La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia imputó a otros 15 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este jueves a otros 15 miembros del Ejército colombiano por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Los acusados fueron dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa, que opera en la costa caribe colombiana.

Estos militares fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, en hechos cometidos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a reconocer responsabilidad a estas 15 personas.

Esta imputación se suma a la hecha el pasado 6 de julio, en la que fueron inculpados otros diez miembros de la institución castrense.

Ver también: Jurisdicción Especial para la Paz imputa a diez miembros del Ejército colombiano por 'falsos positivos' 

Organización criminal al interior del batallón

Al contrastar la información que hace parte del material probatorio, la JEP determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol “esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”.

“Por eso la Sala de Reconocimiento les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. La Sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos”, detalla el mecanismo de justicia transicional en un comunicado.

Además, estableció que los 15 imputados hicieron parte de una “organización criminal” que se conformó dentro de la unidad militar y “a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como ‘bajas en combate’ a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares”.

Estas personas habrían actuado, según lo determinado por la JEP, “con pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos ver como legales, separándose de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares con el fin de mejorar la percepción de seguridad y mostrar avances en la guerra contra la insurgencia”.

Los imputados

En calidad de autores mediatos fueron imputados son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del batallón entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo reemplazó entre 2004 y 2005.

Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez.

“En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar”, dijo la JEP en un comunicado.

Por otra parte, a título de coautores fueron imputados el mayor José Pastor Ruiz Mahecha, oficial de inteligencia y de operaciones; el mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, comandante de batería y oficial de operaciones; el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y jefe de estado mayor; el sargento primero Efraín Andrade Perea, responsable de la sección segunda; el sargento primer Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia, y el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, comandante de batería y comandante del grupo especial Trueno.

La entidad añadió que “bajo esta misma forma de intervención delictiva fueron imputados el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero y el subteniente Elkin Leonardo Burgos Suárez, todos comandantes de pelotón; el cabo tercero Elkin Rojas, comandante de escuadra; el soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien hizo parte del pelotón Albardón 3, y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, que conformaron pelotones del batallón, en particular, de un grupo especial denominado Zarpazo.

La JEP asegura que “estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”.

Asimismo, asegura que el funcionamiento de la organización criminal partió de una “detallada división del trabajo” que se ejecutó reiteradamente y se adaptó “hasta permitir que, sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara”. La información disponible también permitió conocer que hubo simulación de combates y falsificación de documentos para consumar los delitos.

“En algunos casos condujo a la especialización de funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares. Es decir, para producir los falsos resultados operacionales instrumentalizaron los procedimientos de toma de decisiones militares, tanto en su planeación, ejecución como en las actividades de encubrimiento”, detalla la JEP en la nota de prensa.

Además de la Costa Caribe, las zonas de Catatumbo, Antioquia, Huila, Casanare y Meta son los lugares priorizados para investigar estos delitos.

La JEP confirma que se espera el pronunciamiento de otra decisión similar.

Patrones de “macrocriminalidad” y sus modalidades

Las investigaciones y contrastación de información de la jurisdicción también revelan que estos delitos se inscriben en dos patrones macrocriminales:

El primero: indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno.

“Estas acciones se dieron en el marco de una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares de la zona”, asegura el organismo.

En el segundo patrón se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas.

“Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte, debido a su marginalidad”, dice la JEP.

Para la Jurisdicción, “existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables".

El magistrado Óscar Parra constató que casi el 90 por ciento de los resultados bajo la comandancia del coronel Mejia fueron ilegales.

“El 87% de los resultados operacionales durante la comandancia del coronel Mejia fueron determinados por la Sala de Reconocimiento como asesinatos y desapariciones”, dijo.

El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, afirmó que "este fenómeno no corresponde simplemente a manzanas podridas, sino que corresponde a una organización criminal que permitió la fuerza pública en su interior".

La JEP estableció que en lo que se refiere a 'falsos positivos', por lo menos 6.402 personas 'fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate' entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).