Susana Patricia Noguera Montoya, Natalia Torres Hernández
04 Abril 2018•Actualizar: 05 Abril 2018
Este miércoles el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil decidirá si acepta un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva para que el expresidente pueda agotar las instancias judiciales en libertad. Si no lo rechaza, el político deberá empezar desde ya a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En caso de que la alta corte decida dejar al exmandatario en libertad, Lula podría seguir participando en la campaña electoral del próximo octubre en la que, según las encuestas, es el candidato favorito.
En medio de la incertidumbre política que vive el país, cientos de ciudadanos se han manifestado tanto a favor como en contra de Lula.
“Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social”, escribió la jueza del STF, Cármen Lúcia Antunes, en un texto divulgado por sus asesores.
El mismo Tribunal está dividido. Unos magistrados, calificados de “garantistas”, están de acuerdo con la prisión preventiva y aseguran que la jurisprudencia actual permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula. Otros opinan que se debería garantizar la libertad del político hasta que no se agoten todas las instancias de apelación.
El ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador del caso Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, firmaron una solicitud en la que, junto con otros 5.000 trabajadores de la justicia, pidieron que se deje a Lula tras las rejas. El contralor Dallagnol aseguró en Twitter que estará en “ayuno y oración”, por el resultado de este miércoles.
Luiz Inacio Lula Da Silva fue arrestado el 4 de marzo de 2016 y su casa fue allanada posteriormente, en el marco del caso Lava Jato, que investiga sobornos a políticos y empresarios con recursos de la estatal petrolera Petrobras.
En julio de 2017, el juez Sergio Moro, líder del caso Lava Jato, sentenció a Lula a nueve años y 6 meses de prisión por haber recibido y reformado un apartamento en Sao Paulo, por valor de USD 1,1 millones, a cambio de contratos con el Estado. Además de estas acusaciones, Lula tiene pendientes tres cargos más, dentro de la misma investigación de Petrobras, a cargo de Moro.
