Por: Susana Noguera Montoya
Los opositores al gobierno del presidente Iván Duque son muchos y están enojados. El líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, calcula que, entre movimientos estudiantiles, centrales obreras, organizaciones sociales y algunos líderes políticos, podrían agrupar unos 8 millones de personas en todo el país.
Están enojados por el aumento de impuestos indirectos que propone la Ley de Financiamiento, por la desfinanciación que sufren las universidades públicas y por la falta de claridad en la política agraria del gobierno Duque, entre otras cosas.
“La incapacidad que tiene Duque de gobernar, de leer al país y de calcular el impacto de sus medidas ha hecho que la posibilidad de cohesión social para contrarrestar sus políticas y reformas sea bastante grande”, le dijo el presidente de la CUT a la Agencia Anadolu.
Los movimientos populares y organizaciones sociales se unieron y crearon un plan de acción: una serie de marchas en noviembre que terminarán con una movilización masiva el próximo miércoles 28.
La protesta, explicó el líder de la CUT, “va a ser un termómetro. Si nos da la fuerza, podría allanar el camino para hacer un paro nacional en 2019. Todavía no sabemos de cuánto tiempo”, dijo Orjuela.
A pocos meses de haber iniciado su gobierno, la popularidad de Duque cayó a 27%, según indicó una encuesta de la firma Invamer publicada a mediados de noviembre.
Una de las medidas que, en palabras de Orjuela, “catapultó a Duque hacia abajo” fue la llamada Ley de Financiamiento que proponía, entre otras cosas, extender el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a toda la canasta familiar.
A pesar de que el equipo de gobierno y los congresistas ponentes de la ley eliminaron esa propuesta del documento, muchos ciudadanos siguen en desacuerdo con más impuestos para los ciudadanos.
“Siguen buscando la plata en los impuestos indirectos y anuncian medidas que no son para el gran capital. La mitad de las utilidades que se producen en el país se queda en el 0,73% de las empresas, entonces esas deberían ser las que tengan la carga impositiva más grande”, dice Orjuela.
La indignación que causó la ley -que en esencia es una reforma tributaria- unió a sectores de la oposición que antes estaban alejados entre ellos. Se reactivó el Comando Nacional Unitario, que reúne a las tres principales centrales obreras del país, que habían tenido marcados desacuerdos en los últimos meses en torno a la política laboral. A pesar de las diferencias “los invitamos a debatir en torno a la reforma tributaria y aceptaron”, explicó Orjuela.
La bancada alternativa, conformada por 44 congresistas de partidos declarados en oposición al gobierno Duque, también se opuso públicamente a la Ley de Financiamiento.
El pasado 8 de noviembre dieron una rueda de prensa y exigieron “que se retire de manera definitiva la reforma tributaria y se busquen los COP 14 billones que requiere el Presupuesto General de la Nación (PGN) de los $17 billones que tuvo el sector financiero de ganancias el año anterior, de los $22 billones de exenciones de impuestos que tiene el sector minero energético y las 2.000 personas naturales”, dijo el senador del Polo Democrático Alexander López.
Los estudiantes se unen a la marcha
Otro sector significativo que marchará el próximo 28 de noviembre es el estudiantil. Dos de las organizaciones estudiantiles más grandes del país, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), se unieron a la convergencia de las centrales obreras y movimientos sociales.
En la marcha, que se realizará luego de que 26 universidades públicas entraran en paro, también se exigirá un incremento presupuestal de COP 4,5 billones para el 2018 y una inversión a mediano plazo de COP 15 billones para infraestructura, las mismas exigencias que radicaron en un pliego de peticiones hace un mes.
El gobierno afirma no tener recursos y creó una mesa de negociación con los estudiantes, pero aún no han llegado a ningún acuerdo.
Para Orjuela, la actitud que ha tomado Duque frente a las peticiones de los estudiantes “deja clara la visión de educación que tiene el Estado: no aceptan que un sistema educativo es fundamental para el desarrollo”.
“Un Estado que asuma como disculpa que no tiene más dinero para resolver un problema de COP 18 billones, que además se puede financiar a largo plazo, es un Gobierno que tiene un concepto sobre la educación muy complicado”, agregó.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) llamó a un paro nacional de profesores, de 24 horas, el próximo 28 de noviembre.
“Fecode marchará al lado de los trabajadores, centrales obreras, pensionados, organizaciones sindicales y sociales para rechazar en conjunto contra la decisión del presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de continuar con la lesiva reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento”, indicó la organización en un comunicado a la opinión pública.
Orjuela dice que uno de los principales errores que cometió Duque ha sido “subestimar la reacción del pueblo colombiano” ante sus políticas.
Los campesinos también anunciaron que se unirán a la marcha para exigir mejores condiciones de comercialización para sus productos. La organización Dignidad Campesina, que agrupa a arroceros, lecheros, cafeteros, paneleros y otros productores agrícolas anunció que, además de marchar el próximo 28 de noviembre, evaluarán la posibilidad de entrar en paro.
Con sus políticas, Duque logró unificar diversos sectores en su contra. El próximo miércoles las organizaciones civiles de oposición medirán el impacto de su convocatoria y, a partir de ahí, empezarán a hacer planes para el 2019.
