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ONU: faltan avances en casos de desaparecidos de la dictadura panameña

Expertos de la ONU revisaron el cuarto informe periódico de Panamá sobre la tortura. Lamentaron que se haya presentado 16 años después.

Diego Carranza  | 11.08.2017 - Actualızacıón : 12.08.2017
ONU: faltan avances en casos de desaparecidos de la dictadura panameña Foto: Ministerio del Desarrollo Social de Panamá.

Bogotá

La Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité para la Tortura expresó su preocupación por la falta de avances significativos en los casos de personas desaparecidas durante la dictadura militar de Panamá, que inició el 11 de octubre de 1968 y se extendió hasta enero de 1990.

“El Comité observa con preocupación la falta de avances significativos en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar”, señaló un informe publicado por la ONU.

El Comité agradeció información presentada sobre indemnizaciones en los casos de Ricardo Baena, Heliodoro Portugal y Rita Wald, pero lamentó no haber recibido información completa sobre las medidas de reparación e indemnización dictadas por los tribunales u otros órganos del Estado, desde el examen del informe anterior en favor de familiares de personas desaparecidas.

En el informe, el Comité le exigió al Estado panameño adoptar medidas para que se lleven a cabo investigaciones “eficaces e imparciales” en todos los casos pendientes de presuntas desapariciones forzadas. También le instó a que se enjuicie y sancione a los autores, y se indemnice a los familiares de las víctimas.

Los casos Baena, Portugal y Wald

El caso de Baena está relacionado con los 270 funcionarios públicos destituidos en diciembre de 1990 por el Gobierno de Guillermo Endara. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en el 2001 que Panamá debía pagar a los trabajadores los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales correspondientes. Las indemnizaciones por estos casos alcanzaron los USD 21.9 millones.

Heliodoro Portugal fue un dirigente simpatizante del izquierdista Movimiento de Unidad Revolucionaria que fue secuestrado el 14 de mayo de 1970. El Estado panameño tuvo que responder por su desaparición forzada y ejecución extrajudicial en julio del mismo año. La CorteIDH emitió una sentencia económica el 12 de agosto de 2008 por USD 256.000.

Rita Wald era dirigente estudiantil y fue vista por última vez en marzo de 1977 cuando cursaba sexto año en el colegio José Remón Cantera. El 14 de marzo de 2017 Panamá pidió perdón público por la desaparición forzada de Rita. El Estado y la familia Wald llegaron a un acuerdo económico en octubre de 2011 por valor USD 631.000.

Otras preocupaciones de la ONU

Los expertos de la ONU también lamentaron que Panamá no haya proporcionado datos precisos sobre procesos judiciales y procedimientos disciplinarios abiertos por tortura o malos tratos, desde la consideración del anterior informe periódico, en 1998.

Entre 1995 y 2016 se dictaron cuatro sentencias condenatorias por actos relacionados; una está en apelación.

Les inquieta igualmente el que no se hayan indicado aún las razones que motivaron la suspensión temporal de seis investigaciones penales por tortura y malos tratos, ni el número de investigaciones de oficio abiertas por presuntos estos mismos delitos durante el periodo examinado.

El Comité instó al Estado panameño a garantizar que todas las denuncias por estos casos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un mecanismo independiente, a que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido tortura o malos tratos y a enjuiciar debidamente a los presuntos autores con penas acordes con la gravedad de sus actos.

Otros motivos de gran preocupación para los expertos son las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas en rechazo a las operaciones mineras y la explotación hidroeléctrica en la comarca indígena Ngäbe-Bugle; el alto grado de hacinamiento y las condiciones inadecuadas de reclusión en las cárceles; así como la violencia y el ingreso y contrabando de armas de fuego en los centros penitenciarios del país, entre otros. 

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