Por: Santiago Serna Duque

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, habló con la Agencia Anadolu sobre la crisis social que vive Colombia desde hace 10 días.

Guevara aseguró que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentran en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo el proyecto de reforma tributaria por el cual se desataron las protestas sociales en todo el país.

"El balance de estos días en Colombia es muy trágico. Hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia en contra de las personas que se manifiestan. También hemos visto con gran preocupación los hechos de violencia perpetrados por terceras personas, por ciudadanos, que muestran este hartazgo social y esta incapacidad de las autoridades de generar mecanismos de diálogo genuino. Desde el primer día, desde el 28 de abril, el Gobierno del presidente Iván Duque ha venido a echar gasolina a una situación de alta tensión. Las personas han salido a las calles como único mecanismo para exponer sus demandas no solo sobre la reforma tributaria, también contra la desigualdad, la discriminación y la violencia, de cómo les ha afectado el conflicto y la incapacidad del Estado de brindar protección", dijo Guevara.

A su vez, la funcionaria de AI criticó la posibilidad de que el presidente Duque decrete el estado de conmoción interior que, entre otros puntos, le daría poderes excepcionales como expedir leyes o facultades de restringir el derecho de circulación.

En entrevistas con medios nacionales, el mandatario no descartó dicha posibilidad y aseguró que “uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan”.

Guevara aseveró que este tipo de estados de emergencia son contraproducentes en tiempos convulsos. “Lo único que generaría es una situación de altísimo riesgo para las personas que continuarán en las calles. Sería darle una orden, prácticamente, a las fuerzas de seguridad para que continúen perpetrando graves violaciones a los derechos humanos".

"Según organizaciones no gubernamentales, en Colombia se habla de hasta 37 personas que han perdido la vida en el contexto de la represión violenta, se han documentado cientos de casos de violencia policial que incluyen denuncias de tortura y de malo tratos, de violencia sexual, de personas que continúan en paraderos desconocidos, de múltiples detenciones arbitrarias sobre todo a jóvenes que se encuentran manifestándose en diferentes partes del país. Así que el estado de conmoción lo único que haría es, precisamente, generar mayor hostilidad en contra de las personas. Sería un mensaje erróneo de que no hay una posibilidad de diálogo con la ciudadanía”, explicó Guevara.

¿Es necesaria la militarización de ciudades?

El sábado 1 de mayo, Duque ordenó la militarización de las ciudades donde “existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”. Según el mandatario, la asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hasta que “cesen los hechos de grave alteración del orden público”.

Al respecto, Guevara expresó su preocupación por el anuncio de la presencia militar en centro urbanos. “Sin duda alguna el Estado tiene la responsabilidad de investigar aquella violencia generada por terceros, aquellos delitos que cometen otras personas, inclusive manifestantes que pueden utilizar la violencia, pero eso en sí mismo no hace que las protestas sean violentas. Lo que nosotros desde Amnistía Internacional hemos documentado en estos días es que las violaciones a los derechos humanos son en contra de personas que se están manifestando pacíficamente. Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad hacen uso de armas letales y armas menos letales de forma indiscriminada con el único fin de dispersar las protestas y de castigar a quienes están en las calles".

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En este sentido, Guevara añadió que estos llamados a la militarización como respuesta a la crisis están generando contextos de altísimo riesgo en contra de los manifestantes, no solo por parte del Ejército, sino sobre todo de la Policía.

El pasado miércoles 5 de mayo un manifestante fue baleado en la ciudad de Pereira, Risaralda. Lucas Villa, quien se encontraba protestando en el viaducto que conecta a Pereira con el municipio de Dosquebradas, recibió ocho disparos de individuos vestidos de civil.

Horas antes de que esto ocurriera, el alcalde de la capital risaraldense, Carlos Maya, dijo lo siguiente: "Vamos a convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana".

Frente a esto, Guevara manifestó que "en un país en donde lamentablemente hemos documentado por años la tragedia que ha implicado (la presencia de) los cuerpos paraestatales, en el caso de Colombia, cuerpos paramilitares, es sumamente peligroso que un alcalde se atreva a sugerir esto. En ese sentido, hago un llamado a las autoridades para que consideren la responsabilidad que tiene esta narrativa (...) en un contexto donde la violación de los derechos humanos lamentablemente está convertida en la norma".

Muertos, heridos y desaparecidos

La Defensoría del Pueblo colombiana reportó que 26 personas han muerto durante el estallido social de los últimos días y 145 están desaparecidas.

Mientras que Temblores ONG puntualizó que 37 personas han sido víctimas de “violencia homicida”, se han reportado 934 detenciones arbitrarias y 11 civiles han sido violentados sexualmente por parte de la fuerza pública.

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El miércoles 5 de mayo, esta ONG se reunió con la Misión de Observación de la ONU, donde hicieron varias solicitudes: instalar una comisión de seguimiento de casos de violencia policial, que la Misión participe en los Puestos de Mando Unificado (PMU) para constatar la situación de violencia policial en tiempo real y que realice un informe en el que inste al Gobierno colombiano a un alto al fuego, que sirva para proteger y garantizar la vida y la integridad de los manifestantes.

Así las cosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional detalló que “es muy preocupante la incapacidad que tienen las instituciones autónomas del Estado como la Defensoría del Pueblo y la propia Fiscalía. En el caso de la Fiscalía de hacer unas investigaciones imparciales y expeditas para mandar un mensaje contundente de que la impunidad no será la norma".

Asimismo, Guevara concluyó que "es importante mencionar que los crímenes del derecho internacional que hemos documentado desde el 28 de abril no se tratan de hechos aislados o esporádicos. Han respondido a un patrón consistente a violaciones a los DDHH en diferentes partes de Colombia, lo que nos lleva a sugerir que efectivamente se está intentado dispersar estas manifestaciones de forma violenta”.