Este miércoles 28 de abril, miles de personas en Colombia saldrán a las calles durante el paro nacional convocado por sindicatos y movimientos sociales, los cuales demandan el hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno y exigen la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 y el derecho a la salud digna.

El Comando Nacional Unitario (CNU), conformado por diferentes centrales sindicales, dos confederaciones de pensionados y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), manifestó que dicha reforma atenta contra la estabilidad económica de los trabajadores, la clase media y las personas de menores ingresos en el país.

Según el Comando Nacional Unitario, Colombia “requiere de un sistema tributario eficaz, en donde se honre la justicia social, la equidad y la distribución equitativa de la riqueza, y que sean quienes más tienen, quienes más tributen”.

Por medio de un comunicado, el Comando Nacional Unitario remarcó: “Su aspecto social (el de la reforma tributaria) es un engaño desde el título hasta el contenido. Es una burla a la renta básica solicitada. El Programa Ingreso Solidario-PIS, como fórmula de equidad y eliminación de la pobreza, solo trae cifras ridículamente bajas y para un escasísimo sector de la población, pobres y extremadamente pobres para quienes hasta la transferencia es de difícil ejecución”.

“El IVA (impuesto al valor agregado) a los combustibles y a los servicios públicos es otro atraco a todos los colombianos. Cerca de mil pesos (USD 0,28) por galón constituyen una nueva carga económica para los transportadores, los productores y finalmente para los 50 millones de consumidores por el impacto en los productos y en el presupuesto de los hogares con el alza de los servicios”, detalló el CNU.

En tanto, Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le dijo a la Agencia Anadolu que “el 90% de los 27 billones de pesos que dice el Gobierno puede recoger con la reforma que presentó, lo descarga (...) sobre los ciudadanos de a pie. Es una reforma absolutamente regresiva, no contempla el carácter de progresividad que reclama cualquier reforma tributaria en el planeta".

Por su parte, la Procuraduría General y el Ministerio de Salud instaron a los organizadores del paro nacional a considerar el aplazamiento de las movilizaciones debido a la dura crisis sanitaria que vive el país.

En este plano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitó que se priorice el cuidado a la vida y detalló que hay muchas maneras distintas de protestar. “Los organizadores bien pueden hacer plantones virtuales, bien pueden hacer cacerolazos, pero las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida”, dijo la alcaldesa.

Pese a que la mandataria reconoció que la protesta social es un derecho constitucional y que sus causas son legítimas, subrayó que en este tercer pico de la pandemia no se puede arriesgar la vida. “Los dirigentes sociales y políticos que están en campaña también son parte de esta ciudad y esta sociedad y no pueden incrementar un riesgo sino ayudar a mitigarlo”, expresó.

En respuesta, Arias expresó que "el mayor responsable por la pérdida de vidas por el coronavirus en Colombia es el Gobierno. Echarnos responsabilidades a nosotros es una argucia política que ellos pueden mover en los medios, pero en el fondo no es cierta, ni corresponde a la realidad. Nosotros, contrario a lo que piensa todo el mundo, vamos a aplicar los protocolos que el Ministerio de Salud dice que hay que aplicar".

Los organizadores del paro nacional esperan que cerca de 2 millones de personas salgan a manifestarse a nivel nacional.

Colombia suma 2.774.464 casos confirmados, 71.351 muertos y 2.588.204 recuperados del virus.

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