Informe de ONG señala sistematicidad e impunidad en asesinatos de líderes sociales en Colombia

Siete ONG colombianas, con el apoyo de Oxfam (Reino Unido) y Diakonia (Suecia), publicaron un informe que señala la existencia de patrones de sistematicidad en el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las desmovilizadas FARC-EP en Colombia.

Según el documento, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, 255 personas fueron víctimas de homicidio en las convulsas regiones del norte del Cauca (suroccidente); el Urabá antioqueño y bajo Atrato chocoano (occidente); sur de Córdoba; y nordeste y bajo Cauca antioqueños. De ese número de víctimas, 213 fueron caracterizadas como defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y 42 como excombatientes de las antiguas FARC.

Aunque el foco del análisis estuvo en las convulsas regiones mencionadas, la situación es un reflejo de lo que ocurre en el territorio nacional, donde en el mismo periodo la cifra mortal se eleva a 944 personas.

El informe detalla que “los sectores de liderazgo y defensa de los derechos humanos más victimizados son los pertenecientes a los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical”.

También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes; personas que lideran o participan en procesos de sustitución voluntaria de cultivos considerados de uso ilícito; líderes y lideresas que participan en procesos de restitución de tierras, y personas defensoras de los derechos ambientales y territoriales.

El estudio concentró el análisis de estas zonas atendiendo a cuatro aspectos. Uno de ellos es el incremento de la violencia contra estas personas con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016.

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También, al hecho de que son zonas priorizadas para programas de desarrollo (los denominados PDET), de sustitución voluntaria de cultivos y de protección colectiva de comunidades y organizaciones; pero adicionalmente porque son territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, que se juegan el control social y territorial; y zonas con existencia de conflictos ambientales por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

Leonardo González, coordinador del observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las ONG participante, le dijo a la Agencia Anadolu que “para saber si hay sistematicidad se debe saber si hay o no patrones en común en la violación de dos o más hechos”.

“Entonces, si hay patrones de modo, tiempo y lugar, podemos hablar de sistematicidad, como en el caso de las masacres. Pero también si hay patrones de los actores que cometen estos crímenes o de las víctimas, o patrones geográficos, o por la calidad de la víctima (que además de ser líderes sean representantes de un partido o movimiento político, como Marcha Patriótica) también”, mencionó González.

El estudio también arrojó que, además de los patrones identificados anteriormente, hay una clara estigmatización e impunidad en los crímenes.

Estigmatización

Las ONG señalan que las “amenazas constituyen otra modalidad de agresión predominante”.

“Están relacionadas con la estigmatización, pues mediante ellas, además de anunciar futuros asesinatos, desplazamientos forzados o torturas contra la persona defensora, miembros de su grupo familiar, comunidad y/u organizaciones, se le señala peyorativamente”, precisa el documento.

Los resultados de la investigación indican que de los 213 registros analizados en la base de datos conjunta, 120 víctimas pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas. Respecto a los líderes y lideresas que pertenecían a organizaciones o movimientos políticos, la información documentada en la misma base de datos permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, “lo cual indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición, los cuales son constantemente estigmatizados”.

“Otra modalidad de violencia, relacionada con la estigmatización, es la judicialización de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales”, añade el documento.

Al respecto, González destacó que en muchos casos la estigmatización proviene del mismo Estado colombiano. El experto recordó el pronunciamiento hecho hace una semana atrás por el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre un bombardeo en el departamento del Guaviare contra un campamento disidente, en el que presuntamente había niños.

“Ese discurso del odio pasa a las comunidades, a las organizaciones sociales, a zonas donde hay intereses diversos, y con ese discurso se sienten legitimados para asesinar. Este discurso es tan dañino como el mismo hecho de apretar un gatillo”, precisó.

Errores en datos de la Fiscalía e impunidad

Según dice el informe, los “precarios avances en materia de investigación de estos asesinatos, reportados por la Fiscalía General de la Nación (FGN), no han logrado identificar las causas estructurales de esta violencia y su relación con los intereses que confluyen”.

Sumado a ello, advierte que la Fiscalía colombiana no ha avanzado en la “identificación de los autores intelectuales y determinadores” de dichas conductas, lo que genera discursos de odio y una mayor estigmatización de los líderes; y que se presentan “mensajes confusos en la lógica de mostrar resultados”.

“Las cifras reportadas por esta entidad respecto a las investigaciones sobre estos crímenes son confusas y pretenden mostrar resultados que distan de la realidad y magnitud de los hechos”, dice el documento.

Según González, esto último responde tanto a la falta de personal judicial como a la falta de voluntad política por parte del ente acusatorio.

“Presentamos solicitudes ante la Fiscalía para conocer el estado de los procesos, pero nos hemos enterado de ello en comunicados de prensa de la Fiscalía. Ha sido muy difícil tener ese contacto directo”, dijo González.

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El vocero de Indepaz señala que la Fiscalía habla del 62,5 por ciento de esclarecimiento de los casos, pero esto corresponde a avances de dicho proceso (que puede ser desde una apertura de investigación hasta imputación de cargos). El esclarecimiento como tal, es la sentencia sobre los autores materiales y los intelectuales. Y de los 944 casos reportados en todo el país, se tienen 66 sentencias, el 6 por ciento, asegura el vocero.

Además, el informe subraya que hay prácticas de la Fiscalía “en el tratamiento y presentación de las cifras sobre la gestión de las investigaciones (…) que no cumplen los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El proceso de identificación de los patrones se generó a partir de la vinculación de bases de datos de estas organizaciones. De acuerdo Leonardo González, la importancia de conocer si hay sistematicidad en todos estos crímenes es que permite abordar todo el universo de víctimas “como una sola investigación”.

"El hecho de hacer una sola investigación fortalece a las víctimas, porque dice de alguna manera que a ellos "los mataron no por estar mal parados en la calle o porque lo querían robar, sino por su trabajo en una organización social", afirmó González.

Además, agrega, da la posibilidad de “identificar si existen planes de organizaciones que quieren acabar con liderazgos territoriales y (determinar) que no son casos aislados sin un patrón común”.

La investigación, en la que participaron además de Indepaz las ONG colombianas Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, la Comisión Colombiana de Juristas y Protección Internacional, es importante además si se tiene en cuenta que el actual Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, siempre ha negado un patrón de sistematicidad en los crímenes contra líderes, defensores y excombatientes, hecho que ha lamentado y condenado gran parte de la comunidad internacional.

En febrero pasado, la Fiscalía anunció que se vinculaba a la estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos, y precisó que gracias al trabajo investigativo de la entidad, el esclarecimiento por afectaciones a defensores de derechos humanos se incrementó de 52% a 63,52 %.

El presidente Iván Duque señaló entonces que habría una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en la Fiscalía y su capacidad investigativa, un anuncio que no cayó bien en organizaciones locales ni en la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.