España aprobó este martes 7 de junio un proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos, imponiendo multas de hasta EUR 500.000 (USD 535.000) en caso de incumplimiento.

"Es un instrumento legal pionero para combatir la ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas", dijo el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo.

Se espera que la iniciativa entre en vigencia el 1 de enero de 2023 y establece que las empresas de la cadena deben contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

Los negocios con menos de 1.300 metros cuadrados (alrededor de 14.000 pies cuadrados) quedarán excluidos de la necesidad de contar con este plan, aseguró Planas.

En 2020, los hogares españoles desperdiciaron alrededor de 1.433 toneladas de alimentos, una media de 31 kilogramos (68 libras) por persona, según datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Planas detalló que el 20 % de las pérdidas de alimentos se produjeron en toda la cadena, y el 40 % en la venta al por menor o en los domicilios.

El Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos obliga a las empresas de restauración a facilitar gratuitamente a los consumidores la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido y a disponer de envases reutilizables o fácilmente reciclables para los alimentos.

“Esta ley pretende regular y sensibilizar”, dijo el funcionario español. “Regular el uso preferente de alimentos para consumo humano y su donación a bancos de alimentos y sensibilizar a la sociedad en su conjunto para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos”.

No disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios, que se considera una infracción grave, le costaría a la empresa un rango de sanción de EUR 2.000-60.000.

Si una empresa comete una segunda o posteriores infracciones graves en un plazo de dos años, se sancionará con una multa de entre EUR 60.000 y 500.000.