En la antesala a las elecciones de marzo en Colombia, quizá las más decisivas de los últimos años; en medio de un renacer del conflicto armado, tras más de cinco años de la firma de un acuerdo de paz, y ahora, en medio de un tenso paro armado de la guerrilla del ELN, la situación para los líderes sociales, campesinos, defensores y defensoras de derechos humanos del departamento de Arauca es de las más dramáticas en años.

El atentado con carro bomba el 19 de enero pasado en una de las principales ciudades, Saravena, contra el edificio Héctor Alirio Martínez, sede de varias organizaciones sociales departamentales, no solo reactiva los miedos de una población que había dejado a un lado temporalmente la violencia debido a la relativa tranquilidad experimentada tras firma de la paz en 2016. 

Pero también evidencia las luchas que los diferentes sectores sociales y organizaciones comunitarias realizan a diario, desde los sectores campesinos- colonizadores de estas ricas tierras limítrofes del Sarare, a finales de los años 50 y comienzos de los 60- colectivos empresariales, estudiantiles, indígenas y de mujeres víctimas del conflicto, que gracias a su unión han logrado crear obras para su comunidad, como la Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS E.S.P), que surte de agua potable y gas natural a casi 60 mil habitantes de la ciudad.

La explosión dejó una persona muerta, el vigilante Simeón Delgado, y veinte más heridas, en un ataque terrorista dirigido contra más de nueve organizaciones que tienen sus oficinas en el edificio, como la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (Amar), asociaciones de estudiantes, la fundación de derechos humanos Joel Sierra, la CUT Arauca, entre otras, además de empresas aledañas como la emisora comunitaria Sarare Estéreo, el SENA o el ICA.

Según los representantes de algunas de esas organizaciones, con las cuales la Agencia Anadolu pudo conversar hace unos días, en solo este año han asesinado a cinco líderes sociales y un defensor de Derechos Humanos.

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En el 2021, según denuncian las organizaciones, fueron muertas 80 personas y algo más de 250 familias desplazadas, altas cifras para un departamento de algo más de 282 mil personas, en su mayoría viviendo en siete municipios y sus áreas rurales.

Gracias a la ayuda de la ONG Somos Defensores, creada para “prevenir agresiones y proteger la vida” de los que “resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia sociopolítica”, diversos medios de comunicación hablamos con algunos líderes que se encuentran con miedo pero enfrentando una nueva ola del conflicto armado que se niega a desaparecer, especialmente en la mente y corazones de sus habitantes.

Una nueva etapa de conflicto

La violencia es atribuida por algunos arauqueños a la reactivación de la disputa entre las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que esta semana finalizó un paro armado en todo el país, donde se quemaron vehículos, hubo restricciones a la movilidad en sectores rurales y a través de redes se exhibió algún poderío militar en calles de algunas ciudades intermedias. 

Otros señalan al mismo Gobierno nacional, como lo sentencia un líder social de Arauca: “Aquí tiene responsabilidad el Estado colombiano porque este hecho (carro bomba) es de un grupo que se denomina disidencias de las Farc pero realmente es un grupo paramilitar que actúa de acuerdo a los intereses del Gobierno”.

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Medidas de control ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento colombiano de Arauca

O como lo afirma Emiro Goyeneche, director de la emisora comunitaria Sarare Estéreo, quien habla de que después de un periodo de relativa calma tras la firma de la paz, “se quiere nuevamente implementar la guerra sucia de Estado para sacar a las comunidades organizadas, imponer lo que el Estado quiere… Ustedes ven lo único que manda el estado es bota militar, acabar con el tejido social que resistimos ante el proceso de explotación petrolera”.

La situación es muy dramática según el personero de Saravena, José Luis Lazo Fontecha. Entre lágrimas afirma “yo he vivido y he visto el temor de la gente”. Relata que en tan solo el primer mes de 2022 ha recibido más de 200 declaraciones de víctimas de desplazamiento forzado, amenazas y muertes, casi el mismo número que se recibe en un año entero. Habla de que cada día puede llegar a tomar ocho declaraciones de víctimas.

Visiblemente afectado, Lazo Fontecha agrega “es difícil continuar cuando se pierde a un hijo, a un familiar, es difícil escuchar todas esas narraciones”. Confiesa que él ha tenido que ayudar a salir de urgencia de la región a más de una docena de familias. Muchos presidentes de Juntas de Acción Comunal han tenido que abandonar el municipio.

Lazo Fontecha señala que finalizando enero se ha superado ampliamente la cifra de 30 homicidios solo en Saravena, zona rural y urbana. 

Habla de 86 muertes violentas en este periodo en todo el departamento, citando cifras del Gobierno colombiano, sin embargo, dice que no pretende estigmatizar a todas víctimas como ‘bandidos de uno u otro bando’, según lo mencionado por algunos funcionarios del Gobierno, porque “prácticamente termina justificando lo que están haciendo los grupos armados”.

Lamenta que por parte del Gobierno no haya atención psicológica de las personas, especialmente de los funcionarios públicos en terreno, como aquellos que se vieron afectados por el atentado del 19 de enero, por ejemplo. 

El gremio de Asonalca se queja que la explosión de una camioneta blanca aquella noche a mediados de enero se dio “pese a la militarización” y a que la sede social está a dos cuadras del anillo de seguridad de la policía”. 

El hecho había antecedido a unas las¡¡ amenazas de alias Antonio Medina, del frente 28, contra líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, de empresas comunitarias como la de acueducto y gas natural. Posteriormente ocurre el atentado terrorista del 19 de enero.


El pasado en presente en Arauca

Para Pedro Antonio Camargo, uno de los líderes históricos, la constante ha sido la lucha campesinas en el departamento, desde los paros cívicos del 72, a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, hasta la disputa actual por defender lo que denominan su “plan de vida”. 

“Estamos avanzando en los territorios campesinos agroalimentarios, que es producir la comida en lugar de que nos arrasen en nuestros campos como lo hicieron con Caño Limón”. Recuerda la “epidemia” que llegó en los años 80, con el narcotráfico y el boom petrolero, “lo que trajo a las comunidades fue miseria, descomposición social y un atraso absoluto, la corrupción que llegó al departamento”.

La unión de los diversos colectivos se basa en la lucha por la productividad, ya que “los seres vivos no comemos petróleo”. Relata que en esta región poco ha sido construido con la ayuda del Estado, más bien producto de la lucha organizativa de los campesinos. 

Afirma que no es gratuito que se hayan “constituido en la piedra en el zapato para todos los Gobiernos”, lo que a la postre ha implicado para las organizaciones que los intenten callar, la cárcel, el destierro, inclusive la muerte.

Para Camargo las luchas reivindicativas de años, desde su llegada a la región, para exigir la educación, la salud, vías, la comercialización de la producción los ha llevado a la estigmatización. 

Otros líderes como Carlos Alberto Núñez afirman que por eso ocurrió lo del carro bomba, contra las “instalaciones de un pueblo”, una construcción de varios años. 

Según Núñez, el 9 de enero en un audio atribuido a un supuesto cabecilla del frente 28 de las disidencias, Antonio Medina, líderes comunales, sociales y los proyectos de los colectivos fueron tachados de simpatizantes del ELN y declarados objetivo militar. Según cuentan algunos, Medina dice en la grabación que “la idea es volar esos negocios…”

Como afirma el docente de la Universidad Nacional y periodista Víctor de Currea-Lugo, en reciente artículo titulado ¿Qué puede estar pasando en Arauca?, “el conflicto de Arauca, como Roma, no se construyó en un día. A nivel estructural se requieren respuestas que van mucho más allá de la guerra contra el terror, para atender el conflicto social araucano. Estos elementos pueden tener contraargumentos, pero no puede ser la narrativa simplista de que se trata de mafias armadas peleando por el control del territorio”.

Agrega que en los últimos años se han disparado las actividades de exploración de petróleo, “en los municipios del occidente del departamento: Saravena, Fortul, Tame y Arauquita. Este no es un dato más, sino una variable central al analizar la región en términos tanto políticos como militares”.

Pero esa búsqueda por entender el drama de hoy en el departamento a través de su historia de conflicto y luchas sociales, también se puede ver cómo la guerra del pasado abre espacio para nuevas luchas colectivas en el presente, como en el caso de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (Amar), una organización que según una de sus integrantes surgió de la “necesidad” de unirse ante la ausencia de muchos hombres, que en el 2002, fueron capturados en redadas masivas del Gobierno de la política de seguridad democrática, presidida por el expresidente Álvaro Uribe, señalados de pertenecer o colaborar con grupos armados ilegales.

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Según un informe de DDHH en Arauca, publicado en 2002 por José Rusbel Lara, “se vieron afectadas las libertades individuales, pues se registraron 342 detenciones ilegales, la mayoría de ellas masivas como las ocurridas en Arauquita (204), Saravena (98) y Arauca (40)”.

Así lo corrobora Emiro Goyeneche, con 27 años de experiencia en la radio regional, que en ese periodo estuvo tres años detenido bajo esas capturas masivas.

Aquí surge Amar, cuando ante la ausencia de sus esposos y compañeros presos, muchos ilegalmente, se generó la oportunidad de unirse a unas pocas mujeres para defender a los hombres encarcelados y los derechos de sus familias. Según la presidenta de Amar, Claudia Vera, en el departamento hay 2450 mujeres pertenecientes a la asociación, 950 de ellas en Saravena, que colaboran con las otras organizaciones que se vieron afectadas por el atentado al edificio. 

“Es que nunca había pasado nada tan macabro como lo que está pasando ahorita”, asegura.

Según el personero de Saravena, lo que se le pide al Gobierno no es tan difícil, “no queremos subsidios, generar lástima, o una renta y sentarnos a esperar que la vida pase… La gente tiene proyectos de vida, sobre todo aquí que ha construido proyectos comunitarios, que nacen de esas juntas de acción comunal que se reúnen y dicen vamos a poner 10 mil pesos…ponen su esfuerzo y han construido incluso empresas, como la de aseo aquí, a pesar de la estigmatización”.