Clínicas privadas en Brasil se lanzan a la compra masiva de vacunas y generan temor en la salud pública
Empresas particulares brasileñas establecieron negociaciones para adquirir el inmunizante fabricado en India y el sector público alerta sobre la 'desigualdad' y los 'atrasos'.

SAO PAULO, Brasil
Mientras el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunciaba la eficacia del 78% obtenida por la Coronavac (después corregida para 50,38%), la vacuna de origen chino a la que apuesta como triunfo político frente a su principal rival, el presidente Jair Bolsonaro, Brasil supera las 205.000 muertes por COVID-19 en el país.
“Conseguimos la vacuna de Brasil, la que va a salvar a millones de brasileños. La tenemos aquí, y ya estamos en condiciones de comenzar a usarla”, dijo Doria. Apenas unas horas después del acto del mandatario paulista, el Ministerio de Salud brasileño se reunió con los técnicos encargados del resto de los estados para avisarles que deberán estar preparados para recibir, durante la última semana de enero, las 2.000.000 de dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, de desarrollo británico, elaborada en India por el Serum Institute (SII) bajo la marca Covishield.
La credibilidad del ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazuello, fue puesta en duda por los especialistas de Sao Paulo, quienes consideran que el Gobierno federal, liderado por Bolsonaro, no conseguirá comenzar con el plan de vacunación antes del 25 de enero, fecha que Doria estipuló para comenzar con la campaña en el estado más poblado de Brasil. Fuera de Sao Paulo, los demás gobernadores confían en que Pazuello le ganará la carrera a Doria; al menos, con el comienzo de la aplicación de las dosis para una pequeña porción de la población, algo “casi simbólico”.
Lo cierto es que, en medio de la batalla por las vacunas entre el estado de Sao Paulo y el Gobierno Federal, o Doria vs. Bolsonaro/Pazuello, existe también una puja por la importación de vacunas entre los sectores público y privado de la salud en el país. Después de recibir la información de que una comitiva formada por representantes de clínicas particulares brasileñas de vacunación viajó a India para negociar la compra de 5.000.000 de dosis de la Covaxin, vacuna fabricada en ese país asiático, se generó un debate ético, ya que los especialistas en salud pública entienden que, por tratarse de una vacuna que tiene poca disponibilidad en el mundo, la oferta dentro del sector privado puede generar una disputa con el Sistema Único de Salud (SUS), aumentando las desigualdades y atrasando la inmunización de los grupos prioritarios.
Ver también: Brasil anuncia que algunas dosis de la vacuna contra la COVID-19 llegarían desde India en enero
Por otro lado, las clínicas privadas, por medio de sus representantes, argumentan que no tienen como objetivo “competir con el SUS, sino complementar la oferta disponible” y ofrecer el inmunizante, por ejemplo, a quienes no están incluidos en los grupos prioritarios previstos dentro del Plan Nacional de Vacunación. Además, existe un empuje desde algunos sectores económicos para que esto suceda, ya que consideran que puede ser una forma de reactivar la economía. Inclusive, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) evalúa financiar la campaña de vacunación para un grupo de trabajadores de entre 20 y 50 años, con acceso a la medicina privada.
“Siempre complementamos la cobertura de vacunas del SUS. Nuestro objetivo es colaborar con ellos. El papel que cumplimos, según lo entendemos, es más para ayudar a la oferta pública que para perjudicarla. Entendemos que así llegaremos más rápido a disminuir la circulación del virus en el país. Queremos darle una mano al Gobierno, y no al contrario”, dijo Geraldo Barbosa, presidente de la Asociación Brasileña de las Clínicas de Vacunas (ABCVac).
Sin embargo, los especialistas en salud pública ven en la iniciativa del sector privado un enorme riesgo de competencia. “Los esfuerzos de los privados no pueden, de ninguna manera, obstaculizar la gestión pública. Entendemos que la prioridad número uno es que todos puedan acceder a la vacuna. En teoría, tener una vacuna disponible en la red privada no debería afectar tanto a la oferta pública, pero son tiempos de mucha cautela y el diálogo se hace más que necesario”, opina Isabella Ballalai, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIM).
El abogado y especialista en salud pública, Daniel Wang, no es tan cauteloso a la hora de expresarse acerca de la iniciativa privada. “Actualmente, vemos una escasez absoluta de la vacuna. Lo que se dirige al mercado privado, deja de ir hacia lo público. Eso es muy diferente a otros casos, en los cuales el mercado aumenta la oferta”, explica el profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
“Si hubiese un sobrante de vacunas en el sector público, la vacunación privada sería algo lógico; pero en el contexto actual, con todos los gobiernos peleando por algunas dosis, no lo veo razonable”, agregó Wang.
“No podemos separar a los brasileños entre los que pueden o no pueden pagar para acceder a la vacuna”, sostiene Tulio Franco, doctor en Salud Colectiva por la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). “Si hay algo que aprendimos con el virus es que nadie se puede salvar solo. Si solo un grupo se vacuna y cree que por eso está a salvo, está muy equivocado. Necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño; para ello, es fundamental que toda o casi toda la población esté vacunada”, explica.
En la misma línea de pensamiento de Franco se encuentra el infectólogo Helio Bacha, consultor de la Sociedad Brasileña de Infectología. “No se puede saltar lugares en la fila. Los privados pueden comprar la vacuna, seguro, pero no podrán aplicarla. Históricamente las clínicas privadas de vacunación siguen las directivas del programa nacional de vacunación. No existe coherencia si se realiza una vacunación para el hombre rico y otra para la masa. Sobre todo, porque no se combate a una pandemia vacunando a los ricos”, asegura el especialista.
“Hay que entender algo que, creo, aún no se entiende. La vacuna no es un remedio y la vacunación necesita una estrategia de prevención colectiva. Si tú la compras, te aplican la vacuna y todo tu entorno no se la aplica, el virus puede mutar y la vacuna no te servirá para nada. Eso es tirar el dinero a la basura”, advierte Ethel Maciel, epidemióloga, enfermera y profesora de la Universidad Federal de Espírito Santo.
Si bien las clínicas de vacunación privada tienen derecho a comprar la cantidad de dosis de las vacunas que crean convenientes, existen algunos puntos importantes a tener en cuenta. “Si las clínicas particulares compran las vacunas antes de que haya una cantidad suficiente en la red pública, las autoridades pueden requisar esas vacunas y distribuirlas en el SUS”, explica Daniel Araújo, investigador del Centro de Estudios en Derecho Sanitario de la Universidad de Sao Paulo (USP). “La requisa administrativa posibilita el uso de servicios o bienes privados por parte del estado en casos de necesidad colectiva”, agrega el abogado.
La ley 13.979/20, mejor conocida como “Ley de la Covid”, le atribuye esa facultad tanto al Ministerio de Salud brasileño como a los gestores locales de salud. “Esta requisa no significa un castigo o sanción contra los intereses privados, sino que se trata de una forma de expropiación prevista en la Constitución y en varias otras leyes cuando entra en juego una necesidad colectiva”, sostiene Araújo.
“No es cuestión de derecha o izquierda, aquí no. A la hora de propagar el virus, el Gobierno está siendo muy competente. Lo hacen de forma deliberada. Entonces, ya que no existe una ofensiva del Gobierno federal para obtener la vacuna y vacunar al pueblo, el sector privado se mete en la conversación, aprovecha el vacío que dejan Bolsonaro y compañía. En otros países, solo vemos maniobras por parte del sector público, y los particulares entrarán después, mucho más adelante”, dice Deisy Ventura, especialista en salud global y profesora de la USP.
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