La apuesta de EEUU para combatir la corrupción en El Salvador, Honduras y Guatemala en la era Biden

Por: Carmen Rodríguez

El giro que tendrá la política de Estados Unidos hacia los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para los próximos cinco años ya está marcado. Todo apunta a que el cambio será drástico, comparado con la forma en la que la Administración de Donald Trump manejó sus relaciones e influencias con El Salvador, Honduras y Guatemala.

Los cambios incluyen recorte a la ayuda militar y la publicación de una lista con los nombres de funcionarios de los tres países vinculados a casos de corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado (DOS) que dirija la Administración Biden-Harris enfocará la política de la región en atacar la corrupción en los gobiernos de los tres países y en las causas principales de la migración.

De acuerdo con el documento de la ley “Omnibus Bill”, que fue aprobado esta semana por el Congreso y ratificado por el presidente Trump, las acciones entrarán en vigor 180 días después de “la promulgación del acto”, aproximadamente en seis meses.

Una vez asuma Joe Biden, el 20 de enero, el DOS debe preparar un plan de estrategia para los próximos cinco años en el que se considere también el crecimiento económico, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y mejoras en la seguridad civil en los tres países centroamericanos. Estas prioridades coinciden con el plan que anunció el presidente electo para los países del Triángulo del Norte.

"Negar el apoyo a los funcionarios corruptos creará una región más estable para los centroamericanos y ayudará a evitar que muchos realicen el peligroso viaje hacia el norte para buscar asilo en nuestra frontera", dijo a Anadolu la congresista Norma Torres

Las acciones del “Omnibus Bill” fueron propuestas y promovidas por los congresistas demócratas Eliot Engel y la congresista de origen guatemalteco Norma Torres. En 2018, Torres promovió una enmienda de ley que fue aprobada en 2019, que obliga al DOS a publicar periódicamente una lista con nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Torres, además, presentó otra propuesta para el presupuesto 2021, que contempla USD 65 millones para “fortalecer el Estado de derecho” en el Triángulo del Norte y para “proteger a las poblaciones vulnerables y erradicar a los actores corruptos de los tres países”. La aprobación de la ley del presupuesto 2021 de Estados Unidos se da en medio de duras críticas hacia las gestiones de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala por parte de demócratas y republicanos.

Las prioridades y las acciones enmarcadas en el “Omnibus Bill” comparten ciertas similitudes con algunos de los principales objetivos de la Alianza para la Prosperidad, el acuerdo firmado por la Administración de Barack Obama con los países del Triángulo del Norte, que fue supervisado y liderado por Biden, como vicepresidente y encargado de la política internacional.

De hecho, la congresista Torres le dijo a la Agencia Anadolu que “lo único que le ha interesado al presidente Trump es que los gobiernos de estos pueblos firmen acuerdos” que fortalezcan la agenda antiinmigrante de su gestión. Mientras que Biden “ha trabajo en la región, conoce la región y los problemas de narcotráfico y corrupción” que golpean a los tres países.

Las sanciones

El documento de ley aprobado por el Congreso precisa que “la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras cometida por ciudadanos civiles y algunos oficiales de gobiernos locales, regionales o federales daña significativamente la economía de estos países y priva a los ciudadanos de oportunidades”.

Aunque la aprobación de la enmienda promovida por la congresista Torres ya incluye la creación de una lista de funcionarios corruptos de los tres países, la lista que a partir del “Onmibus Bill” debe ser creada y publicada incluye otros puntos específicos. La creación de esta nueva lista, conocida como la “Lista Engel”, fue propuesta por el presidente del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, Eliot Engel.

La nueva lista debe ser publicada a más tardar 180 días después de que la ley entre en vigencia. Además, el presidente Biden deberá compartir con un Comité especial del Congreso toda la información de funcionarios u oficiales de los gobiernos del Triángulo del Norte que estén vinculados a casos de corrupción y que no hayan sido procesados o acusados por este delito en sus países.

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Las nuevas sanciones de la “Lista Engel” son más agresivas que las sanciones impuestas en la enmienda Torres. A partir de esta lista, Estados Unidos cancelará todo tipo de visas, permisos, nombramientos diplomáticos y otros estatus no solo a los funcionarios de los gobiernos vinculados a casos de corrupción.

La ley aprobada especifica que“las sanciones incluyen la ilegibilidad para visas o admisión a los Estados Unidos. Ilegibilidad para recibir cualquier tipo de visa u otra documentación que le permita el ingreso a Estados Unidos. Ilegibilidad para ser admitido en programas de perdón migratorio o de recibir cualquier otro beneficio contemplado en la ley de Inmigración”.

Las sanciones que impondrá Estados Unidos bajo la administración Biden alcanzan a familiares de funcionarios corruptos, “a personas o familiares que hayan favorecido con contratos corruptos, que hayan extorsionado o sobornado, o que hayan facilitado o encubierto procesos, acciones de corrupción, incluido el delito de lavado de dinero”.

Además, las sanciones también se dirigirán hacia quienes cometan “acoso, violencia o intimidación directa, en contra de actores gubernamentales o no gubernamentales que investiguen o contribuyan en la investigación de actos de corrupción” en los tres países del Triángulo del Norte.

Las recomendaciones que hace el Congreso sobre la aplicación de esta ley señalan que las investigaciones en contra de funcionarios públicos o personas naturales de los tres países involucrados en casos de corrupción deberán ser lideradas por el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en conjunto con las embajadas estadounidenses y las autoridades de cada país.

Y, por último, las sanciones incluyen el recorte al presupuesto para la ayuda militar a los tres países, por lo que se prohíbe al Departamento de Estado “financiar o apoyar en compra de armamento o equipo militar” para las fuerzas armadas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

"La ayuda exterior de los EEUU tiene el propósito de ayudar a las personas vulnerables de todo el mundo, y cuando los gobiernos corruptos explotan nuestra ayuda, que fue para sus ciudadanos, tenemos la obligación de cortarla. Eso es exactamente lo que hice con una provisión centrada en la ayuda militar a Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los caudillos y narcotraficantes mantienen su control del poder por todos los medios a su disposición", señaló Torres.

Exigen investigación de ataques a periodistas

En un apartado especial, el documento ley se refiere a que el Gobierno estadounidense debe “asegurarse que las amenazas y los ataques en contra de periodistas, líderes sindicales, defensores o activistas de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil sean exhaustivamente investigados y los perpetradores sean acusados”.

Los tres países del Triángulo del Norte han sido fuertemente criticados y señalados por asesinatos, agresiones y ataques a la libertad de expresión y a la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a otros organismos internacionales y de Washington DC han expresado su preocupación ante el aumento de casos de ataques en contra de periodistas en la región.

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El gobierno de El Salvador y el presidente Nayib Bukele han sido los más señalados y criticados por los ataques a la prensa, a la libertad de prensa y a periodistas. Congresistas y senadores enviaron cuatro cartas a Bukele en los últimos cuatro meses expresando su preocupación y haciendo un llamado para que cesen los ataques mediáticos en contra de periodistas.

Norma Torres es una de las firmantes de estas cartas, enviadas por el Comité de Asuntos Extranjeros y por otro grupo de senadores republicanos y demócratas. Entonces, Bukele restó importancia a estos documentos y dijo que no era relevante porque se trataba de un pequeño grupo de 400 miembros del Congreso.​​​​​​​