La Fiscalía de El Salvador ordenó la captura del expresidente Salvador Sánchez Cerén, en su carácter de vicepresidente en el Gobierno de Mauricio Funes, por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

A su vez, fueron detenidos cinco exfuncionarios de la administración Funes. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó la captura de Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología.

​​​​​​​"El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó", dijo en Twitter el actual mandatario, Nayib Bukele.

Los exfuncionarios fueron capturados en el marco de la investigación del caso ‘Saqueo Público’, que abarca desde 2009 a 2014, durante la administración de Funes, tiempo en el que la Asamblea Legislativa aprobó USD 80 millones para la Casa Presidencial para los cinco años de Gobierno, pero finalmente terminaron siendo USD 351 millones en transferencias de fondos hechas por el exministro de Hacienda sin autorización del Legislativo.

Funes, asilado en Nicaragua, enfrenta cuatro procesos penales en El Salvador por malversación de fondos estatales, pago de sobornos y por la revelación de un documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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A comienzos de 2019, la Fiscalía de El Salvador acusó al expresidente por el supuesto desvío y lavado de dinero de unos USD 108,5 millones para la construcción de una represa, que se suma a otros dos procesos por corrupción que avanzan contra el exmandatario.

La Fiscalía manifestó que tanto Funes como otras cinco personas fueron acusadas por los delitos de peculado, agrupación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador.

En septiembre de 2018 el Ministerio Público solicitó en extradición al expresidente, junto a su esposa Ada Mitchell Guzmán y sus hijos, Diego Mauricio Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velazco, quienes también son solicitados por casos especiales de lavado de dinero y activos.

La Fiscalía aseguró que en el periodo presidencial de Funes se realizaron operaciones en las que se desviaron unos USD 351 millones que terminaron en cuentas de testaferros, familiares y allegados del expresidente.

En noviembre del 2017, un tribunal de El Salvador condenó a Funes por enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver el dinero robado al Estado. También lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos.

Según la Fiscalía salvadoreña, a Funes le fueron incautados 14 inmuebles que están a nombre de testaferros. Además, recalcó que el exmandatario se gastó cerca de USD 4,5 millones de los dineros desviados del Estado en viajes personales con sus parientes.

Funes fue elegido presidente con el respaldo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Obtuvo 1.354.000 votos (51,32% de la votación válida).