Cientos de nicaragüenses no han podido regresar a su país pese a su política “de puertas abiertas”

Por: Wilfredo Miranda Aburto

José Méndez no pudo más en El Salvador. El alargamiento del confinamiento decretado por el gobierno de Nayib Bukele debido al COVID-19 provocó que perdiera su trabajo en el sector de la construcción. Sin más dinero para mantenerse, decidió regresar a su país natal: Nicaragua. Lo que no esperó era que la administración de Daniel Ortega le impidiera llegar a casa.

Méndez llegó el sábado 18 de abril a la frontera de El Guasaule, junto con un grupo de 91 nicaragüenses, quienes trabajaban en los sectores de comercio informal y agrícola en El Salvador, donde la estricta cuarentena impuesta desplomó el mercado laboral. Ante las carencias económicas, los migrantes prefieren sortear la epidemia del COVID-19 en Nicaragua, junto con sus familias.

“Me regresé porque todos los proyectos cerraron en El Salvador… solo quedaron abiertos hospitales, farmacias, gasolineras, policías y otras pocas instituciones”, le dijo Méndez a la Agencia Anadolu. “No nos podíamos quedar allá, porque todos los precios son en dólares”, explicó.

Este grupo de nicaragüenses atravesó sin problemas Honduras, pero cuando llegó al puente de El Guasaule en un autobús, las autoridades migratorias de su propio país les cortaron el paso.

Méndez se sorprendió, puesto que en las noticias vio que el gobierno de Ortega no había declarado cuarentena en Nicaragua, ni mucho menos cerrado las fronteras terrestres, aéreas ni marítimas.

Hasta el momento, el gobierno de Ortega solo reporta 10 casos positivos de COVID-19 y dos fallecidos en el país, pero epidemiólogos ponen en duda las estadísticas debido a la falta de transparencia que ha habido en el manejo de la pandemia.

Cuarentena para viajeros

Aunque las autoridades sanitarias de Nicaragua ordenaron el pasado 23 de marzo que las personas que llegaban desde países con COVID-19 debían entrar en cuarentena, esta medida solo establece que los viajeros deben quedarse 14 días en casa, mas no indica que se les prohibirá la entrada al país, mucho menos a nicaragüenses.

“Contratamos un bus con los últimos centavos. Estamos sobre el puente del Guasaule, en tierra de nadie”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, uno de los nicas varados en Honduras. Los nicaragüenses levantaron un campamento improvisado en el puente mientras esperan una respuesta del gobierno de Ortega.

Un grupo conformado por la diáspora nicaragüense pidió a distintas organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que intervenga en nombre de los migrantes económicos varados.

“El grupo está integrado por mujeres y hombres que trabajaban en los departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután, en El Salvador, pero que ante a la emergencia suscitada por la pandemia del COVID-19 se quedaron sin empleo y entonces decidieron buscar cómo regresar a su país tras 27 días varados en La Unión”, dice el comunicado del grupo ‘Nicaragüenses en el Mundo’.

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Más nicaragüenses que no pueden retornar

El grupo de migrantes económicos varados en El Guasaule no son los únicos nicaragüenses a quienes el gobierno de Ortega les impide retornar en medio de la pandemia del coronavirus.

Este fin de semana, la aerolínea Cayman Airways informó que las autoridades aeroportuarias de Nicaragua prohibieron que dos de sus vuelos aterrizaran en Managua. Los aviones de la aerolínea caribeña repatriarían a 160 nicaragüenses.

Cayman Airways tuvo que cancelar los boletos a los nicaragüenses ante la prohibición. Rody Hansack Ordóñez denunció en un video que sus compatriotas en Islas Caimán están desesperados porque están sin techo, desempleados y se quedan sin alimentos.

Mientras tanto en Panamá, uno de los países centroamericanos más afectados por el COVID-19, unos 200 migrantes económicos nicaragüenses solicitaron al consulado de su país ayuda para retornar a casa, pero obtuvieron una respuesta negativa. “No tenemos obligación de repatriarlos”, le contestó el embajador del gobierno sandinista, Ernesto Ortega Rodríguez, a uno de los solicitantes.

Hasta ahora, el gobierno de Ortega no ha dicho nada con respecto a su decisión de impedir la entrada de estos 452 nicaragüenses. Pese a que muchos países han fletado aviones para repatriar a los suyos, en Managua la decisión parece ir en contravía de la de otros gobiernos de la región y de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó esta semana a los países de América Latina a abrir sus fronteras y permitir el regreso de sus conciudadanos varados en naciones extranjeras, así como a dotarles de atención sanitaria y otros derechos. “En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia“, afirmó Bachelet.

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OIM asiste en El Guasaule

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se enteró de la situación de los migrantes en el puente de El Guasaule y les brindó ayuda a los nicaragüenses varados. Les brindaron apoyo logístico y financiero para retornar, mientras que el departamento hondureño de La Unión les proporcionó un albergue.

“Los migrantes laborales vieron afectados sus ingresos por la cuarentena decretada a raíz de la pandemia por el COVID-19 y no tienen los recursos necesarios para retornar a su país”, dijo un portavoz de la OIM.

Pese a la gestión de la OIM, el gobierno de Ortega no ha abierto la frontera para sus nacionales. La desesperación comenzó a desbordar a José Méndez, y este martes 21 de abril cruzó a Nicaragua a través de un “punto ciego” para evitar a los policías nicaragüenses.

“Aunque estoy claro del riesgo, debía cruzarme. No voy a vivir en ese puente un mes, ni pasaré hambre en Honduras. Ya en mi país busco qué hacer con mi gente”, dijo Méndez.