Por: Gabriel Toueg

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó este martes 29 de junio un decreto que prohíbe durante 120 días los incendios con fines agrícolas no autorizados.

Con la medida, el Gobierno de Bolsonaro busca mostrar avances en la protección del medioambiente ante los inversores extranjeros y la administración del presidente de EEUU, Joe Biden.

El decreto también fue firmado por el nuevo ministro de Medio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, quien asumió el cargo luego de que Ricardo Salles renunciara la semana pasada por motivos personales.

Salles tiene prohibido salir del país luego de ser acusado de interferir en las investigaciones sobre deforestación y talas ilegales en la Amazonía.

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La decisión de prohibir los incendios no tiene precedentes. En 2019, durante un aumento de incendios, especialmente en la Amazonía, se suspendieron los incendios con fines agrícolas por 60 días, de agosto a septiembre, cuando la sequía es más severa en la región. El año pasado se anunció una decisión similar, con una suspensión de cuatro meses.

A pesar de los decretos, hubo pocos avances en la protección del Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, donde la deforestación en 2020 alcanzó el nivel más alto de los últimos 12 años.

En otra acción para prevenir los delitos ambientales, el Gobierno firmó el decreto de Garantía de Ley y el Orden (GLO) por medio del cual se autoriza el despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas en los estados de Pará, Amazonas, Mato Grosso y Rondonia hasta finales de agosto para combatir los delitos ambientales.

Los militares trabajarán en municipios específicos que enfrentan una situación problemática y en áreas federales, como tierras indígenas y unidades de conservación, según indicó el Gobierno.

De acuerdo con el decreto, se pueden desplegar tropas en otros lugares, pero el gobernador del estado deberá hacer una solicitud a la oficina del presidente.

En ese momento, Brasil enfrenta fuertes críticas internacionales debido a la política ambiental de Bolsonaro, marcada por la desregulación, el aumento de la deforestación en la Amazonía y una retórica agresiva contra los líderes indígenas y las ONG.

*Juan Felipe Vélez Rojas contribuyó con la redacción de esta nota.