Avanza por primera vez en el Congreso de Colombia debate para la regulación de la hoja de coca y sus derivados

La Comisión Primera del Senado de Colombia inició el debate, el miércoles 14 de abril, del Proyecto de ley número 236 de 2020, por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados. La votación se llevará a cabo el próximo martes 20 de abril.

El proyecto presentado por los senadores Iván Marulanda (Partido Alianza Verde) y Feliciano Valencia Medina (Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS–) inició su trámite legislativo el pasado 25 de agosto, cuando se radicó la iniciativa con la firma de 21 congresistas de diferentes partidos políticos y en el marco de la alianza multipartidista por un cambio de la política de drogas en Colombia.

De acuerdo con los ponentes, con la regulación se busca reducir los daños asociados al narcotráfico, al permitir que sea el Estado quien tenga el control de un mercado dominado por estructuras criminales. Además, permitiría descriminalizar a los consumidores y salvaguardar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre la planta de coca.

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“La enorme problemática de estos tiempos (narcotráfico), en lo que concierne a Colombia, está en manos de nosotros, los congresistas y la dirigencia política de este país. En la medida en que manejemos esta situación con inteligencia y con acierto, el destino de esta nación va a ser promisorio. Pero no será posible si continuamos en la equivocación de una política que lleva 50 años y que ha producido un enorme desastre en esta sociedad”, dijo Marulanda.

“El proyecto pretende quitarle la materia prima a los productores que manufacturan la cocaína, que exportan el 90% de la droga que se consume en el mundo. Comprarles a los campesinos la cosecha de hoja de coca a precios de mercado cuesta mucho menos que los programas de erradicación, que cuestan 4 billones de pesos al año, mientras que la compra costaría 2,3 billones. Y nos ahorraríamos esa matanza tan horrorosa de policías, soldados y ciudadanos”, agregó.

Esta iniciativa propone una regulación que distingue el tipo de producto (psicoactivo o no psicoactivo), el tipo de uso (problemático, no problemático, científico y farmacéutico) y la etapa en la cadena de valor (cultivo, transformación, distribución, comercialización y consumo).

De acuerdo con el senador del Partido Verde, el Estado compraría la hoja de coca a precios de mercado, con esta se produciría cocaína pura, pero solamente para los consumidores colombianos. Estos consumidores estarían incluidos en un registro del Ministerio de Salud y en el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y, con base en un diagnóstico clínico, el Estado les entregaría una dosis personal.

El resto de la hoja de coca se entregaría a los sectores productivos, principalmente fabricas ancestrales y artesanales propias de la cultura indígena, para la producción de alimentos, bebidas, cosméticos y medicinas. También se destinaría para la producción de abono y para investigación científica.

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“El objetivo es poner en debate en el Congreso y la sociedad la necesidad de transformar la política antidrogas... Estamos conscientes de los profundos problemas que la prohibición ha acarreado sobre los pueblos indígenas y la población colombiana en general. Las mafias criminales, que se han apoderado del narcotráfico, que se lucran de este negocio, han criminalizado la planta de coca. Se han apoderado de un elemento cultural y espiritual que tiene bondades ancestrales, y lo volvieron algo ilícito y lesivo para la humanidad”, afirmó Valencia.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático (partido de Gobierno), entre otros legisladores, se manifestó en desacuerdo con el proyecto de ley. “La coca es una droga dura, no estamos hablando de algo que sea fácil de controlar para un consumidor recurrente. Tiene un altísimo nivel de dependencia (…) sería magnífico que se despenalizara el consumo si en realidad no generara una afectación social, pero si fuera así no tendríamos problemas de violencia ni de deterioro del núcleo familiar”, aseveró.

El pasado lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó un decreto que regula la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos ilícitos en el país. Tras la autorización presidencial, resta que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que esta práctica se haga efectiva.

El director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suarez Castaño, anunció este miércoles la decisión de modificar el plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato. La aprobación por parte de la Anla es uno de los requisitos que había establecido la Alta Corte.

Colombia suspendió en 2015 la aspersión aérea con glifosato tras acogerse a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó sobre los potenciales daños que puede generar el herbicida en las personas y el medio ambiente.