Asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc no paran durante la cuarentena en Colombia

Por: Sergio García Hernández

A la violencia en Colombia no la detiene el aislamiento social decretado por el gobierno de Iván Duque desde el pasado 24 de marzo para detener la propagación del coronavirus (COVID-19).

Desde entonces, seis líderes sociales y cinco excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc fueron asesinados en sus casas, frente a sus familias y mientras intentaban protegerse de la pandemia, según menciona Leonardo González, coordinador de la unidad de investigación de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz (Indepaz).

Igualmente la ONG registra los homicidios sucedidos desde el pasado 6 de marzo, cuando se presentó el primer caso de coronavirus en Colombia y el foco del Estado y de las cámaras se volcó a la emergencia sanitaria. Desde ese día en total, han sido asesinados 15 líderes sociales y ocho excombatientes.

La persistencia de los crímenes en medio de la pandemia se explica, según González, en que los sicarios, asociados a grupos armados, se movilizan con facilidad en motocicletas y se hace más difícil detectarlos. 

Afirmó, además, que la fuerza pública puede estar priorizando operaciones propias de la cuarentena, como la protección a carreteras y a los transportadores de alimentos, con lo que su presencia en zonas donde se encuentran los grupos armados ilegales habría disminuido.

“Los grupos armados y la economía ilegal no paran sus actividades por la calamidad que estamos viviendo por el coronavirus. Ellos siguen operando”, lamenta el representante de Indepaz ante la Agencia Anadolu.

La ausencia de información sobre la violencia en las regiones colombianas en medio de la emergencia sanitaria también preocupa a Indepaz. “Los medios de comunicación están más enfocados en cubrir el tema del coronavirus y hay muy poca difusión de los recientes asesinatos”, indica González.

La lista de líderes sociales asesinados durante la cuarentena incluye a Carlota Salinas, quien integraba la ONG Organización Femenina Popular, desde donde impulsaba proyectos productivos de grupos de mujeres de la zona en la que vivía.

“Nuevamente nos duele su asesinato que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016”, mencionó la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), luego de su muerte.

Los indígenas Omar Guasiruma y Samper Guasiruma también integran la lista de líderes muertos en medio de la emergencia que ha provocado la pandemia. En el momento de su homicidio otras dos personas quedaron heridas.

“Los dos líderes indígenas asesinados y los dos heridos pertenecen a una misma familia y se encontraban en su vivienda acatando la orden de cuarentena”, mencionó en sus redes sociales la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Alejandro Carvajal, un joven campesino relacionado con la organización Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), murió al parecer como resultado del disparo de un soldado en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander. La prensa local señala que el joven se oponía a erradicaciones forzadas que estaba haciendo el Ejército en la zona.

El Ejército se pronunció y señaló que la muerte se dio en el desarrollo de operaciones de control territorial y que ante lo sucedido se abrió una investigación interna, según el diario regional La Opinión.

Luis Soto, exconcejal del municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba, fue otro de los líderes sociales asesinados en la cuarentena. La víctima más reciente, el pasado 4 de abril, fue un hombre identificado como Hamilton, quien fue muerto junto a dos de sus hijos en la vereda La Consolata, municipio de Piamonte, en Cauca (suroccidente del país).

Ante los asesinatos, la Defensoría del Pueblo lamentó que los actores armados asedien a la población civil en tiempos de la emergencia sanitaria causada por COVID-19, “desconociendo abiertamente el principio humanitario”.

Indepaz contabiliza como asesinados en lo corrido de este año, 23 excombatientes y 72 líderes sociales, a quienes describe como personas que representan o hacen parte de una organización que busca el reconocimiento de los derechos humanos y que defiende los intereses de ciertas comunidades.

Para González, los grupos armados y sus homicidios tienen el objetivo de atacar a las organizaciones sociales que ponen en riesgo sus actividades delincuenciales, incluso, sin importar o tener precisión sobre las tareas de las personas a las que le arrebatan la vida.

“La forma de atacar a la organización es asesinando al líder o a la persona que hace parte de ella”, precisa el investigador.

El ataque a líderes sociales y excombatientes de las Farc ha ensombrecido al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 en Colombia.

El más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, publicado el pasado 26 de marzo, indicó que la cifra total de exmiembros de las Farc asesinados, desde la firma del acuerdo, asciende a 190.

“Aproximadamente el 73% de los asesinatos de excombatientes se han producido en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la proliferación de organizaciones criminales”, describe el informe.

Las cifras sobre líderes sociales que maneja la ONU tampoco son alentadoras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró en su informe anual, publicado el pasado 26 de febrero, que en 2019 fueron muertos 108 líderes en Colombia.

Entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, el ACNUDH recibió además, 56 denuncias de asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos, entre los que hay seis que han sido verificados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia a mediados de enero indicó, que cerca de 555 líderes sociales fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el pasado mes de diciembre. La entidad, además, registró 134 asesinatos en 2019, traducido en 26 más que los verificados por Naciones Unidas.

“Son homicidios que dejan una honda herida a la democracia y los derechos humanos de Colombia", afirmó el defensor del pueblo Carlos Negret, para quien más allá que contar los homicidios, se debe trabajar en evitarlos.

Debido a la diversidad de cifras y denuncias, la Fiscalía General en Colombia reconoció en un informe presentado el pasado febrero que el esclarecimiento de los asesinatos de líderes es uno de sus grandes retos. “Es necesario mejorar los resultados en el esclarecimiento de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en casos reportados por fuentes de información diferentes a la ONU”, reconoció la entidad.

Ante dicha situación, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) le pide este miércoles al Gobierno que tome medidas urgentes relacionadas con el conflicto durante la pandemia, especialmente para defensores de derechos humanos. 

“Se ha denunciado que grupos armados ilegales, incluyendo grupos paramilitares y nuevos grupos formados por disidentes de la guerrilla de las FARC-EP, están aprovechado la pandemia para cometer acciones ilegales con mayor libertad, principalmente en áreas rurales del país”, indica la organización. 

La CIJ advierte, además, que en los últimos días se presentó el desplazamiento forzado de 250 personas y el confinamiento de 770 familias por los combates entre un grupo paramilitar y un grupo guerrillero a los cuales no identifica. “Ambas acciones tuvieron lugar en la región pacífica del país”, detalló. 

En la zona, las comunidades han denunciado enfrentamientos entre el ELN y El Clan del Golfo. 

“A pesar de la gravedad de la situación anteriormente descrita, la respuesta del Gobierno colombiano a la crisis provocada por el COVID-19 se ha centrado en la creación e implementación de medidas no relacionadas con el conflicto”, resalta la CIJ.

Para la organización, es fundamental que Colombia reconozca la importancia del conflicto para hacer frente a las implicaciones en los derechos humanos creadas por las crisis del coronavirus. 

Más allá de las cifras, el asesinato de líderes y excombatientes es una gran deuda del proceso de paz de 2016, que no se salda ni en tiempos de pandemia.