Termina el mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala

Tras 12 años de actividad, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llegará al final de su mandato este tres de septiembre.

Durante el tiempo que duró, la CICIG, con el apoyo del Ministerio Público de Guatemala, consiguió acusar a más de 1500 personas, procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.

“Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana. Que la lucha contra la corrupción sí era posible, que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quien sea la persona a la que se esté investigando, cuál sea su poder político o económico o su prestancia en la sociedad”, afirmó Iván Velásquez, máximo responsable de la Cicig desde el 2013.

El caso más famoso que trató la Comisión fue el denominado “La Línea” que se inició el 2015 y en el que se vieron implicados el expresidente del país Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina renunció a la presidencia en septiembre de ese mismo año y posteriormente fue encarcelado y procesado por delitos de corrupción.

La Cicig llegó a su fin luego de que el presidente del país, Jimmy Morales, enviara una carta al Secretario General de las Naciones Unidas informándole su intención de no renovar el mandato de la Comisión.

La decisión tomó por sorpresa al Comisionado Velásquez. “No era esperable, por inusual, que apenas a la mitad del mandato de los dos años se estuviera anunciando que ya no se renovaba”, dijo Velásquez en una entrevista con la ONU.

El presidente Morales tomó la decisión luego de que la Cicig lo vinculara en investigaciones en su contra que también vinculaban a miembros de su familia. “Cuando, el 27 de agosto de 2017, me declaró persona no grata fue justamente dos días después de que se presentara un antejuicio en su contra”, recordó Velásquez.

Cuando estaban por llamar al presidente a otro antejuicio por financiamiento electoral ilícito, hizo pública la decisión de la continuación de la Cicig. Velásquez recuerda la manera como el presidente anunció la decisión: en una alocución pública respaldado por varias decenas de militares “como en una demostración de fuerza”. Al mismo tiempo, al frente de la sede de la CICIG había vehículos militares artillados, según narró el comisionado. “Luego, 3 o 4 días después, me prohibió el ingreso al país de manera que durante todo este año estuve (trabajando desde) fuera de Guatemala”.

La Corte Constitucional de Guatemala emitió un fallo que dejaba sin efecto la decisión del presidente. Además, lo acusaba de ser un peligro para la seguridad nacional. Sin embargo, Morales mantuvo la disposición.

En agosto los guatemaltecos eligieron a Alejandro Giammattei quien reemplazará a Jimmy Morales, quien termina su mandato a finales de 2019. Velásquez se mostró esperanzado en que Guatemala alcance un estado de derecho libre de corrupción, pero señaló que tiene importantes retos. “En el presente inmediato del país la situación es muy delicada. El acrecentamiento de la actividad del narcotráfico debe generar una gran preocupación a las autoridades, a los sectores de influencia del país, a los empresarios y a la ciudadanía en su conjunto”, explicó el comisionado.

A pesar de esto, Velásquez resaltó que en el país “se han producido avances”. “Lo que ocurre es que ahora con esta oleada regresiva de impunidad que se logró establecer en el país en los dos últimos años hay mucha preocupación, pero también hay avances de las organizaciones de la sociedad civil que se han ido conformando a partir de las manifestaciones del año 2015”.

Para Velásquez, la conciencia que han cobrado los estudiantes y la participación de las poblaciones son la esperanza para el futuro del país.

“Ese conjunto de actores de la sociedad finalmente van a lograr recuperar al país para todos…y es mi esperanza que todo el sacrificio que hemos hecho durante estos años acompañando a Guatemala a tratar de resurgir no se pierdan y, por el contrario, se transformen en más acciones de construcción de democracia, de Estado de derecho, que es lo que se requiere para una vida en dignidad como se merecen todos los guatemaltecos y guatemaltecas”, concluyó el comisionado.