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Colombia pide a Oficina de DDHH de la ONU tener 'gran cuidado con el manejo de cifras' de las protestas

El Gobierno de Iván Duque había rechazado el informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet, en el que asegura que 54 civiles murieron producto de las protestas. El Estado colombiano reduce esta cifra a 25 fallecidos.

Diego Camilo Carranza Jimenez  | 26.06.2021 - Actualızacıón : 26.06.2021
Colombia pide a Oficina de DDHH de la ONU tener 'gran cuidado con el manejo de cifras' de las protestas BOGOTÁ, COLOMBIA - 25 DE JUNIO: La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez (izq.) da una declaración conjunta con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Juliette de Rivero (der.), luego de una reunión en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, en Bogotá, el 25 de junio de 2021. (Cancillería de Colombia - Handout - Agencia Anadolu).

BOGOTÁ

El Gobierno colombiano le pidió este viernes 25 de junio a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) que tenga “gran cuidado con el manejo de las cifras” relacionadas con casos de violencia y muertes en el marco las protestas antigubernamentales, que iniciaron el pasado 28 de abril.

El pedido lo hizo la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, tras un encuentro con la representante en Colombia de la Oacnudh, Juliette de Rivero.

La administración de Iván Duque rechazó el informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet, en el que asegura que 54 civiles (y dos policías) murieron producto de las protestas.

“Hemos pedido a la doctora Julieth de Riveros y a la Oficina de la Alta Comisionada, tener un gran cuidado con el manejo de las cifras, una gran responsabilidad, porque desafortunadamente como se utilizan las cifras de las alegaciones, 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifras, utilizar las fuentes oficiales, la Fiscalía, también la Defensoría, la Procuraduría y Medicina Legal”, dijo Ramírez en una declaración al término del encuentro.

En contraste, las autoridades colombianas reducen la cifra de muertos en el contexto de las manifestaciones a 25 personas, casos que, según la Casa de Nariño, “está comprobado que su muerte se derivó, se produjo en el marco de las protestas”.

“Todas las demás se están investigando y se tiene que conocer cuál fue la causa de esas muertes, pero es importante seguir este diálogo constructivo”.

De Rivero, por su parte, respondió y afirmó que la delegación de la Oacnudh le está “dando seguimiento a todas las alegaciones” que ha recibido.

“Nosotros le estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido. Hemos acordado que vamos a seguir este diálogo franco y constructivo para ir informando de este trabajo de sistematización que estamos haciendo en relación con estos hechos, tanto con lo que tiene que ver con las afectaciones de Derechos Humanos que ha habido durante este periodo, como las presuntas violaciones”, dijo la representante.

El llamado de Marta Lucía Ramírez se suma a la dura crítica que hizo en días pasados la embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango, quien dijo que Michele Bachelet “se equivoca”.

El lunes, en su discurso inaugural de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), Bachelet aseguró que del 28 de abril al 16 de junio, su oficina registró denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y 2 policías) en el contexto de la protesta, ocurridas principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual.

La alta comisionada expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de “graves violaciones de derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia durante el paro.

 Ver también: Bachelet expresa su preocupación por denuncias de “graves violaciones” de DDHH de las fuerzas armadas colombianas.

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