La pandemia dejó al descubierto la cara más vulnerable de los inmigrantes en Brasil

Por: Federico Cornali

La permanencia de un extranjero en Brasil puede convertirse en “irregular” si se extiende más allá del plazo legal permitido por el visado en su pasaporte, si atraviesa la frontera sin presentarse a la Policía Federal (PF) o si comienza a trabajar en el país sin autorización.

Según el último reporte del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBmigra), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2010 y 2018 fueron registrados más de 774.000 inmigrantes, la mayoría de ellos haitianos y venezolanos (el mismo observatorio destacó que en marzo, mes de inicio de la pandemia, ingresaron al país 12.870 inmigrantes).

Por otro lado, de acuerdo con la base de informaciones del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), en Brasil hay más de 58.000 refugiados, y 44.986 de ellos son venezolanos (casi un 77%). Detrás, en la lista que componen 94 países, vienen Senegal y Haití.

Históricamente, Brasil siempre fue el territorio destino de varios flujos migratorios, y eso no ha cambiado, aun con las últimas crisis políticas y económicas. Sin embargo, la pandemia por COVID-19, que lleva cerca de 5.000.000 de casos confirmados y más de 147.000 muertos en el país, dificulta aún más la situación de los extranjeros sin documentos, ya que los empleos escasean y aumentó la demora para obtener el Registro Nacional Migratorio.

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A pesar de las legislaciones específicas para refugiados e inmigrantes -Ley n° 9.474, del 22 de julio de 1997, para refugiados, y Ley n° 13.455, del 24 de mayo de 2017, para inmigrantes- no existen políticas públicas para contener a este sector de la población. Para sobrevivir al angustiante momento, los extranjeros en situación vulnerable buscan apoyo en asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, además de en vecinos o conocidos.

Muchos de los inmigrantes que ya llevaban un tiempo en Brasil vivían del trabajo informal, que prácticamente se detuvo con el avance del virus. La ayuda financiera de emergencia de 600 reales (106 dólares, según la cotización actual) que ofrece el Gobierno federal a los trabajadores golpeados por la crisis no está al alcance de la mayoría de los extranjeros “irregulares”, ya que solo es posible obtenerla mediante la presentación de documentos como el CPF (Registro de Personas Físicas, por sus siglas en portugués), RG (Cédula de Identidad) y cartera de trabajo.

“Con la pandemia, la empresa textil en la que trabajaba tuvo que parar la operación y nos quedamos en la calle. Como no pude regularizar mi situación en la Policía Federal, porque no daban cita, tampoco me dan la ayuda emergencial”, cuenta Raquel Mamaní, boliviana de 29 años, que vive con sus dos hijas y su marido en Brás, barrio ubicado en el centro de Sao Paulo, donde vive una enorme comunidad boliviana.

Si bien muchos de los extranjeros que están de forma irregular en el país tienen la intención de solucionar su situación, la sede de la Policía Federal, en Lapa, oeste paulista, donde se regularizan las situaciones de los inmigrantes, funcionó apenas para “urgencias” desde el comienzo de la pandemia, en marzo, hasta el 30 de julio, cuando volvieron a abrir la agenda para trámites de forma general. Sin embargo, no es fácil conseguir un turno de forma online, ya que las filas de espera suelen demorarse horas.

“Agendar una cita es muy difícil, y la Policía Federal solo funciona, para los extranjeros, en Lapa, lo que para muchos de los inmigrantes significa un viaje larguísimo y costoso”, dice Claudine Shindanne, periodista congoleña que se desempeña en el ala de regulación migratoria del Centro de Acogimiento y Pastoral del Migrante (Cami), una de las asociaciones que le da soporte a esta población en el centro paulista.

Desde la reapertura de la Policía Federal, a fines de julio, el Cami atendió a 500 personas que quieren regularizar su situación, tanto para migrantes como para quienes están en situación de refugio. Del total, un 52% aún no consiguió ser atendido por la PF, según datos del centro.

“La situación es desesperante y a la vez nada sorpresiva. Todos los días escuchamos relatos de inmigrantes que perdieron sus trabajos y, consecuentemente, su fuente de renta durante la pandemia. No es que sea exclusividad de los inmigrantes, sabemos que muchos brasileños también lo están sufriendo, pero los extranjeros en situación irregular están en una posición mucho más vulnerable e incierta, porque la aprobación de su permanencia en el país muchas veces depende de un vínculo laboral con una empresa”, dice Vanito Vieira, oriundo de Guinea-Bissau, país del oeste africano, que llegó a Brasil en 2012 y se instaló en Porto Alegre, Río Grande do Sul.

Si bien hay excepciones, la mayoría de los inmigrantes no consiguió el acceso a la ayuda financiera de emergencia que entrega el Gobierno debido a la falta de documentación. “Conozco muy pocos casos de personas que recibieron la primera y segunda cuota de la ayuda de 600 reales. Y quiero destacar que la Constitución Federal de 1988, en artículo 5°, les garantiza a los extranjeros igualdad plena de tratamiento con los nacionales”, explica Vieira, que tiene un doctorado en Psicología Social e Institucional de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y es miembro del Grupo de Asesoría a Inmigrantes y Refugiados (GAIRE) del Servicio de Asesoría Jurídica Universitaria.

“Me recorrí casi todas las agencias bancarias del centro de Sao Paulo para pedir el beneficio de los 600 reales, pero nunca obtuve respuestas y los pocos que me dijeron alguna cosa, me pidieron la cartera de trabajo firmada. No la tengo, nunca la tuve, porque trabajo de manera informal. La podría sacar ahora, pero está todo cerrado. Hasta presenté mi documento nacional, pero nada”, dice el paraguayo Rubén Alonso, quien desde su llegada a Brasil, en 2014, trabajó de camarero, ayudante de cocina y repartidor de comidas.

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Según la Defensoría Pública de la Unión (DPU), son varios los casos como el de Alonso, y van en contra de la ley. El organismo afirma que los extranjeros tienen derecho al beneficio y que los bancos no pueden negarles eso si la persona tiene CPF y al menos un documento con foto, que puede incluso haber sido emitido en otro país. “La asistencia social es un derecho que también les corresponde a los inmigrantes; de hecho, existe una norma del propio Banco Central que dice que pasaportes o cédulas de identidad de otros países deben ser aceptados por los bancos brasileños”, explica Joao Chaves, abogado defensor de la DPU.

“Exigirles la cartera de trabajo a los inmigrantes obstaculiza demasiado el proceso a la hora de recibir la ayuda económica porque, en general, ese es el último documento que reciben los extranjeros que llegan al país. Las agencias bancarias no crearon ni una sola regla sobre los documentos que los extranjeros tienen que presentar, pero aun así los dejan sin oportunidades”, agrega la antropóloga Marlise Rocha, especialista en asuntos migratorios.

Los datos ofrecidos por la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) sostienen que entre 2010 y 2018 fueron emitidas 305.796 carteras de trabajo para trabajadores migrantes dentro de Brasil; un 76,3% de ellas fueron entregadas a personas del continente americano.

Debido a la situación de angustia que viven los inmigrantes, sin documentos, sin trabajo y sin ingresos, varias organizaciones no gubernamentales realizan acciones solidarias, como cestas básicas, donaciones de ropas o mantas y productos de higiene personal, entre otras.

“Por no poder pagar el alquiler, muchas personas, inclusive familias enteras, fueron desalojadas de los hogares que habitaban y están pasando hambre. Con las cestas de alimentación y otros productos, intentamos ayudarles a pasar un mejor momento, pero la parte de la documentación no podemos resolverla: eso depende de la Policía Federal”, dice Isabel Torres, que también trabaja en el sector de regularización de la Cami, organización que entre marzo y julio entregó más de 5.000 cestas básicas entre los extranjeros en situación vulnerable.

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“La sociedad civil ha hecho un gran trabajo en esta cuestión y por eso es fundamental el apoyo de los gobiernos hacia estas instituciones, que sobreviven de donaciones, muchas veces enviadas por la comunidad internacional. Debemos seguir actuando de forma coordinada y rápida, porque el hambre no espera. Son acciones de emergencia que deben tomarse cuanto antes. Nosotros llevamos a cabo algunas de esas tareas en colaboración directa con otras organizaciones e iglesias”, dice Karin Wapechowski, coordinadora de proyectos del Servicio Jesuita para Refugiados.

Por su parte, la Policía Federal, ante las críticas de los inmigrantes y las asociaciones vinculadas, publicó un comunicado oficial explicando la situación de los turnos para trámites dedicados a los extranjeros. “Con el aumento progresivo de la circulación en la ciudad de Sao Paulo las solicitudes se fueron acumulando, por lo cual decidimos implementar el sistema de agenda online, poniendo a disposición 1.580 cupos por semana y cuidando del protocolo para resguardar la salud de todos, inmigrantes y trabajadores”, explica la carta pública de la PF.