El Observatorio Universitario de los Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador presentó este 27 de abril su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, según el cual el Gobierno utilizó una política de “seguridad-represiva” en el marco de la pandemia.

El estudio asegura que las fuerzas del Estado realizaron durante 2020 detenciones arbitrarias e ilegales y que ejercen un “uso abusivo” de las detenciones en flagrancia. Ambas “fueron actuaciones gubernamentales que marcaron su modo de proceder en el marco de la pandemia. El Gobierno junto a los cuerpos de seguridad actuaron bajo un enfoque de seguridad-represiva, y no bajo un enfoque médico-sanitario, lo que provocó un escenario promotor de múltiples violaciones de derechos humanos”, se lee en el documento.

Precisamente, el OUDH concluyó que 2020 fue un mal año para los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la justicia y la reparación.

“En 2020 se observa un balance general negativo. [...] En primer lugar, el abuso de la fuerza letal por parte de agentes estatales siguió presentando indicadores arriba de lo aceptable, desde una perspectiva de derechos humanos. El Estado sigue mostrando patrones de un uso excesivo de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad, violentando los derechos a la vida y la integridad”, explicó el informe.

“En segundo lugar, la violencia generalizada, los grupos armados no estatales (crimen organizado, pandillas, grupos de exterminio, etc.) y otros tipos de violencia han seguido generando miles de víctimas durante el 2020”, afirmó el documento.

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Entre estas se encuentran la violencia de género, intrafamiliar, sexual, muertes violentas, desapariciones y desplazamientos forzados. Todos estos modos de violencia continuaron incluso bajo el confinamiento estricto impuesto por el Gobierno para atajar el avance del coronavirus.

“A todo lo anterior, se suma un peligroso discurso contrario a los derechos humanos, a la armonía social y al Estado de Derecho del propio presidente de la República (Nayib Bukele) quien, entre otras cosas, ha alentado públicamente al uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad; al castigo generalizado contra privados de libertad; a la transgresión contra el principio de división de poderes y la independencia judicial; al ataque contra personas, periodistas y defensoras de derechos humanos”, declaró el OUDH, que agrega que el discurso usado por el mandatario es de odio.

Por este motivo, el observatorio solicitó al Gobierno que cumpla con las recomendaciones de “organismos internacionales en materia de derechos humanos y seguridad pública; que utilicen los enfoques de derechos humanos y de inclusión en la formulación, implementación y evaluación de todas las políticas públicas, y que los altos funcionarios estatales, comenzando con el presidente de la República, se abstengan de emitir discursos contrarios a los derechos humanos, en particular sobre uso desmedido de la fuerza letal, de la fuerza física y de castigos en contra de las personas o grupos sociales específicos”, entre otros.