Rechazo a Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de Nicaragua
Según la ONU, esta propuesta imposibilitaría procesar a personas responsables de graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante las protestas.
Entierro de Matt Andrés Romero, un joven nicaragüense de 16 años quien falleció el pasado 23 de septiembre luego de recibir un disparo durante una manifestación en contra del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua. (Wilfredo Miranda Aburto - Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
Organizaciones nicaragüenses y organismos internacionales de derechos humanos rechazaron la Ley de Amnistía presentada por el gobierno de Daniel Ortega y aprobada en la víspera por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.
La propuesta oficialista, que fue presentada ante el parlamento 24 horas antes, contempla absolver a quienes han cometido delitos desde el inicio de las protestas antigubernamentales, el 18 de abril de 2018.
Varios sectores de la oposición en el país rechazaron la decisión. La Unidad Nacional Azul y Blanco calificó la ley como una “ofensa para las víctimas de la represión” y dijo que “constituye, al mismo tiempo, una confesión del régimen de su conducta criminal y de su culpabilidad frente a la represión y muerte”.
El grupo Acción Penal, que está integrado en su mayoría por abogados de los denominados presos políticos, afirmó que aunque la aprobación de la iniciativa es legal, no es legítima, puesto que se dio de “manera unilateral y sin las consultas necesarias con los sectores sociales interesados, dada la trascendencia y relevancia” del proyecto.
Explicó además, en un pronunciamiento, que el texto “genera impunidad”, puesto que plantea absolver a personas que no han sido investigadas y que los opositores detenidos quedan obligados de "abstenerse de ejercer derechos y garantías individuales y colectivas establecidas en la Constitución Política".
La Asociación de Madres de Abril (AMA), que agrupa familiares de personas asesinadas por la represión del gobierno, anunció que impondrá acciones legales contra la ley, pues se traduce en impunidad en los asesinatos de sus hijos, hermanos y otros familiares.
La presidenta de AMA, Francys Valdivia, confirmó que este lunes la organización presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que el país “debe rechazar” la iniciativa.
“Aunque dice que ‘exceptúa’ a los ‘delitos regulados en tratados internacionales’, no se establece ningún procedimiento serio para excluirlos. El propósito es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, dijo Vivanco en un mensaje en Twitter.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó desde el viernes acerca de la ley de amnistía y la “falta de reparación a las víctimas”.
En un comunicado, la comisionada manifestó su preocupación por la adopción de la ley, al señalar que “podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos” por delitos que van desde el uso desproporcionado de la fuerza, hasta ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, o detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas.
Según el organismo internacional, las protestas contra el oficialismo han dejado más de 300 personas muertas, 2.000 heridas, cientos de encarcelados y 700 procesados.
“El Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, añadió.
Según detalla la prensa local, la Ley de Amnistía que fue aprobada como una “excusa jurídica” para liberar a todos los presos políticos, también amenaza con volverlos a encarcelar si protestan nuevamente.
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