Amnistía Internacional documentó uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en protestas de Perú

La organización Amnistía Internacional (AI) comprobó episodios de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía peruana en las manifestaciones producidas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.

“Los videos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

AI subrayó que desde el 10 de noviembre de 2020 y, principalmente, en las masivas protestas realizadas el jueves en varias ciudades de Perú, más de 15 personas habrían resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad por arma de fuego.

Amnistía Internacional aseveró que también recibió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de miembros de la Policía vestidos de civil.

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La organización añadió que agentes policiales “dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos”.

“Debido a la represión violenta de las protestas, esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la protección de la población sobre cualquier interés político”, agregó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Las manifestaciones en Perú comenzaron el pasado lunes, cuando el Legislativo avaló la vacancia por “permanente incapacidad moral” del expresidente Martín Vizcarra.

En la mañana del martes, el exparlamentario y expresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asumió el liderazgo político de Perú. Durante el acto de sucesión que se llevó a cabo en el Parlamento, el nuevo jefe de Estado hizo un llamado a la unidad nacional y al consenso.

Vizcarra fue el cuarto mandatario en la historia del Perú vacado por el poder Legislativo.

El expresidente fue acusado de haber recibido durante su periodo como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014, sobornos por más de USD 636.000 (PEN 2.300.000). Los dineros los habría recibido para aprobar contratos de dos empresas constructoras que en la actualidad están envueltas en el escándalo de corrupción por parte de la brasileña Odebrecht. La Fiscalía cuenta con cuatro testigos que confirmarían la supuesta responsabilidad de Vizcarra.