esta denuncia desencadenó fuertes disturbios en la ciudad, donde las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en la que habría sido violada fueron atacadas por manifestantes.

El hecho también fue rechazado en las manifestaciones que se siguieron convocando en distintas ciudades del país.

Un día después varias organizaciones de derechos humanos denunciaron a Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la ONU por “delitos contra la población” a causa del uso excesivo de la fuerza ejercido por la Fuerza Pública para reprimir las manifestaciones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 15 de mayo una “visita de trabajo” a Colombia para analizar en terreno la situación de derechos humanos.

El domingo 16 y el lunes 17 de mayo el Gobierno y los miembros del Comité Nacional del Paro volvieron a reunirse, pero tampoco lograron consensos para dar por terminadas las movilizaciones.

Si bien ese mismo lunes el Gobierno anunció la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, horas después el presidente Duque condenó las vías de hecho y ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado desplegar “su máxima capacidad operacional” para levantar los bloqueos en las vías que conectan al país, mientras crecían los rumores y temores sobre un posible desabastecimiento de alimentos en las grandes ciudades.

Por otra parte, el lunes 19 de mayo las comisiones séptimas de Senado y Cámara del Congreso archivaron la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, proyecto que también había sido rechazado durante las marchas.

Horas después, el presidente anunció que su vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, será la nueva canciller del país y cumplirá las funciones de ambos cargos.

Según los últimos balances publicados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa con corte al 20 de mayo, los 24 días de paro nacional y protestas en Colombia dejan hasta ahora 26 personas muertas: los decesos de 15 civiles y un policía están directamente relacionados con el desarrollo de las manifestaciones y 11 están en proceso de verificación.

Además, la Defensoría y la Fiscalía registran 134 casos de personas desaparecidas.

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Por su parte, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) asegura que hasta el 18 de mayo se habían cometido 2.387 casos de violencia policial y 51 asesinatos durante las manifestaciones por el paro nacional, de los cuales 43 “habrían sido asesinados con presunta autoría de la Fuerza Pública”.

El Comité Nacional del Paro pidió al presidente permitir la visita de la CIDH y anunció nuevas marchas para el 26 y el 28 de mayo, día en que se cumple un mes desde el inicio de las protestas en contra del Gobierno.

La crisis de orden público habría sido una de las razones de fondo para que la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) decidiera la noche del 20 de mayo apartar a Colombia como co-sede de la Copa América, el torneo de fútbol más importante de la región que se llevará a cabo entre el 13 de junio y el 10 de julio.

Tanto el Senado como la Cámara iniciarán un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su responsabilidad ante las acciones que ha llevado a cabo la Fuerza Pública durante las protestas y manifestaciones. El 24 de mayo tendrá lugar el debate en el Senado y un día después en la Cámara.