Por: Joana Oliveira

"120 días llorando al dormir y al despertar cuando siento el lado derecho de la cama vacío". Este es el lamento de Monica Tereza Benício, viuda de Marielle Franco, la concejal de Río de Janeiro asesinada el pasado 14 de marzo en el centro de la ciudad maravillosa.

Exactos cuatro meses después de que Franco y su motorista, Anderson Gomes, fuesen tiroteados en su coche, en lo que la policía investiga como un caso de ejecución, sus familiares y la sociedad brasileña siguen sin saber quién los mató, sin saber quién mandó matar a Franco, de 38 años —mujer negra, periférica, bisexual y activista social, que denunciaba la violencia policial en las favelas y que logró el quinto mayor número de votos cuando fue elegida en 2016 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

“No podemos aceptar 120 días sin respuestas. Ninguna investigación mitigará el vacío de mi alma ni la traerá de vuelta, pero no es solo por su ausencia, es por nuestra democracia y por el sueño de una sociedad mejor. Por eso ella perdió la vida”, sostiene Benício.

Amnistía Internacional Brasil se ha reunido esta semana con los familiares de Marielle Franco para reclamar una investigación externa de los asesinatos. La entidad considera que el hecho de que el caso permanezca abierto es grave y "demuestra ineficacia, incompetencia y falta de voluntad de las instituciones del Sistema de Justicia Criminal brasileño en resolverlo".

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Jurema Werneck, es "fundamental no sólo identificar y responsabilizar a los autores de los disparos, sino también a los autores intelectuales de los homicidios, así como la motivación del crimen".

“Todos sabemos que el caso Marielle tiene fuertes indicios de implicación de agentes públicos. Es necesario un mecanismo de investigación externa para que todo quede claro. La Cámara de Diputados creó una comisión monitorear las labores de las autoridades policiales y de justicia, pero no cumple con todos los requisitos de independencia, porque está metida en un aparato del Estado”, explica Renata Neder, coordinadora de Investigación de Amnistía Internacional en el país. Neder argumenta que países como Honduras y Nicaragua ya contaron con comisiones externas para monitorear la investigación de crímenes como ese.

“En Nicaragua adoptaron un sistema con expertos independientes, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, cuenta Neder, para quien el hecho de que la investigación trascurra en Brasil bajo secreto no impide el seguimiento externo. “Claro que entendemos la confidencialidad, pero eso no puede significar el total silencio de las autoridades”.

Amnistía Internacional cree que, además de cobrar respuestas a la pregunta más urgente, sobre la autoría del crimen, la medida ayudaría a aclarar otras cuestiones que se perdieron a los largo de los meses, como algunas informaciones divulgadas en la prensa brasileña que no fueron aclaradas por las autoridades. Las más polémicas son las historias de que la munición y el arma usadas por los asesinos (una metralleta y balas UZZ 118), que dispararon 16 veces contra el coche en el que iban Franco y Gomes, pertenecía a un lote restringido de uso del Ejército.

Se filtró también la información de que las cámaras de seguridad de la calle en la que ocurrió el asesinato fueron apagadas el día anterior al crimen. “Las autoridades no han hablado sobre nada de esto. Todas esas informaciones, que surgieron poco después de las muertes de Marielle y Anderson, no han sido completamente aclaradas", se queja Neder.

El dolor de la familia

Marinete da Silva, madre de Marielle Franco, cuenta que desde hace más de un mes ya no recibe noticias de las autoridades de Río de Janeiro. A pesar de que sigue confiando en el trabajo de la policía y en los recursos que tienen para solucionar el caso (“Necesito creer en eso”, dice), ella afirma que “el silencio que está llegando al borde de la impunidad”.

Antonio Francisco da Silva, padre de Franco, comparte la misma confianza de que la policía llegará a los criminales, pero también critica que las autoridades no se comuniquen más con las familias de ambas víctimas. Él espera que la presión de la comunidad internacional ayude a “hacer justicia” en el caso. “Cada día cuando me despierto, me pregunto a mí mismo: ¿Qué hizo mi hija, qué dijo para que le quitaran la vida de aquella manera tan brutal y cobarde?”, desahoga.

Cuatro días antes de ser asesinada, Franco, activista por los derechos humanos, denunció en sus redes sociales la violencia de la Policía Militar de Río contra los habitantes de la comunidad Acari, en la zona norte de la ciudad, donde el joven Matheus Melo, de 23 años, había sido tiroteado por equivocación mientras salía de un culto religioso. “¿Cuantos más tendrán que morir para que se acabe esta guerra?”, escribió la concejala.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Río de Janeiro, declinó, a través de un comunicado, hacer declaraciones sobre el caso.

La viuda de Marielle Franco ha convocado para la tarde de este sábado una manifestación en el centro de Río para cobrar de las autoridades la conclusión de las investigaciones y la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen. El acto, según Monica Benício, también pretende criticar el uso de armamentos letales contra la población civil en las comunidades pobres.