Human Rights Watch (HRW) publicó su reporte anual para el año 2020, en el que documentó los abusos a los derechos humanos en el mundo.

Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, lanzó el reporte en Nueva York después de que le negaron el ingreso este domingo a Hong Kong, en donde se iba a realizar originalmente el evento.

El reporte mundial, de 652 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en unos 100 países, incluidos India, Myanmar, China, Pakistán, Bangladés y Afganistán.

India

El reporte criticó al gobierno liderado por el Partido Popular Indio (BJP) por acosar y procesar a activistas de derechos humanos y periodistas que criticaban a funcionarios gubernamentales y sus políticas.

“El gobierno no hizo cumplir adecuadamente las directivas de la Corte Suprema para prevenir e investigar los ataques de la mafia, a menudo dirigidos por partidarios del BJP contra las minorías religiosas y otras comunidades vulnerables”, mencionó la organización.

Con respecto al proyecto de verificación de ciudadanía, en el estado de Assam, al noreste del país, el reporte afirmó que casi dos millones de personas habían sido excluidas, en su mayoría musulmanes, poniéndolos en peligro de quedar apátridas.

Reveló, además, que al menos 77 personas han sido asesinadas y más de 1.100 han resultado heridas desde que el gobierno del BJP asumió el poder en marzo de 2017, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de India.

Jammu y Cachemira, el estado administrado por India

HRW indicó que después del ataque en febrero del año pasado en el distrito de Pulwama, de la parte de Chachemira administrada por India, los estudiantes cachemires y empresarios de otras partes de India han sido acosados, golpeados e incluso desalojados por la fuerza de viviendas y dormitorios alquilados por simpatizantes del BJP.

El ataque contra un convoy de seguridad causó la muerte de más de 40 soldados indios. El grupo militante Jaish-e-Mohammad, de Pakistán, se atribuyó el ataque, lo que causó el escalamiento de las tensiones entre India y Pakistán.

El reporte también analizó la situación en Jammu y Cachemira después del 5 de agosto del año pasado, cuando el Gobierno revocó el estatus especial de la región. HRW documentó que miles de cachemires han sido detenidos sin cargos, incluidos antiguos ministros, líderes políticos, activistas de oposición, abogados y periodistas.

“Hubo restricciones para los teléfonos y el internet. El gobierno argumentó que fue para prevenir las muertes, pero existen acusaciones creíbles y serias de golpizas y torturas por parte de las fuerzas de seguridad”.

Afganistán

Según el reporte, las operaciones militares entre las fuerzas afganas y de Estados Unidos por un lado y las de los talibanes por el otro, se intensificaron en 2019, causando la muerte de más de 8.000 civiles entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

“La muerte de civiles por las operaciones del gobierno afgano y de Estados Unidos excedieron las de los talibanes por primera vez durante los primeros seis meses de 2019, en su mayoría debido al aumento de los ataques aéreos de Estados Unidos”, reveló el informe.

Sin embargo, se presentó una reducción a larga escala en los ataques suicidas en áreas urbanas en 2019, pero los ataques perpetrados por los insurgentes causaron miles de muertes y heridas a los civiles.

“El 5 de septiembre, una unidad de la Dirección Nacional de Seguridad conocida como ‘02’, que es apoyada por la CIA, asesinó a cuatro civiles durante una operación en la ciudad de Jalalabad. La unidad 02 presuntamente asesinó a 11 hombres, la mayoría de ellos miembros de una extensa familia, en una redada nocturna en el distrito de Zurmat, Nangarhar, entre el 11 y 12 de agosto”, reportó HRW, y agregó que todas las partes del conflicto han violado la protección legal internacional de atención médica, al realizar ataques a centros médicos y asesinar a trabajadores del sector de la salud.

China

El reporte también describió las atrocidades perpetradas por Pekín en contra de los miembros de la minoría étnica de los uigures, en la región de Sinkiang, al occidente de China, así como la grave intrusión de las autoridades en las libertades limitadas de Hong Kong.

“La ‘Campaña de mano dura contra el extremismo violento’ del gobierno ha implicado detención arbitraria masiva, adoctrinamiento y la destrucción del patrimonio cultural y religioso de la región”, menciona el informe.

Estimaciones creíbles indican que alrededor de un millón de musulmanes turcos están recluidos indefinidamente en campos de “educación política”, donde se ven obligados a negar su identidad y convertirse en sujetos leales al gobierno, según el informe.

“Las autoridades de Sinkiang también continuaron desalojando a los niños, cuyos padres fueron detenidos o que están en exilio y los retuvieron en instituciones estatales de ‘bienestar infantil’ y en internados sin el consentimiento o acceso de los padres”, afirmó el informe.

HRW acusó a las autoridades chinas de emplear a la fuerza a quienes han sido liberados de la detención y pagarles salarios muy por debajo del monto mínimo legal y prohibirles que se vayan.

Pakistán

Los informes dicen que a pesar de que el primer ministro Imran Khan se comprometió a hacer de la justicia social una prioridad después de asumir el cargo en julio de 2018, su administración ha aumentado las restricciones a los medios de comunicación, los políticos de oposición y las organizaciones no gubernamentales.

“El gobierno tomó medidas enérgicas contra miembros y simpatizantes de partidos políticos. Varios líderes de la oposición, incluidos ex jefes de Estado y ministros del gabinete, fueron arrestados por acusaciones de corrupción”, dijo el informe.

Los medios de comunicación de Pakistán operaron en un clima de miedo que impedía la cobertura de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y los grupos armados extremistas, según la organización de derechos.

“Las agencias policiales pakistaníes fueron responsables de violaciones de derechos humanos, incluida la detención sin cargos y ejecuciones extrajudiciales. Pakistán no ha promulgado una ley que penalice la tortura a pesar de la obligación de Pakistán de hacerlo bajo la Convención contra la Tortura”, afirmó HRW.

“Al menos 511 personas han sido ejecutadas desde que Pakistán levantó la moratoria sobre la pena de muerte en diciembre de 2014. Los condenados a muerte son a menudo de los sectores más marginados de la sociedad”.

Myanmar

HRW acusó también al gobierno de Myanmar de seguir desafiando los llamados internacionales para investigar seriamente las violaciones de los derechos humanos contra las minorías étnicas en los estados de Shan, Kachin, Karen y Rakáin.

“Una misión de investigación de hechos ordenada por Naciones Unidas encontró evidencia suficiente para pedir la investigación de altos funcionarios militares por crímenes contra la humanidad y genocidio contra los musulmanes rohinyá. El Gobierno no ha querido abordar las causas profundas de las crisis, incluida la persecución sistemática y la violencia, la apatridia y la continua impunidad militar”, aseveró HRW.

La líder de facto, Aung San Suu Kyi, y su gobierno civil se han negado repetidamente a cooperar con la búsqueda de responsabilidad de los investigadores de derechos de la ONU por las violaciones de derechos, agregó HRW.

Según el reporte, más de 900.000 refugiados rohinyá permanecen en campamentos hacinados en Cox’s Bazar, en Bangladés, después de haber huido de la violenta campaña militar de limpieza étnica de Myanmar para vivir en la que ahora es la concentración más grande de refugiados en campamentos en el mundo.

*Traducido por Daniela Mendoza.