Tras la firma del proceso de paz aumentó la violencia en Colombia

Un informe del Consejo Noruego de Refugiados (NRC) en Colombia indicó que en 2017 se incrementó en un 17% el ataque a las comunidades civiles en el Pacífico colombiano. El aumento de las arremetidas es consecuencia de la desmovilización de las Farc, grupo armado que controlaba la criminalidad en esta región del país.

La ONG noruega afirmó que los nuevos ataques contra la comunidad civil fueron ejecutados por el ELN, disidentes de las Farc y grupos paramilitares.

"Todo apunta a que la desmovilización de las Farc exacerbó la violencia en la mayoría de los municipios del Pacífico y en el Catatumbo (frontera con Venezuela). Hay una incertidumbre muy grande, aunque se debe entender que no pasa en todo Colombia", advirtió a la Agencia Anadolu el director en Colombia del Consejo Noruego de Refugiados, Christian Visnes.

La región del Pacífico, particularmente el departamento del Chocó, se convirtió en campo de batalla entre el ELN y otros grupos armados. En Nariño, algunas áreas se han vuelto trincheras del ELN, grupos paramilitares y los disidentes de las FARC. Así mismo, a lo largo de la frontera con Venezuela, la lucha por el control de los negocios ilícitos continúa poniendo en riesgo a los habitantes de estas zonas, agregó un comunicado de la ONG noruega.

Los indígenas y afrocolombianos del Pacífico son los más afectados. De acuerdo con el informe, siete de cada diez desplazamientos en el 2017 se han presentado en territorios donde hay presencia de estas comunidades.

La Organización de las Naciones Unidas estima que, para finales de este año, unas 140.000 personas serán desplazadas por el conflicto armado en Colombia. El departamento de Nariño presentó 12 desplazamientos masivos. Esta cifra se incrementó un 36% comparada con el mismo período de 2016.

“La realidad para muchos colombianos contrasta con la imagen positiva del acuerdo de paz. La inseguridad está afectando el posconflicto”, apuntó Visnes.

El NRC también expresó su preocupación por los asesinatos a líderes comunitarios en 2017. Según la agencia de refugiados de la ONU (Acnur), este año se reportaron más de 78 muertes violentas a miembros de organizaciones sociales.

Respecto a esta crisis, Visnes explicó que “en Tumaco hay 13 líderes sociales desplazados por la desprotección del Gobierno. El verdadero problema del Estado es la lentitud en la reacción a esta violencia, aunque hay que decir que en cada transición de un conflicto armado hay picos en el aumento de la violencia", explicó.

Tras el asesinato del gobernador del pueblo indígena Catrú, un líder de la comunidad le aseguró a miembros del NRC que “la paz debe conducir a la justicia social, permitiéndonos vivir y gobernar la tierra de nuestros antepasados sin miedo".

En ese sentido, el informe de la ONG subrayó que para mejorar la situación de seguridad en estas regiones de Colombia, el Gobierno debe garantizar la presencia del Estado y aceptar los derechos de las víctimas.

"Hay una ventana de oportunidad para actuar y marcar una diferencia real para el futuro de Colombia; sin embargo, esta ventana no permanecerá abierta por mucho tiempo. La paz debe consolidarse, el país no puede permitir que este histórico logro se ponga en peligro", concluyó el director en Colombia del Consejo Noruego de Refugiados.