WASHINGTON DC

Estados Unidos aceleró la venta de armas a Israel a pesar de las preocupaciones internas sobre el mal uso de bombas de fabricación estadounidense y las violaciones de los derechos humanos, incluso cuando las bajas civiles en la Franja de Gaza aumentaron, según una investigación de ProPublica.

Antes y después al ataque del 7 de octubre de Hamás, funcionarios del Departamento de Estado instaron a la administración de Biden a detener o restringir las ventas de armas a Israel, citando leyes en contra de armar a naciones con un patrón de violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, altos funcionarios de la administración desestimaron repetidamente esas apelaciones, según el informe, que citó cables, correos electrónicos y entrevistas filtradas.

A finales de enero, cuando el número de muertos había alcanzado los 25.000 en Gaza, el embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, presionó al Departamento de Estado para que aprobara una solicitud de Israel de 3.000 bombas adicionales, incluidas las GBU-39, a pesar de las advertencias internas sobre bajas civiles y ataques israelíes a viviendas, incluidas las del personal de la embajada palestina.

Altos funcionarios de la administración Biden, incluido el secretario de Estado Antony Blinken, reconocieron el sufrimiento de los civiles en Gaza en ese momento, pero defendieron el derecho de Israel a defenderse tras el ataque de Hamás.

Un portavoz del Departamento de Estado defendió las transferencias de armas, argumentando que se llevaron a cabo con el aporte de varias agencias, e insistió en que Lew priorizó minimizar el daño a los civiles mientras trabajaba por un alto el fuego.

Un portavoz del Gobierno israelí tachó de “sesgada” la investigación por retratar las relaciones diplomáticas normales entre Israel y los funcionarios estadounidenses como inapropiadas.

La investigación también revela que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén priorizó eximir a Israel del escrutinio y facilitar la venta de armas, resistiéndose a las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos.

“En la mayoría de los lugares, nuestro objetivo es abordar las violaciones de los derechos humanos”, habría dicho el ex diplomático Mike Casey, según la investigación, y agregó que “no tenemos eso en Jerusalén”.

Los grupos de presión de los contratistas militares estadounidenses han presionado constantemente a los legisladores y funcionarios para que sigan enviando envíos de armas a Israel y a los aliados como Arabia Saudita.

La investigación incluye una imagen de cajas de vino, supuestamente un regalo de la Embajada de Israel al personal de la oficina de transferencias de armas del Departamento de Estado en Washington DC que trabajó “horas extra, a menudo fuera del horario laboral y durante los fines de semana, para procesar las solicitudes israelíes de más armas”.

Un portavoz del Departamento de Estado no negó las cajas de vino a ProPublica, pero dijo que “los empleados pueden aceptar regalos de Gobiernos extranjeros que estén por debajo de un cierto umbral en dólares, y calificó de “insultantes” las acusaciones en la investigación.

Por su parte, un portavoz del Gobierno de Israel dijo que la “embajada envía rutinariamente botellas individuales de vino [no cajas] a muchos de sus contactos para marcar cordialmente las fiestas de fin de año”.

*Traducido por Daniel Gallego.