La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió realizar investigaciones “independientes, imparciales y transparentes” por la respuesta estatal durante los 11 días de protesta que vivió Ecuador a inicios de octubre.

Una misión de la Oacnudh visitó Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre, por invitación del Gobierno, para recopilar información sobre lo ocurrido del 3 al 13 de octubre, días en los que al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, incluidos 435 miembros de las fuerzas de seguridad.

El equipo de la Oficina realizó entrevistas con funcionarios gubernamentales de alto nivel, representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios, así como con testigos y víctimas de la violencia. 

Al divulgar los hallazgos de dicha misión, la alta comisionada Michelle Bachelet dijo este viernes que los disturbios tuvieron un alto costo humano.

“Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, subrayó.

Por ello, pidió indagar acerca de las denuncias de “violaciones a los derechos humanos y abusos –incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias– y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones”.

Además, recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales. 

La ONU reconoció que algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y que varias personas sin identificar han sido acusadas de “incitar y ejercer actos violentos”.

“Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento", añadió la ONU. 

Según datos gubernamentales, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.

También mencionó que la sociedad civil, por su parte, reportó más de 100 agresiones a periodistas, tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes, e indicó que fue cortada la señal de algunos medios de comunicación.

Ante ello, la comisionada hizo un llamado a las autoridades a abstenerse de hacer declaraciones o emprender acciones que estigmaticen a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para “evitar exponerlos a riesgos adicionales”. 

Finalmente, respecto a la crisis, la Oacnudh le recomendó al Gobierno ecuatoriano que promueva una estrategia de participación de “todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque esta sea implementada”.

Bachelet aseguró que la “discriminación histórica y persistente” contra los pueblos indígenas constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales, al tiempo que destacó la necesidad de que el Gobierno reconozca y aborde este problema con eficacia. 

“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró.