Lideresa cocalera: "Detrás de cultivos de coca hay campesinos que ven una posibilidad de vida digna"

Por: Diego Carranza

Más de 230 mil familias campesinas, afro e indígenas de 17 departamentos de Colombia dependen del cultivo de hoja de coca como principal medio de sustento económico. Incluso, para muchas, “este trabajo significa una posibilidad de tener una vida digna”. 

Así lo aseguró en entrevista con la Agencia Anadolu Nidia Quintero, delegada nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Colombia, al respecto de la campaña ‘Rostros que siembran’, que se lanza este martes y que busca sensibilizar sobre las historias de quienes se dedican a dicha labor “debido a la falta de oportunidades económicas” y la poca o nula presencia estatal en varias zonas del país. 

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En el marco de la campaña, creada por la Coccam, financiada por la organización británica Christian Aid (CAID) y en alianza con el Colectivo de Abogados José́ Alvear Restrepo (Cajar), se publican dos informes que dan cuenta del papel de las mujeres y jóvenes en esta labor y sobre los retos para transformar economías de guerra en economías de paz.

El estudio sobre ‘El papel de las mujeres y jóvenes en la economía de la Pasta Base de Coca (PBC)’, señala que poner la mirada en la labor de estos grupos poblacionales en una “actividad económica que ha marcado el desarrollo de estas regiones, es dar un rostro y voz a dos actores fundamentales, que históricamente han sido invisibilizados, minimizados y desconocidos”.

Asimismo, identifica que tanto mujeres como jóvenes “son actores activos que no solo participan de actividades materiales, sino que, a pesar de las limitaciones impuestas, se piensan su territorio, analizan los beneficios y perjuicios de esta economía; proponen y participan de las alternativas a las dificultades identificadas”. 

Por ejemplo, Quintero indica que las mujeres que hacen parte de la Coccam han dicho que esta actividad “representa una oportunidad laboral y una autonomía económica frente a sus parejas”, al tiempo que les permite garantizar sus “gastos personales y en materia de educación, tanto para ellas y como para sus hijos”.

“Es un poco contradictorio, pero como los campesinos en estos territorios no tienen acceso a otras formas de trabajo, de producción y de comercialización, entonces este es el producto que garantiza esas condiciones”, añade.

Además, cuenta que la principal tarea que desarrollan las mujeres es “preparar los alimentos y llevarlos de la casa a la zona de campo donde está la gente trabajando”, o el apoyo y acompañamiento a sus compañeros o esposos en el tema de administración de los recursos o gestión del trabajo.

Sociedades comunitarias en medio del abandono estatal

De acuerdo a Alirio Uribe, integrante del Cajar, la indagación arrojó que los cultivos de hoja de coca “les dan estabilidad y sostenibilidad económica a estas familias” y que normalmente cada una puede tener un ingreso aproximado de dos salarios mínimos legales mensuales, es decir COP 1.755.600, cerca de USD 452,5.

Uribe también destaca que la investigación demostró que estas familias gastan su dinero casi en los mismos parámetros de lo que lo hacen las personas en las ciudades: “una buena parte, al menos el 50%, se gasta en educación, muchas pueden mandar a las capitales a estudiar en universidades públicas a jóvenes indígenas o campesinos; igualmente, son personas que también tienen que pagar su salud, transportarse desde las zonas inhóspitas donde viven a las cabeceras urbanas y pagar sus consultas, medicamentos, etc”.

“Además, la vida que tienen allí es muy comunitaria, porque en esas zonas no hay presencia del Estado, entonces las propias familias constituyen fondos sociales, tienen incluso peajes comunitarios para el mantenimiento de caminos y carreteras, en algunas escuelas rurales no hay profesores, por lo que hacen colectas en las veredas para pagar profesores…”, le dice a Anadolu.

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El vocero del Cajar revela que el estudio también permitió entender la permanente dependencia económica en esas zonas, pues donde viven “no hay producción agrícola viable” diferente a la coca por la falta de carreteras y servicios públicos u oportunidades laborales.

“Muchos tienen que caminar horas o ir por los ríos para sacar una carga de yuca, plátano o cualquier otro producto agrícola. Los costos de transporte son mayores al valor de venta de sus productos a diferencia de la hoja o pasta de coca, que se la compran en sus casas, en las zonas de acopio o se la pagan en las mismas áreas donde raspan la coca”, declara.

Tanto para Alirio Uribe como para Nidia Quintero, todas estas familias sin duda quieren y sueñan una realidad y un país distintos.

“Aunque producen alimentos para su consumo local, no tienen como insertarse en las economías del país. Están cansados de vivir en medio de esta guerra, expuestos a la violencia e hipotecados de alguna manera a las reglas de los grupos armados que controlan los territorios”, señala el vocero del Cajar.

Finalmente, Uribe asegura que es necesario “desmitificar las familias cocaleras (que) al final son como las nuestras, de clases medias y medias bajas en las ciudades”.

“No son narcos”, dice el jurista, manifestando que el gran desafío que enfrentan actualmente en Colombia es encontrar la manera para transitar de esas economías de guerra (coca, minería ilegal, etc.) a “economías de paz, producción agrícola y desarrollo rural integral”, algo que solo es posible cumpliendo a cabalidad con los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Implementación del Acuerdo de Paz

Justamente esta es la principal conclusión del segundo informe titulado, ‘Proyecto María Caicedo. Desarrollo de mercados inclusivos para construir paz en Colombia’.

El documento asegura que mientras sigan existiendo las causas estructurales de pobreza y marginación y las condiciones de la guerra, “se mantendrán las condiciones necesarias para el desarrollo de una economía ilegal” y las economías legales no se establecerán en un mercado viable para las comunidades campesinas. 

“Los esfuerzos para mejorar las cadenas de valor no serán escalables ni replicables, ya que los efectos a corto plazo se verán contrarrestados por los efectos a largo plazo de las causas estructurales de la pobreza y la marginación”, concluye el texto.

Aunque el primer estudio expone los aspectos positivos de visibilizar el papel de mujeres y jóvenes en este campo, también deja claros los efectos negativos en la población de la economía alrededor de la pasta base de coca, como por ejemplo, trabajo de niños desde la temprana edad, incluso desde 8 años en algunos casos; deserción escolar a temprana edad; esclavización; crecimiento de la cultura cocalera; generación de violencia; estigmatización y criminalización del campesino cocalero y sus territorios.

Tambien se enfentan a un permanente riesgo de ser judicializados y asesinados; riesgo de vinculación a grupos armados y de narcotráfico; generación de espacios para el consumo de alcohol y drogas; y riesgos económicos y amenazas a la salud por las fumigaciones aéreas; exposición a gases y químicos precursores que pueden generar enfermedades como el cáncer y malformaciones en los recién nacidos, afectaciones a la salud por desarrollar actividades sin protección en el manejo del cultivo con uso de agroquímicos, entre otros.

Con el acuerdo de paz firmado en 2016, más de 99 mil familias se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos de uso ilícito con la esperanza de cambiar de vida. Sin embargo, casi tres años y medio después, Arnobi Zapata, delegado nacional de la Coccam, lamenta que “la implementación del Acuerdo no avanza y las esperanzas de cambio de las familias que ingresaron, quedaron truncadas, pues se quedaron sin sostén económico debido a que aún no llegan alternativas productivas”.

Además, señala que tras haber apostado a la sustitución, “sacrificando sus medios de sustento”, estas familias quedaron en la mira de los actores armados que defienden sus intereses económicos. A la fecha, según datos de la Coccam, 58 de sus integrantes han sido asesinados por tratar de transformar la realidad de sus territorios.