Grupo de derechos humanos pide a Indonesia abolir la pena de muerte
La organización dice que el sistema judicial es vulnerable a cometer errores, luego de que la corte cambiara su decisión sobre aplicar la pena capital a un joven.

YOGYAKARTA, Indonesia
Una organización de derechos humanos pidió este martes que Indonesia prohíba la pena de muerte, tras una sentencia de la corte suprema a principios de año que anulaba una sentencia a muerte.
La Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS) le dijo a los medios que en enero de este año, la corte cambió la pena de Yusman Telaumbauna de muerte a cinco años de prisión, tras comprobarse que era menor de edad.
“El caso de Yusman se ha convertido en una lección importante para el gobierno y las autoridades sobre revisar el tema de la pena de muerte en Indonesia”, dijo Putri Kanesia, coordinador de abogacía encargado para la organización, durante una rueda de prensa en la capital, Yakarta, según la página web local Kompas.com.
Indonesia dio fin a un moratorio a la pena de muerte de cuatro años en marzo del 2013.
Una corte distrital sentenció a Telaumbauna y a su hermano, Rasula Hia, a muerte en mayo del 2013 por el asesinato de tres de sus empleados. KontraS apeló la decisión de la corte.
Más tarde, durante las investigaciones, se reveló que Telaumbauna fue obligado a aceptar cargos en su contra mientras se encontraba bajo custodia policial. También admitió que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, cuando en realidad tenía 16 años.
En el 2016 se le hicieron exámenes óseos y dentales que comprobaron que tenía entre 18 y 19 años.
“La decisión de la Corte Suprema corrobora que el sistema judicial en Indonesia aún es muy vulnerable a los errores”, dijo Arif Nur Fikri, jefe de la división de Derechos Humanos de KontraS.
Telaumbauna salió de prisión la semana pasada tras permanecer allí por cinco años. Según la sentencia, no era el acusado principal del crimen.
Por lo menos 14 mulas de drogas –en su mayoría extranjeros- han sido ejecutados en Indonesia durante los últimos tres años, suscitando críticas por parte de activistas y de la comunidad internacional.
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