Ministra venezolana evadió responsabilidad en tragedia carcelaria
Políticos de oposición y miembros de ONG insisten en responsabilizar a Iris Varela por la segunda peor tragedia carcelaria en la historia del país, que dejó 68 muertos y casi 100 heridos.

CARACAS, Venezuela
El silencio de la ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela finalmente acabó. A cinco días de la segunda tragedia carcelaria con más muertos en la historia del país –casi 70–, Iris Varela manifestó este lunes 2 de abril que lo ocurrido en los calabozos policiales del estado Carabobo no es competencia de su despacho, sino de la policía regional.
En declaraciones a la Agencia Anadolu, voceros de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y defensores de derechos humanos rechazaron las tardías declaraciones de Varela e insistieron en responsabilizarla por los hechos, que además dejaron casi cien heridos.
Se basan en documentos legales que le dan a su ministerio la competencia de resguardar los derechos humanos y las condiciones de vida de los privados de libertad, sin distinguir entre procesados y condenados. Y se refieren, también, a una realidad previamente denunciada de hacinamiento en las comisarías del país, lo que conduce a otros males.
“El colapso del sistema penitenciario es lo que hace tan vulnerables a los calabozos”, sintetizó el diputado opositor Juan Miguel Mattheus.
Es lo que desde hace mucho ha advertido el coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad (UVAL), Carlos Nieto Palma, quien en una entrevista con la Agencia Anadolu recordó: “Los calabozos están hacinados porque ella (Varela) ha provocado ese hacinamiento al no permitir que (los detenidos) vayan a las cárceles que son de ellos (del Ministerio para el Servicio Penitenciario)”.
Nieto Palma se refiere al retraso en la asignación de cupos para trasladar a los detenidos a los centros carcelarios, una modalidad que impuso Varela.
El coordinador de UVAL recordó que cuando el Ministerio para el Servicio Penitenciario se creó, en 2011, Varela habló de construir un recinto carcelario para procesados, en cada estado del país. “No hizo ni uno”, acotó el coordinador de UVAL, quien aseguró que esto hubiera podido haber evitado incidentes como el del miércoles 28 de marzo, en la comisaría de Carabobo.
Los hechos
El intercambio de disparos comenzó poco después de que se asomara el sol el miércoles santo. Presos y uniformados forcejeaban en los calabozos de la Policía de Carabobo.
El sitio de detención preventiva está diseñado para mantener hasta 35 privados de libertad, durante un máximo de 48 horas, hasta que sean trasladados a su centro de reclusión final. Sin embargo, esa mañana, en los calabozos de PoliCarabobo había 273 presos, con algunos visitantes.
De acuerdo con la versión que compartió Nieto Palma con la Agencia Anadolu, los detenidos intentaron secuestrar a dos policías, pero no pudieron quitarles sus armas y estos lograron salir. Los presos prendieron fuego a unos colchones, con la intención de que les abrieran las rejas. Esto nunca sucedió.
Casi un cuarto de los detenidos que estaba en el lugar perdió la vida. A los 66 presos se sumaron dos mujeres que estaban de visita. Los cuerpos de los 68 fallecidos fueron arrojados en el patio de la sede de la policía regional. Cuatro de ellos estaban “achicharrados”, otros tenían quemaduras más leves pero igualmente graves. La inmensa mayoría –80%, según Nieto Palma– murió por asfixia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la cifra de muertos el mismo miércoles pero no ofreció una versión oficial de lo sucedido.
Para este domingo 1º de abril, siete de los cuerpos –entre ellos los de las dos mujeres– no habían sido reclamados por familiares. Según pudo conocer la Agencia Anadolu, los mismos serán ubicados en fosas comunes. La mayoría de los cadáveres reconocidos fueron enterrados, uno al lado del otro, en el cementerio municipal de la ciudad de Valencia, en Carabobo, el pasado viernes 30 de marzo.
Ese mismo día, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que solicitaba al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar las causas del hecho y sus responsables.
Pocas horas después, el sábado, Saab informó vía Twitter que la fiscalía había dictado órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios de la Policía de Carabobo, “indiciados de ser responsables” de los hechos, entre ellos el subdirector.
Aunque desde la oposición venezolana y distintos sectores se ha hablado de esta como una “masacre”, Nieto Palma insiste en que con la información que se maneja hasta el momento, no se puede catalogar como tal.
“Yo creo que fue un motín que desencadenó en hechos trágicos por negligencia de los policías, que los dejaron (a los privados de libertad) encerrados (en los calabozos) y se asfixiaron”, explicó Nieto Palma a la Agencia Anadolu.
Pese a que han circulado versiones de familiares y sobrevivientes que apuntan a que a las víctimas les dispararon y luego les rociaron gasolina y prendieron fuego, Nieto Palma sostiene que hasta el momento no hay personas con tiros ni indicios de que hayan rociado combustible en el lugar.
¿El mejor o el peor?
Mientras Varela insistió este lunes 2 de abril, después de una rueda de prensa que ofreció Mattheus para referirse a los hechos, que Venezuela tenía “el mejor sistema penitenciario del mundo”, el parlamentario opositor aseguró que era el peor.
En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ocho pronunciamientos sobre la crisis del sistema penitenciario en Venezuela.
“La responsabilidad internacional de los Estados se agrava cuando, habiendo sido advertido por un organismo del sistema internacional de protección, omite adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló el diputado Mattheus.
Según cifras del político opositor, desde que el chavismo se instauró en Venezuela, en 1999, ha habido 15 incidentes en cárceles venezolanas, con un saldo de 388 fallecidos.
Sin embargo, aunque hay quienes se han referido a esta como la peor tragedia carcelaria en la historia del país, Nieto Palma insiste en que es la segunda con más muertos, después de una acaecida en el estado Zulia –limítrofe con Colombia–, en 1994, que dejó más de cien fallecidos.
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