La justicia transicional de Colombia estableció que hubo más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia estableció que por lo menos 6.402 personas “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”.

La JEP añadió que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta fueron los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03, denominado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'

El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos. En este contexto, los llamados 'falsos positivos' en Colombia no serían 2.248 como detalló la Fiscalía en su momento, sino más de 6.400.

“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”, remarcó un informe de la justicia transicional.

Según la JEP, las fuentes también coinciden en que el fenómeno "macrocriminal" cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

“Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 ‘de abajo hacia arriba’ la Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros”, apuntó la JEP.

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La sala de la JEP les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso 03 y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en dicho auto.