El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación que ha estado viviendo el país durante el paro nacional que inició el pasado 28 de abril.

Un comunicado del órgano estatal señaló que “con documentación en mano, busca informar a sus miembros (de la CIDH) los hechos desarrollados durante los 28 días de protesta”.

La reunión se llevará a cabo este martes 25 de mayo a las 4 p.m. (hora Colombia). En la misma estarán presentes Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, y Joel Hernández García, relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales de la Comisión.

Cabe destacar que el pasado lunes 24 de mayo el Gobierno de Colombia negó la visita de trabajo solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar en terreno la situación de DDHH en el marco de las manifestaciones.

“Tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario (de la OEA, Luis) Almagro. Hemos dicho que todas las visitas (son) bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea de investigar cada uno de los casos”, aseguró la vicepresidente y canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez.

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De acuerdo con la funcionaria, en las próximas semanas se iniciarán las labores y procesos para que tanto la CIDH como la Organización de Estados Americanos (OEA) puedan visitar Colombia y estudien la situación.

Según balances publicados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa con corte al 20 de mayo, las protestas en Colombia dejan hasta ahora 26 personas muertas: los decesos de 15 civiles y un policía están directamente relacionados con el desarrollo de las manifestaciones y 11 están en proceso de verificación.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asegura que hasta el 18 de mayo se habían cometido 2.387 casos de violencia policial y 51 asesinatos durante las manifestaciones , de los cuales 43 “habrían sido asesinados con presunta autoría de la fuerza pública”.​​​​​​​