El COVID-19 dejó en evidencia el deterioro en el sistema penitenciario argentino

Por: Emiliano Limia

Si bien hasta el momento se han registrado pocos casos de coronavirus en las prisiones del país, ello no evitó que la pandemia haya expuesto al deteriorado sistema penitenciario argentino.

“La virtud del COVID-19 es que pone sobre la mesa lo que funciona mal. La cárcel es un lugar olvidado, a la mayor parte de la sociedad no le interesa ver lo que pasa ahí adentro”, advierte el abogado penalista Fernando Zarabozo.

Y es que la mayoría de las cárceles argentinas están colapsadas. El caso más emblemático es el de la Provincia de Buenos Aires, donde la capacidad del Sistema Penitenciario es para 34 mil personas, pero la población actual supera las 50 mil.

Según Zarabozo, quien además es investigador académico en Políticas Públicas de Justicia y Seguridad, las personas detenidas vieron en el COVID-19 “una gran oportunidad para recuperar su libertad antes de lo previsto (con fundamentos); por la situación de hacinamiento, por la falta de cuidados médicos y por el desgobierno de las cárceles”.

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Para el especialista, fue este el motivo por el que empezaron a presentase motines, huelgas de hambre y otro tipo de protestas en al menos 13 unidades penitenciarias, y algunos jueces empezaron a conceder arresto domiciliario a los detenidos.

“Esto impactó en la seguridad y en la percepción de inseguridad en la sociedad. Por ejemplo, trascendió que un detenido al que le dieron arresto domiciliario buscó a su expareja y la mató. A partir de allí el tema se mediatizó y politizó, familiares de víctimas de femicidios comenzaron a oponerse y el arco político tomó posiciones al respecto, algunas a favor de presos y otras a favor de víctimas”, relata Zarabozo.

La situación de los detenidos

El sistema penitenciario argentino está divido en dos: por un lado, el sistema federal, y por otro el provincial. El sistema federal se encuentra al límite de su capacidad, ya que aloja a poco más de 12 mil presos, que es para lo que está preparado.

El principal problema se encuentra en las cárceles provinciales. En Buenos Aires, la emergencia penitenciaria existe casi de manera permanente desde el año 2004. Todas las unidades se encuentran sobrepobladas; en algunos casos alojan hasta el doble de su capacidad operativa.

Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), señala que fue en distintas cárceles provinciales donde murieron siete detenidos a manos de la Policía mientras reclamaban necesidades básicas.

“El pasado diciembre hubo una huelga de hambre muy importante por parte de detenidos, y se abrió una mesa de diálogo. Eso fue antes del coronavirus”, afirma Casamento.

“Desde ACiFaD hicimos una encuesta a unos 500 presos. El 80% dijo tener alguna enfermedad, y el 70% dijo que no recibía medicamentos. Hay gente que muere en las cárceles porque la sanidad prácticamente no existe. Entonces, si ya desde antes se venía reclamando por la salud, con el coronavirus los reclamos aumentaron mucho más”, continúa.

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A eso hay que sumarle que la Justicia estuvo frenada por la cuarentena. Este es un punto importante dado que un detenido necesita de la Justicia para prácticamente todo. Por ejemplo, si necesita atención médica, tiene que comunicarse con su abogado para que le pida al juez que le mande un médico.

“Además, se prohibieron las visitas. Eso está muy bien para que no circule el virus, el problema es que el 80% de la comida a los presos se la llevan los familiares, y los remedios también. Al no permitir visitas se mueren de hambre y no tienen ni un termómetro”, afirma Casamento.

Para la miembro de ACiFaD, el Ministerio de Salud es el gran ausente, ya que el protocolo de prevención contra el COVID-19 no se puede aplicar en las cárceles debido a las condiciones actuales.

“Los tres heridos en el último motín dieron positivo de coronavirus. No sabemos si lo tenían adentro de la cárcel o se lo agarraron en el hospital. No sabemos si el resto de los detenidos tiene coronavirus o no. No hay ningún caso testeado adentro”, sostiene Casamento.

Según la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2008 y 2018 el 70% de las muertes que se dieron en el Servicio Penitenciario Bonaerense fueron por problemas de salud evitables.

“Los estándares internacionales indican como mínimo 2 metros cuadrados por detenido, y en las cárceles provinciales hay 50 centímetros cuadrados. Ese es el hacinamiento que hay. Por eso empezamos a ver las revueltas en las cárceles”, agrega.

En la misma línea, Zarabozo asegura que recorre las cárceles de la Provincia de Buenos Aires semanalmente: “Hay una crisis enorme, no hay comida para todos, nadie está trabajando en la resocialización. En síntesis, hay muchos déficits”.

Hasta el momento, se contabilizan ocho detenidos contagiados por el virus, aunque la falta de testeos impide saber si son más.

¿De quién es la responsabilidad?

Según el experto, los distintos actores que tienen responsabilidad en la problemática no se ponen de acuerdo. Es decir, por un lado están quienes hacen las leyes (Poder Legislativo); por otro lado, el Poder Ejecutivo a través del Servicio Penintenciario encargado de cuidar a los presos; y el Poder Judicial, con los jueces que deciden quién entra y quién sale de la cárcel.

Para Zarabozo, cada uno de los poderes persigue su objetivo político y no existe una estrategia nacional penitenciaria que determine el camino a seguir para cada actor vinculado al tema.

“Necesitamos una estrategia que los comprenda a todos, que los haga actuar coordinadamente. Si cada actor tiene objetivos que son contradictorios entre sí, empieza a haber fricciones”.

El especialista advierte que, en ocasiones, la Justicia limita a las Agencias Penitenciarias y comienza a haber un vacío de poder. “Y como sucede con todo vacío de poder, alguien lo capitaliza. En este caso, son organizaciones criminales que empiezan a tener poder dentro de la cárcel”.

Es cierto también que el Servicio Penitenciario comete errores; inclusive suelen ser focos de corrupción. Entonces, es razonable que el Poder Judicial trate de limitar su arbitrariedad, de controlarlo, pero ello no debe implicar vaciarlo de poder.

“Ese vacío de autoridad es ocupado por organizaciones criminales, que son las que generan motines como demostración de fuerza, dejando ver que pueden ser actores legitimados para negociar, a fin de asegurar un orden y la paz”, sostiene Zarabozo.

El Estado no debe permitir que una organización criminal sea quien controle una cárcel, por el riesgo que ello implica.

“Hoy, por ejemplo, está permitido que los detenidos tengan teléfonos celulares. Permitimos que se organicen como si fuesen sindicatos, que hagan reclamos de tipo general. Así, vamos a terminar con las organizaciones criminales manejando las cárceles”, señala.

El futuro de los detenidos

Luego del último motín, se armó una mesa de diálogo en la que se firmó un acta en la que se recomienda a los jueces que revisen la situación de detenidos con condenas leves, detenidos a quienes les faltan pocos meses para cumplir su condena, extranjeros en trámite de extradición y detenidos con situación delicada de salud, entre otros.

Por otro lado, se acordó armar un equipo interdisciplinario para poder determinar la situación de cada detenido. También se acordó tener una reunión con el Ministerio de Salud con el objetivo de aplicar un protocolo adecuado ante la situación de las cárceles.

“Nuestro objetivo es que el Ministerio se ocupe de brindar salud adentro de la cárcel. Ojalá esta situación sirva para eso. Estamos orgullosos de nuestra salud pública, lástima que no llega a las cárceles”, concluye Casamento.

No obstante, este lunes, ante el temor por la posible salida de violadores o asesinos, se presentó un pedido de juicio político al juez Víctor Violini, quien el 8 de abril aceptó conceder de manera colectiva arresto domiciliario a presos en peligro de contraer coronavirus. Su decisión desató una polémica y la presión social provocó que la Corte Suprema bonaerense suspendiera el fallo del juez.

Lo cierto es que, tal como advierte Zarabozo, aquellos que salgan de la cárcel con arresto domiciliario, va a ser muy difícil que vuelvan a la cárcel. “Vamos a tener un problema de prófugos, y la Policía va a tener un problema más grande si se llegan a abrir indiscriminadamente las cárceles”, prevé el abogado.